El juego de la oca de López Ortega: El Magistrado que dio la libertad a un narco

El narcotraficante Carlos Ruiz Santamaría, conocido como El Negro, fue detenido en la operación Temple, en julio de 1999. Funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera apresaron en aguas próximas a las Islas Canarias al buque Tammsaare.  Con esta embarcación y con la Koei Maru querían introducir en España doce toneladas de cocaína.

Hasta ahí, parece una historia más de las que aparecen en los telediarios. Sin embargo, ésta fue distinta. Poco antes de ser juzgado, los magistrados Carlos Cezón, Carlos Ollero y Juan José López Ortega le dejaron en libertad, en diciembre de 2001, bajo fianza de 30.000 euros.

El Negro  huyó o, como escribieron entonces algunos periodistas adornándose: “aprovechó su nueva situación para desaparecer”.

Avancemos hasta enero de 2014, cuando después de muchas vicisitudes, El Negro fue extraditado por Brasil y juzgado en España.  Ruiz Santamaría se enfrentaba inicialmente a 60 años de cárcel y una multa de 414 millones de euros. Como reconoció los hechos y se comprometió a pagar el citado pastizal, el fiscal rebajó la petición a quince años de prisión.

No hay nada tan eficaz como pagar. El Negro vio cómo empezaba a correr a su favor el reloj de la Justicia.

De 30.000 euros que le exigieron los tres magistrados a 414 millones de euros, que acabó pagando El Negro. ¿Es exagerado pensar que El Negro se estuvo riendo 13 años de lo que habían hecho los tres magistrados?

Volvamos ahora al trío. Rápidamente, la Fiscalía del Tribunal Supremo solicitó, en enero de 2002, la suspensión en sus cargos de los tres magistrados de la Audiencia Nacional. ¿Por qué? “Por prevaricación dolosa y por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones”. Además, se los suspendía como magistrados “por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones”.

"El negro".

Parecía que el asunto era serio. Pues no. Apareció un personaje inesperado, un juez llamado Ignacio Sierra, que quiso intervenir en el caso. Así, se confundieron las vías judicial y administrativa. La prevaricación se esfumaba. Ni dolosa ni culposa. Los jueces habían obrado mal pero sin intención y sin sombra de cohecho. El Consejo General del Poder Judicial redujo el asunto a «desatención, olvido y negligencia».

Una pregunta obligada es qué hacen con los jueces de los países de nuestro entorno -como suelen decir los cursis- ante casos éste. ¿Seguro que hacen lo mismos que hicieron con el trío?

Los avatares que siguió este caso ofrecen material para una comedia como las que rodaban los italianos en los años sesenta. Tendría un éxito extraordinario, porque presentaría cómo funciona la Justicia española cuando intervienen, a la vez, la política y el corporativismo. Eso, sí, con un buen guión. «Director de cine» es, posiblemente, el sintagma más hinchado que conozco. Cualquiera puede ser director de cine, y de hecho, hay muchísimos directores. «Buen guionista» es uno de los más difíciles de encontrar.

Un Informe periodístico de 2014 concluía: “Los tres jueces siguen ejerciendo en otros tribunales como si nada hubiera pasado. El ejemplo de "El Negro" lo siguió "El Rubio" y también se fugó. Ahora, otros siete traficantes de heroína están en paradero desconocido. Se trata, sin lugar a dudas, del mayor escándalo de la historia judicial española”.

El magistrado Juan José López Ortega es un pánfilo, como otros 

La Real Academia Española de la Lengua define a un «pánfilo» como «cándido, bobalicón, tardo en el obrar» y «panfilismo» como «benignidad extrema». No me convencen estas definiciones psicologistas. No creo que el carácter particular del juez López Ortega tenga importancia en este caso. Lo que me interesan de él son los aspectos objetivos. María Moliner se acerca más a lo que entiendo por un «pánfilo»: ”Se dice de la persona que no comprende, que no se da cuenta de las cosas y lo muestra así en su gesto y actitud parada”.

Aun así, tampoco me satisface la definición de María Moliner. Creo que, objetivamente, un juez pánfilo es el que ignora las amenazas. Como consecuencia de esta pérdida de sentido de la realidad, produce una serie de consecuencias. Y para ver actuando a un pánfilo que ignora las amenazas, recomiendo leer El atolondrado, de Moliére.

Desde luego, López Ortega, a la vista de lo bien que le había ido al ignorar las amenazas que, para la sociedad española representaba El Negro, volvió a actuar exactamente igual en el caso de las carteristas bosnias, años después. Dejó en libertad al “clan de las bosnias”, las mayores y más recalcitrantes ladronas en toda la historia del metro de Madrid.

Sumaba 330 antecedentes policiales y habían actuado durante diez años. Un juez con sentido de la realidad había ordenado la medida cautelar de que no volviesen entrar en el Metro de Madrid. ¿Qué son 330 antecedentes policiales para López Ortega? Entonces, en compañía de otros dos jueces, emitieron una sentencia anulando esa medida cautelar.

Es una sentencia que debería aparecer también en la comedia que antes he propuesto. Los tres magistrados se dedican a justificar por qué las bosnias tenían derecho a seguir utilizando el Metro. No saben distinguir entre los aspectos éticos -que rigen las conductas individuales-, los aspectos morales- que rigen las conductas de los grupos-, y los aspectos políticos -que buscan la eutaxia o buen orden social-. Y mucho menos, han estudiado las doce contradicciones entre esos aspectos.

Entonces, ¿qué pueden esperar los contribuyentes de este tipo de jueces? Pues sentencias como las de López Ortega.

Los magistrados que juzgaron el recurso de las bosnias se dedicaron a lo que Eric Berne explicó e ilustró tan bien: “¿Por qué no hacemos esto… (prohibir que las bosnias viajen en Metro y así protegemos a los contribuyentes y a los turistas)? “. Respuesta: “Sí, pero…” Y ya les pueden dar razones. Los tres emiten justificaciones que no se tienen en pie. Incluso, llegan a emplear la expresión “muy discutibles” para rechazar los hechos que les presentan. Pero ¿qué refutación es ésa?.

Demuestran que tienen toda la blancura de la ignorancia sin la más leve mácula de creatividad. Ya puede pertenecer López Ortega a un grupo de jueces progresista. Es un inmovilista. No quiere que algo cambie y rechaza que un juez que no sea él tenga una idea creativa, original.

Los hechos son muy recalcitrantes. Hace menos de una semana, ha vuelto a repetirse la misma historia de las carteristas. Esta vez, con búlgaras. Y desarrollaban su actividad en la EMT. ¿Qué pasaría si cayeran en la Sala de López Ortega 7 años después? Es fácil imaginar la respuesta.

Otra pregunta: En todos los años pasados, ¿ha presentado alguna propuesta López Ortega para resolver el problema de los okupas? Y si ha caído algún caso en el ámbito de su competencia, ¿cómo ha tratado a éstos?

Y aquí viene el último paso de este Juego de la Oca en el que participa este magistrado que protege a los que no favorecen a los españoles: El Ministro de Justicia le ha nombrado nada menos que Coordinador del grupo de trabajo que ha de elaborar la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal.

O sea, que no sólo queda incólume un juez que firma la libertad de un narco en espera de ser juzgado sino que lo elevan hasta un puesto en el que puede tomar decisiones de cara al futuro.

También suena a comedia cómo el Ministro de Justicia presenta este Proyecto de reforma: “El nuevo sistema liberará a los jueces y magistrados de la investigación de los delitos para que puedan centrarse en el ejercicio de su jurisdicción reforzando su independencia”.

Así pues, parece que van a ser los fiscales quienes se encarguen de investigar. ¿Y qué pasará con los jueces que demuestren no saber elementos fundamentales en filosofía, como Ética, Moral y Política cuando redactan sus sentencias?

“La futura reforma también perseguirá mejoras en la tutela de los derechos de las víctimas, así como la introducción de nuevos medios de investigación tecnológica y nuevas garantías en materia de protección de datos y derechos digitales, entre otros objetivos”.

Ya hemos visto cómo López Ortega sabe tutelar los derechos de las víctimas.  Decía Catalina de Rusia: «Los filósofos [los juristas, diríamos hoy] escriben sobre el papel que todo lo resiste; los políticos, sobre la piel de los ciudadanos, que es muy irritable.»

En estas dos líneas queda resumida la diferencia entre el comportamiento de ciertos magistrados y el de los contribuyentes que pagan sus sueldos.

“La norma (La Ley de Enjuiciamiento Criminal) obliga a una reinterpretación constante por parte de los juzgados y tribunales para dotarla de coherencia y adaptar su contenido a las circunstancias actuales”.

A la vista de los antecedentes de López Ortega, habrá que estar muy alerta para comparar cómo están ahora los artículos y cómo pueden salir después de intervenir este magistrado.

Se está pasando el tiempo de “acatar” las sentencias. Acatar no equivale a callarse. En la próxima década vamos a ver cómo los contribuyentes van a examinar y criticar sentencias por su falta de fundamentación.

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