Una reflexión sobre la inconstitucionalidad de la ‘alarma’

Tras casi un mes de especulaciones mediáticas, el Pleno del Tribunal Constitucional, por seis votos frente a cinco discrepantes, declaró parcialmente inconstitucional el Real Decreto 463/2020, con el que el Gobierno impuso medidas restrictivas de derechos fundamentales para controlar la pandemia que protagonizó y sigue protagonizando la COVID-19. Fundamentalmente, la libertad deambulatoria del art. 19 CE, según la mayoría del Pleno, quedó suspendida y no limitada, entendiendo lo que muchos defendimos y seguimos defendiendo: sólo los estados de excepción y sitio permiten la suspensión de derechos fundamentales del núcleo duro (arts. 116 y 55 CE).

Como expresé en este mismo medio y en otros espacios y publicaciones nacionales e internacionales de índole doctrinal, el estado de alarma fue realmente extralimitado en lo que a medidas de restricción se refiere para ser un estado de alarma y no de excepción precisamente por la plena suspensión de derechos que el mismo supuso. El Tribunal Constitucional no pone en duda la necesidad de las medidas o, al menos, eso se desprende de las noticias que anuncian el contenido de una sentencia que, todavía, no hemos conocido. Llega tarde y llega sin consenso, pero, sin embargo, supone un alivio a los constitucionalistas que durante meses fuimos doctrina minoritaria. Eso sí, como mucho, desde el punto de vista de la teoría porque, en la práctica, pocos cambios supondrá el pronunciamiento del Máximo Intérprete de la Constitución más allá de la posible anulación de las multas impuestas. Lo que tampoco está claro para todos los supuestos y menos aún sin tener una sentencia frente a la que apuntar críticas favorables o desfavorables.

Vengo a escribir hoy sobre una consideración más política que jurídica, desde el punto de vista de la conveniencia o no de determinadas palabras que llegaron ayer desde la política y, especialmente, desde la izquierda, en relación con la preservación de nuestra democracia por parte de un elemento nuclear del sistema: la justicia constitucional. Parece que hay demasiadas ganas de instaurar un sistema que permita, de facto, ‘confinar’ al Tribunal Constitucional, guardián último de la Carta Magna. Ahí vamos viendo ya varias propuestas registradas en el Congreso para restarle potestades al Tribunal Constitucional, de iniciativa nacionalista que llevan el sello del PNV. ¡No digo ninguna barbaridad!

Tribunal Constitucional. 

Para el Gobierno supone la sentencia una "sorpresa” de "carácter inédito", reafirmándose en que la declaración fue "conforme a la Constitución y a la ley orgánica los estados de alarma, excepción y sitio". Por tanto, aunque se diga que se respeta la sentencia del Tribunal, ¡en el fondo no se hace! Es muy grave y ¡no! Las medidas podrían ser “imprescindibles”, ¡o no! El caso es que debían haberse adoptado por vía del estado de excepción con la intervención protagonista de las Cortes Generales, como receptoras primarias de la soberanía y llamadas por la Constitución a la intervención preceptiva en caso de suspenderse derechos fundamentales y libertades públicas. ¿A qué juega el Gobierno? ¿Acatará la sentencia o no?

Sus socios ya nos tienen acostumbrados a recurrir en su argumentario a los pronunciamientos judiciales cuando les benefician, exclusivamente. Echenique volvió a ejercer de pirómano político, aludiendo al “Tribunal Voxtitucional” que solo existe en su cabeza. Al tiempo que su populismo retrógrado no le permite diferenciar al órgano constitucional llamado a ser máximo y último intérprete de la constitucionalidad de las leyes con el poder judicial, que para ellos es el franquismo vivo que sólo vive aún en sus mentes.

Miren, no creo yo que magistrados de la altura de los que ocupan el Tribunal Constitucional se fijen en el recurrente para admitir o inadmitir un recurso de inconstitucionalidad. Afortunadamente Echenique no ocupará nunca tan alta responsabilidad, él sólo admitiría los recursos de Podemos. Y eso solo ocurre en las dictaduras amigas, ahora que tanto se habla de ellas. Y, miren: lo preocupante no es que sólo VOX viese la inconstitucionalidad de algo imperiosamente inconstitucional a pesar de votar a favor por criterio de necesidad inicial; sino que el PP lo admitiera en sede parlamentaria a pesar de votar a favor y no lo recurriera posteriormente; o que, el Gobierno de los mil y un asesores no tuviera criterio jurídico-técnico preciso y suficiente para anticiparse ante este posible resultado.

Si el Tribunal Constitucional no se renueva, ¡es culpa de ustedes! El Gobierno, ¡y del principal partido de la oposición! VOX puede ser un culpable secundario en este tema. ¡Renuévenlo! ¿O es que si lo renuevan ya no dará juego para su populismo particular? Ese de unos y otros…

Todo esto está jugando una suerte de un progresivo ‘confinamiento’ del Tribunal Constitucional, que considero preocupante para nuestro sistema democrático. A ello se le unen las filtraciones sobre la polémica sentencia, la especulación sobre la posible presión que habría recaído sobre sus magistrados y la tardanza en resolver. Esto último pone en duda la efectividad y eficacia del Máximo Intérprete de la Constitución que debe hacer replantearse a los responsables de impartir la justicia constitucional su papel primordial en un Estado Social y Democrático de Derecho. ¡Esto exigía urgencia! Como paliar el descrédito de la institución y no contribuir al mismo.

Como ha sido, al contrario: tenemos lo que tenemos. Más ideario, menos argumentario político. Y, mientras sale el fallo íntegro, seguiremos escuchando a cientos de “juristas de tripa” más que de razón. Sólo la responsabilidad política de los que antes eran partidos de Estado, PSOE y PP, puede descongestionar la situación y ‘desconfinar’ al Tribunal Constitucional. Desde aquí pido al señor Casado que no se cuelgue galones por ninguna sentencia judicial: ¡siéntese a renovar este órgano primordial en un sistema democrático! Y pido al Gobierno que se siente, que acepte y acate la sentencia sin cortapisas y reprenda los ataques a una institución fundamental para el Estado de Derecho que ampara la Constitución como norma primera del ordenamiento.

Rescatando el título de aquel artículo en EL PAÍS que tanto inspiró mis escritos jurídicos sobre estos temas y que llevaba la firma del doctor Aragón Reyes: ¡Hay que tomarse la Constitución en serio! Si los políticos han confinado al constitucional, ¡que lo desconfinen. ¡Ya!

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