28 de marzo de 2024
|
Buscar
FIN DE SEMANA
Patio de columnas

Patio de columnas

Juan Pérez de Mungía

Yo o el Doctor Khaos

Que alguien se levante en "armas" contra los ciudadanos que dice representar no es un hecho tan extraño como pudiera parecer. Los casos son innumerables, desde los dictadores Hitler y Mussolini aupados por las urnas, hasta el caso mas reciente de Maduro, y, en perspectiva, algunos de los autócratas insurgentes de Europa. La justicia penal busca reparar el daño y restaurar el orden social, privándose a sí misma de lo que en el pasado fue moneda común, la pena de muerte. Hoy la privación de libertad, la inhabilitación institucional y el castigo patrimonial suplen aquella; la violencia no requiere empuñar armas. Elija si no entre un virus letal y un disparo. En esa lógica del equilibrio se mueve la justicia penal, entre el daño presente y el daño futuro. Hitler, Mussolini, y Maduro no habrían existido de haberse aplicado la justicia en origen. La ley es un libro escrito que no predice el futuro del delito y su aplicación es limitada porque la casuística del delito es tan inmensa como la especie humana. El delito es infinito y la justicia limitada.

En este momento histórico la tecnología permite aplicar la ley sobre todas y cada una de las decisiones de un ser humano. El control social del comportamiento es esencial porque la libertad no es un derecho absoluto que permita imponer la conducta individual y privada a la sociedad entera sacrificando la seguridad, la riqueza y el bienestar de todos. La sociedad se debate en un dualismo ético que se mueve entre la utilidad social y la libertad individual. Tal vez podría ser práctico legalizar la marihuana en aras de la libertad individual, del derecho a autodestruirse de cada ciudadano sea cambiando de sexo o practicando conductas de riesgo, sea consumiendo cualquier clase de estupefacientes, o sea practicando la eutanasia. El titular del derecho a la vida puede renunciar a ella. El titular del derecho a su integridad personal, física y psíquica puede renunciar a ella. Si este extremo prevaleciera parece obvio que se sacrificaría de forma absoluta la libertad de todos. Cada cual amenaza a su manera la libertad de todos. De ahí, que el fumador de la marihuana legalizada debería estar expuesto a que se le negara un empleo, y a ser castigado patrimonialmente o con privación de libertad en cuanto su conducta fuera origen de cualquier delito imprudente o doloso. Hay que juzgar la conducta por sus consecuencias, no por sus intenciones.

En los trenes de Shanghái se advierte por megafonía sobre el riesgo de una conducta antisocial y así dice “Queridos pasajeros, aquellos que viajen sin billete, que se comporten desordenadamente o que fumen en lugares públicos serán castigados de acuerdo con las reglas y su comportamiento quedará registrado en el sistema de créditos de información individual.” En China las personas nacen con un crédito social asociado al crédito de sus padres y en el caso de una familia de miembros con una conducta antisocial, los hijos pierden oportunidades para su desarrollo. No puede esperarse que el hijo de un mafioso presente la conducta deseable a menos que exista un poder externo que cambie su destino. Cada generación paga el mérito o la ruina de sus padres. El control de la población es necesario para que la sociedad no dilapide recursos escasos en favor de aquellos que se comportan de forma antisocial. Millones de cámaras controlan todos los movimientos, los teléfonos y relojes inteligentes de hoy darán paso a los dispositivos de radiofrecuencia insertados al nacer para tener un control exacto de las conductas de la población y un sistema de identificación exacto de cada individuo evitará el fraude social. La paradoja es que el control de la conducta individual acrecienta el papel de la violencia de masas incontrolables. El principio jurídico de personalidad de la pena es un límite infranqueable que debe ser franqueado, agregando la conducta individual. Este es también el origen de la delincuencia catalana que construye día a día los episodios de una guerra civil sin cuartel. Sin armas, o con las armas en reserva de la policía catalana, pero con toda la violencia necesaria para intimidar a las personas libres.

El terror de la cultura occidental a ser supervisado choca de frente con el riesgo social que supone no supervisar la conducta individual, más aún si deriva en conducta colectiva o gregaria. Los recientes ataques a la policía francesa concertados por redes sociales, las protestas callejeras islamistas en Londres, la quema de coches en Estrasburgo, la manada de violadores, la tribu de grafiteros destruyendo capital de todos, la ocupación del espacio público para realizar actos de sabotaje social, la ocupación del espacio con lazos amarillos, la microviolencia de la quema de contenedores o de vehículos, la banda de aluniceros, la rotura anónima de escaparates, el volcado de vehículos, los ataques a la policía, el inadmisible rechazo del discrepante o del diferente, son actos colectivos que deben individualizarse para ser castigados. Forman parte de un manual de la subversión. ¿Son, acaso, estas expresiones el resultado de una decisión individual?

