Infamia legal

No podemos dudar sobre la gravedad de una situación social, que se va deteriorando. Hay demasiados ciudadanos dudando sobre la buena intención de un gobierno al que algunos tildan de traidor. Es evidente que hay una parte de la sociedad aceptando la dinámica de estos días, por considerarla un modo correcto de hacer cumplir escrupulosamente la legalidad. Las Cortes Generales la respaldan mediante el debate y una votación democrática. La suma final invalida cualquier otra que no puede solaparla.

Aunque pudieran encontrarse argumentos para desacreditar un proceso inapropiado y precoz para reformar normas, que traerán consecuencias evidentes, su cumplimiento puede ser exigido por la ley. Con una mayoría suficiente, como estamos comprobando, se puede dilapidar cualquier posicionamiento contrario, por muy bien reforzado que se encuentre. Con ese ejercicio de legalidad, para muchos, se está disimulando la verdadera vocación autoritaria de unos partidos imponiendo sus dictados ideológicos para domesticar determinadas instituciones del Estado y, así, perpetuarse en el mando.

Ese modo de entender la actividad política lo definen como perversidad, vileza y maldad de quienes protagonizan semejante conducta sectaria. Muchos especialistas en la materia insisten sobre que, además de dañar la protección general y seguridad colectiva, regala a una minoría insolidaria e intransigente una capacidad inusitada con la que imponerse al resto de la población. La infamia se asigna a un gobierno extorsionado pagando la conjunción de determinadas posturas a la hora de proponer cambios y promulgar leyes, aunque parezcan dislates.

El procedimiento, urgente y desproporcionado, está discutido por demasiada gente y hace dudar sobre la falta de calidad ética y moral de sus promotores. No faltan recuerdos que dejan en mal lugar a los que prometieron, solemnemente, en campaña electoral y ejecutaron después una sarta de despropósitos. No es correcto, y debería ser castigado, prometer y sin cumplir. Se afea el ignorar compromisos y desarrollar una serie de conductas opuestas a lo redactado en sus programas reclamando votos. Ese comportamiento pervertido no hace más que calificar de la peor manera a quienes timan para lograr poder. No es justo aliviar de reproches conductas traidoras, algo que estamos comprobando en los últimos meses, cuando se protege a delincuentes poniendo en riesgo el bienestar de los ciudadanos.

La pedantería mostrada por nuestros gobernantes, además de ofensiva, denota prepotencia y merece reprobación. Ponerse al servicio de separatistas puede calificarse de infamia, sobre todo comparando el trato injusto, que humilla y desprecia al resto de los españoles. La ofensiva en beneficio de una minoría está dañando gravemente los intereses de la gran mayoría, y no es aceptable desde cualquier punto de vista moral y ético, aunque pueda ser legal. Tratar de asegurarse el poder ofendiendo a tantos nos arrastra hacia una impostura. Un sabio decía que la política es el camino para que personas sin principios puedan dirigía a otras sin memoria.

El narcisismo no hace más que despreciar, y la petulancia muestra un modo de reafirmarse indecentemente que ignora la prudencia y educación. Habrá quien considere una desfachatez arrogarse la exclusiva de la verdad embadurnándose de privilegios, lo que puede resultar patético. Cuando alguno de nuestros referentes sociales engaña fardando de sinceridad no hace más que quedar en ridículo, aunque pueda imponer sus excentricidades. No se puede aceptar que se considere rebelión declarar la independencia para más tarde, poco a poco, ir bajando el listón del reproche hasta minimizarlo, regalar indultos y legislar ofertas como premio a una execrable actitud.

No es bueno dejar impunes las falacias políticas. Los falsarios, envanecidos de una despreciable soberbia, sobran de nuestra vida pública, pero, desgraciadamente, están manejando los resortes del poder interponiéndose en el camino de la solvencia moral, cordura y honradez. No hay más remedio que echar bien y pronto a quienes imponen semejante infamia legal.

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