20 de septiembre de 2021
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FIN DE SEMANA
Patio de columnas

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José Francisco Roldán

Justicieros

Clint Eastwood, la imagen de justiciero.
Clint Eastwood, la imagen de justiciero.

Nuestro diccionario define al justiciero como el que observa y hace observar estrictamente la justicia. Sería el paradigma del respeto a un orden considerado por su excelencia, porque acogería los requerimientos del bien común y respetaría los derechos señalados en unas leyes justas.

También puede llamarse de ese modo al que toma la justicia por su mano y la aplica de cualquier modo. En una sociedad articulada democráticamente, donde las normas legales están bien definidas, respetan los derechos de sus ciudadanos y los órganos encargados de hacerlas cumplir ejecutan sus dictados con profesionalidad no deben plantearse reproches fundamentados. No todos los afectados por situaciones puntuales suelen estar conformes con determinados pronunciamientos, sobre todo cuando sitúan aspectos subjetivos por encima de la objetividad legal.

Los justicieros, por tanto, en pocos casos, deberían caber en ese idílico modo de entender una sociedad justa y respetuosa. Sin embargo, cuando los que atentan contra los derechos ajenos consiguen burlar las leyes y no reciben la retribución prevista por vacíos legales, errores o comportamientos dudosamente éticos, es lógico imaginar que puedan surgir conductas tratando de aplicar sus especiales modos de ajustar cuentas, especialmente, si la policía, autoridades o los órganos judiciales se muestran incapaces de prevenir la delincuencia o actos ilícitos de muchos malvados.

En el cine hemos conocido personajes interpretados por Denzel Washington, Charles Bronson, Liam Neeson, Clint Eastwood, Robert de Niro, Michael Caine, Sylvester Stallone o Mel Gibson, que tanto gustan al espectador, y recuerdan carencias legales para combatir la delincuencia con eficacia. Comprobar el modo en el que detienen o eliminan a los criminales no deja de tener un halo de heroísmo, secundado por muchos que no tienen capacidad ni valor para hacerlo, pero imploran la existencia de seres parecidos para restablecer el orden y la justicia en su entorno más cercano. Ejemplos reales han salpicado la actualidad como respuesta a situaciones injustas y también forman parte de nuestra literatura. Los abusos han propiciado el vigilantismo, controladores privados, que pretenden proteger a sus conciudadanos por medios lícitos o, en ocasiones, no tanto.

Tres policías de patrulla.

El Comité de Vigilancia de San Francisco comenzó a actuar en 1851 para combatir la delincuencia y la corrupción oficial. Unos setecientos ciudadanos firmaron una declaración para hacer cumplir la ley. El grupo Bald Knobbers se formó en Missouri, por el año 1880, para luchar contra las bandas violentas de la región. En la ciudad rusa de Yekaterinburg se creó el movimiento, Ciudad sin Drogas, en los años noventa del siglo XX, para luchar contra el tráfico de drogas. En San Miguel (El Salvador), año 1989, apareció un grupo llamado Sombra Negra para combatir el gravísimo problema de las pandillas. Los Davao Death Squads, surgido en 1998 en Davao (Filipinas), secuestra y mata a criminales y traficantes de drogas. La relación de ejemplos se hace interminable debido a las carencias de recursos y capacidades de las autoridades para imponer el rigor de la ley en determinados lugares.

España, con algunas excepciones trágicas, siempre ha pretendido controlar la delincuencia mediante normas legales, medios operativos y recursos judiciales adecuados, sin embargo, la demanda de seguridad y respuesta efectiva de las leyes es un clamor. Hemos vivido épocas dramáticas observando cómo la delincuencia se apropiaba de las calles sin que la respuesta legal cumpliera sus objetivos. Esa supuesta indolencia desmoraliza a una sociedad, afectada gravemente, que contempla con impotencia el avance de todo tipo de maldades. Las patrullas vecinales, como los arrebatos cercanos al linchamiento, no son más que el resultado de un flagrante fracaso del Estado en su misión de proteger a sus ciudadanos.

Si las leyes, además, parecen propiciar el asalto de bienes privados sin oponer medidas preventivas o retribuciones ejemplares, podrían excitar conductas justicieras legales, o no tanto. Si los vecinos deben asumir las competencias de la policía, porque nadie respalda sus derechos, no debería extrañarnos que algunas víctimas decidan tomarse la justicia por su mano. No tiene ningún sentido o justificación que propietarios de viviendas o locales tengan que pagar a empresas privadas para recuperarlos, porque es responsabilidad del Estado. Cuando los pacíficos estallan ante algo injusto, algunas veces, responden con enorme desproporción. Los encargados de hacer cumplir la ley, que lo deben hacer bien, han de impedir el protagonismo de los justicieros.

El Cierre Digital no se hace responsable de las opiniones vertidas en esta sección que se hacen a título particular.

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