La justicia parece que no pueda actuar en Fuenteovejuna. De ahí que busque a los responsables que determinan que un grupo social se comporte colectivamente como una única persona. Los actos de sabotaje que desde el poder institucional se han alzado en Cataluña no son resultado de una suerte de conducta espontánea y emergente. Las ha movido el poder institucional con una conducta de sabotaje convertida en conducta colectiva, con su capacidad para comprar voluntades y suscitar consensos imaginarios. Es un tipo de violencia máxima, la máxima imaginable, la asociación mafiosa para delinquir. Una forma de huida hacia adelante para ocultar el expolio a sus conciudadanos. La justicia no se propone enjuiciar a sus responsables máximos, a Puigdemont y Junqueras, la justicia se propone enjuiciar en las personas la conducta de un presidente y un vicepresidente de la Generalidad delincuentes hasta donde el silencio de la ley les permitió ejercer. En el límite, igual que se ilegaliza a un partido, o es ilegal una banda de mafiosos por asociación ilícita, la Generalidad entera debería ser castigada con su ilegalización si creyéramos que no tiene sus responsables. Se trata de castigar absolutamente a los líderes del proceso catalán, para que sea posible la supervivencia de la Generalidad. ¿No hubiera sido mejor sacrificar a Hitler en el atentado que no tuvo lugar en Varsovia, que a todo un pueblo europeo? ¿Alguien cree de verdad que el pulso individual no tiene huella en la historia, y cree en el mito marxista del pueblo unificado y tenaz?

Se discute sobre la existencia de violencia, para juzgar si es rebelión o sedición y no se habla del daño social que afecta al orden y bienestar social de todos. En China y EE. UU., Junqueras habría sido fusilado sin más contemplaciones, y Azaña ya castigó a Companys porque no es la violencia efectiva que se prodiga en armas, es la violencia social y la violencia potencial que puede llegar a existir por la conducta de un individuo que invita a una masa de personas a un comportamiento antisocial, subvirtiendo el orden constitucional que es el libro que garantiza la libertad de todos. Como en la dinámica de fluidos es fácil crear caos y difícil recuperar el equilibrio. Y hace falta mas fuerza para el desalojo de un poder, que para constituirlo. Es el resultado de una lucha desigual en la que un arma con un coste mínimo puede destruir un capital mil veces mayor, la lógica de la granada y el carro de combate, de una bomba atómica y una ciudad. El caos es inarmónico y afecta a todos los niveles de la sociedad. Lo que se juzga es la posibilidad de crear un Estado al margen del Estado, pasar del equilibrio al caos social, oponer unos a otros en un mundo que se dirige a una forma de Estado mundial.

La justicia debería ser previsora para determinar si existe posibilidad de delito antes de que se realice pero no es función de la justicia anticipar la conducta antisocial, sino de la Policia y de los órganos competentes de inteligencia del Estado y del gobierno en el cargo prevenir e impedir el delito. El gobierno de Rajoy fue remiso a aplicar la justicia, y el consentimiento y cesión del gobierno actual al golpismo catalán, un delito de alta traición. Una política laxa ha alumbrado una política destructiva. Se negoció con el padre del golpismo, se confió en Pujol y se permitió la subversión social permitiendo una política autonómica que garantizaba la desigualdad social entre las diferentes regiones de España. Se alimentó el separatismo desde la justicia creando leyes que permitían la injusticia social y separando las decisiones que afectaban a un territorio para que no tuvieran efecto en el mismo. Se ha destruido la unidad de mercado, y se han dividido pueblos y territorios. No se trata, pues, de castigar la amenaza o la acción destructiva de los líderes de un poder del Estado que convoca a la subversión, se trata de restaurar la legalidad, de restaurar la justicia social. De ninguna manera puede aceptarse que las consignas beatíficas del Doctor Khaos se imponga, y que se indulte por anticipado al mafioso vestido de oveja.

En una guerra civil se sacrificó una generación entera. En la guerra mundial se sacrificaron millones de muertos por nuestro bienestar frente a la barbarie hitleriana. Los líderes del proceso catalán alimentan esa espiral que inexorablemente conduce a la desigualdad entre españoles. ¿Por qué habríamos de consentir con quien nos manda a la hoguera con bendiciones papales? ¿O existe alguien tan estúpido para creer que Mussolini, Hitler o Maduro tuvieron que asesinar congéneres con sus propias manos?

El Cierre Digital no se hace responsable de las opiniones vertidas en esta sección que se hacen a título particular.

COMPARTIR: