08 de agosto de 2020
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EDICIÓN VERANO
Patio de columnas

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José Antonio Soler

Defensa de la privacidad y el uso de datos del teléfono móvil

Con la puesta en marcha por parte del Gobierno de una aplicación informática que permite ubicar al usuario a los solos efectos de verificar que se encuentra en la Comunidad Autónoma en que declara estar, según la Orden del Ministerio de Sanidad de 27 de marzo, para facilitar la lucha contra el Coronavirus, los ciudadanos hemos abierto las puertas de nuestra privacidad, permitiéndole saber dónde estamos en cada momento.

Además, ha encargado un estudio de la movilidad aplicada a la crisis sanitaria que, combinando la información obtenida de la aplicación y la que les faciliten los principales operadores de telefonía, se podrá analizar cuáles han sido nuestros movimientos en los días anteriores y en los del confinamiento.

Estas medidas gubernamentales se traducen en un aumento de control a los ciudadanos, pues, aparte de que el confinamiento al que estamos sometidos afecta de manera considerable a nuestra libertad de movimiento, se están controlando los desplazamientos mediante un acceso no consentido a nuestros teléfonos móviles. Es decir, que, por un lado, nos obligan a estar recluidos en nuestras casas y por otro, están observando de manera remota nuestros movimientos, para estudiarlos y analizarlos.

Es una máxima constatada que, a mayor miedo de las personas, más dispuestas están a ceder parte de su libertad personal. Parece ser que se esta ha sido la inspiración de nuestro Ejecutivo a la hora de implantar estas medidas restrictivas de derechos fundamentales, más propias del Estado de Excepción, como la libertad de las comunicaciones y la libertad de movimiento. No obstante, hay que preguntarse hasta qué punto estas medidas son legales.

El Estado de Alarma en el que nos encontramos permite a los gobernantes recurrir a determinadas medidas extraordinarias como limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos o practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias. No obstante, no autoriza al Gobierno a la intervención de nuestras comunicaciones, ni a realizar estudios de seguimiento de desplazamiento.

Es más, a este respecto, el Tribunal Constitucional ha manifestado que la injerencia en el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones “deberá hallarse fundamentada en la ley, la cual habrá de expresar todos y cada uno de los presupuestos y condiciones de la intervención, lo que requiere en este caso una ley de singular precisión”, y que “la medida controvertida intervención de las comunicaciones adoptadas por las autoridades debe estar basada en la legislación aplicable del Estado, que ha de poseer las cualidades de disponibilidad y previsibilidad para las personas destinatarias, y también que no son de recibo interpretaciones analógicas”.

Lo que el alto Tribunal quiere decir es que, para limitar derechos fundamentales como la intervención de las comunicaciones, se ha de contar con una ley que lo regule de manera expresa.

No se trata de valorar si las medidas adoptadas por el Ejecutivo están justificadas o no, - el elevado número de fallecidos, las miles de personas contagiadas por esta enfermedad, así como el esfuerzo requerido para detener esta pandemia hacen necesario el empleo de medios y disposiciones extraordinarias - sino del modo en el que lo está llevando a cabo, y este no es el establecido por la Ley para este supuesto.

Como es sabido, para adoptar medidas restrictivas de derechos fundamentales, se precisa la declaración del Estado de Excepción, que, dadas las dramáticas circunstancias que está atravesando España, estaría perfectamente justificado. Pero, para ello se requiere la autorización del Congreso de los Diputados y el sometimiento al control parlamentario que ello conlleva.

Nos hallamos, pues, ante una posible extralimitación de atribución de competencias del Gobierno que, previsiblemente provocará no pocas reclamaciones ante los Juzgados y Tribunales.

José Antonio Soler Martínez

Doctor en Derecho 

El Cierre Digital no se hace responsable de las opiniones vertidas en esta sección que se hacen a título particular.

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