23 de abril de 2024
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FIN DE SEMANA
Patio de columnas

Patio de columnas

José Francisco Roldán

El consentimiento

/ Representación del abuso sexual.

El asombro inicial ha ido dejando paso al rechazo más absoluto ante una imposición legislativa completamente disparatada. La gran mayoría de los españoles tiene claro que el derecho penal está diseñado como instrumento para protegerlos de ataques ilícitos contra sus derechos. Todo el entramado pergeñado por la administración de justicia debe ir orientado a defender las libertades públicas y controlar los comportamientos que afectan a la normal convivencia, donde se debe respetar la seguridad y el bienestar social.

Los fundamentos del derecho penal sirven de anclaje para solucionar todo tipo de disfunciones. La presunción de inocencia supone un pilar esencial en el edificio de lo justo. Nadie puede, ni debe, tratar de alterarlo para no verse sometido al rechazo más riguroso. No está admitido discriminar mediante un exceso de protección injustificada. Estamos asistiendo a un cuestionamiento de algunos mandatos constitucionales con la excusa del respaldo político amparándose en un supuesto mandato popular.

El poder legislativo, cautivo de la discrecionalidad gubernamental, respalda con demasiada ligereza auténticas aberraciones doctrinales que el derecho penal erradicó. Una caterva de torpes, disfrazados de soberbia incontenible, arrastra las leyes por el mismo barro por donde suelen caminar algunas togas cautivas. Si los jueces aceptan el mandato político de quienes no siguen los dictados sagrados de la legalidad más enraizada, el futuro de nuestro modo de vivir estará muerto.

Y de eso se trata, con el apoyo sumiso de los representantes del pueblo en las Cortes Generales, frente a una legión de expertos juristas de contrastada categoría profesional y ética, los incompetentes, empanados de ignorancia, han decidido retorcer la presunción de inocencia para reconvertirla en la nueva presunción de culpabilidad en algunos tipos delictivos. No faltarán personas aceptando aumentar penas en la mayoría de los hechos tipificados por el Código Penal, porque de ello depende nuestra seguridad y ejercicio de derechos, que tanto anhelamos, pues la libertad se diluye suavemente para escondernos evitando hacer vida normal en demasiados lugares.

El incrementar la retribución penal a los delitos contra la libertad sexual no puede ser discutida, pero no deberíamos mezclar conceptos para debilitar la respuesta de las leyes. No es correcto bajar penas para igualar conductas distintas. No tiene sentido jurídico, ni el común, que parece escasear en las esferas del poder. Un abuso sexual, que debería verse agravado, no es una agresión sexual, por mucho que lo desean esos sectarios intransigentes empeñados en mezclar churras con merinas para imponer sus dictados ideológicos.

De algún modo, ya consiguieron imponerlo en materia de malos tratos. La falta de consentimiento siempre ha sido perseguida, especialmente en el ámbito de la indemnidad sexual, que puede aparecer en todas las fases de una relación. Algo que una persona acepta en un instante, puede verse alterado y cambiar de opinión para oponerse a ese consentimiento inicial. Si no se autoriza, falta el consentimiento, que puede darse por sentado en determinados supuestos, como minoría de edad, deficiencia psíquica o privación del sentido.

Todo acto de carácter sexual ha requerido siempre el consentimiento. No es aceptable esa matraca oficial que insiste sobre la materia, dando a entender que las mujeres estaban afectadas por lagunas legales, que permitía la falta de autorización. No es cierto. Los derechos de la mujer en esta materia han ido avanzando desde los años ochenta, cuando, por ejemplo, cometía delito de adulterio por una relación extramatrimonial aislada, mientras su marido no, o perdonar al violador durante el procedimiento, circunstancia que afectó mucho al castigo de los agresores sexuales.

Las víctimas se protegían de la publicidad, que algunos defensores sin escrúpulos aprovechaban para lograr el desistimiento. La carga de la prueba es de quien acusa, lo que supone una tremenda dificultan en muchas ocasiones, pero no es óbice para tratar de considerar que toda relación sexual debe ser castigada si no existe consentimiento.

El Cierre Digital no se hace responsable de las opiniones vertidas en esta sección que se hacen a título particular.

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