La burla del taxi

Como cualquier otra ideología reaccionaria, el socialismo gobernante y el podemita, al uso, se oponen al desarrollo y alientan el gremialismo corporativo que ha desembocado en un cierre patronal; el gremio del taxi busca el amparo de los poderes públicos para proteger sus intereses, ejercer un monopolio, y eliminar la competencia en precio y calidad de servicio. Avergüenza que el socialismo de paripé y la mafia podemita protejan sus intereses. No es muy distinto de lo que sucede con las grandes corporaciones que solicitan del cliente un contrato de adhesión por el que el ciudadano viene a quedar maniatado frente a esas poderosas organizaciones, bancos, eléctricas, o cualquier otro. Comisiones sin cuento, precios ocultos, contratos de cláusulas oscuras, y cultura de monopolio. Disfrutando de una concesión, el gremio del taxi no repara en que el número de licencias por habitante en las grandes ciudades españolas es proporcionalmente superior a la que existe en otras ciudades del mundo desarrollado; en Madrid, con cinco millones de habitantes menos que Nueva York, existen al menos 5000 licencias más. Según las mismas patronales del sector sobran, tan sólo en Madrid 10500 licencias, para estar al nivel de Nueva York (1 taxi por cada 630 habitantes), o Paris (1 taxi por cada 694). Y una burbuja alimenta la recompra de licencias.

Al contrario de lo que suele creerse, las licencias de taxis, como las decisiones sobre los usos del suelo, no deberían estar nunca en manos de ayuntamientos y comunidades, al menos en ausencia de una ley de bases. La huida es como siempre hacia delante. El gremio se revuelve contra el Estado con el consentimiento de un partido político tan ignorante como interesado en mantenerse en el poder con una falsa solución, conceder a ayuntamientos y comunidades disponer sobre la ruina que un sistema perverso de concesión de licencias produce.

Unidad de mercado

Agitados por la invalidada disposición de Colau, el conflicto del taxi representa una oportunidad para romper la unidad de mercado instituida en la Ley Orgánica de garantía de la unidad de mercado de 2013, y la directiva de servicios derivada de la ley de funcionamiento de la Unión Europea de 2006 y la Ley 17/2009 que la incorpora al ordenamiento jurídico español. Una vez mas el socialismo en el poder concede, en un juego de artificio, al gremialismo del sector del taxi la razón y la legimitidad, engañando a un colectivo que pide incumplir la ley, retirar derechos a quien los adquirió legalmente, proteger contra natura su monopolio, impedir el desarrollo y destruir el libre comercio y la unidad de mercado. El taxi es un sector en proceso imparable de reconversión. Y conviene afrontarlo, como durante años ha pasado con el sector minero. El tiempo corre contra su futuro. Ada Colau ha encendido la mecha, en esa política sucia que imita de Pablo Iglesias que tiene tiempo, dinero y cinismo suficiente para burlarse de sus electores. Ahora, en una mezcla de ineptitud y consentimiento, ZP2 amenaza con plegarse contra toda razón y norma, troceando el país, y la gestión pública. Como siempre. Colau y Carmena solo sirven para tirar piedras y cambiar nombres de calles; promueven una segunda licencia municipal de carácter retroactivo a quien ya tenía todos sus derechos, una expropiación sin indemnización alguna para blindar a un gremio que vive de una concesión a golpe de norma y licencia. Un gremio que debería pensar en adaptarse a los cambios tecnológicos y económicos, cada día mas controlado por tenedores de licencias múltiples y empresas con aspiración a constituirse en monopolios. 

¿Que promete el inefable aspirante y factotum de ZP2, Abalos? Balones fuera, responsabilidad nula. Hay que ser imaginativo para distribuir la carga de la legalidad a las autonomías y los ayuntamientos con el mismo afán de siempre, sobrevivir, eludir responsabilidades, evitar conflictos, mantener y ocupar el poder, y dar la razón a quien tiene la fuerza. Esa política de Rubalcaba que consintió con la ocupación del espacio público dando ínfulas al movimiento 15-M. Ahora ya se ha desvelado de que se trataba la política de Iglesias, quitar a otros para ponerse él, y su señora, desaparecidos como por encanto sus socios. Pues aquí está la receta, ir, incluso, contra su pasado, la ley de liberalización de ZP1, quien, como estos ahora, siempre aprovechó la oportunidad frente a la legalidad y  la razón. Abalos promete lo que no está en su mano, revertir una Ley Orgánica, destruir el tejido social que sostiene el progreso, atar el futuro de un sector en transformación y decadencia, en vez de regular el proceso de cambio preservando los derechos del ciudadano, y de unos y otros interesados. Como en el asunto catalán, el socialismo gobernante contribuye con sus prácticas a la destrucción del Estado Democrático de Derecho que consagra los derechos universales de libertad y legalidad.

Poner barreras al campo

¿Que ocurrirá?. Son innumerables los ciudadanos que han recurrido a otros medios de transporte. Los coches autónomos llaman a la puerta de un servicio que se prestará sin conductor. Y los drones aparecen en el horizonte como taxis. ¿Que harán estos aprendices ávidos de prebendas?: Poner barreras al campo, sin articular una política de reconversión industrial paulatina. Pontifican sobre la extinción del diesel con 7 millones de vehículos en el parque automovilístico, pero consienten con la subasta de licencias públicas convertidas en medios de jubilación de los taxistas que pusieron sus ahorros en el negocio. No existe negocio que dure toda una existencia. ¿Cómo una licencia pública puede convertirse en patrimonio?. Las licencias deberían caducar, regularse su transmisión, y eliminarse su uso mas allá de su tenedor y de sus familiares. Ya se sabe que este socialismo sanchista no hará cambios estructurales, en su lugar hace cambios cosméticos y gestos inútiles. No creen en el libre mercado, ni en la competencia ni en el ciudadano. Vale. ¿Pero cómo puede amparar a quienes quieren destruir el comercio, el único medio que inventaron los seres humanos para que se respetaran los unos a los otros frente al discurso cínico de la religión que tantas veces contravino sus propios mandamientos profanando la dignidad humana? ¿Por qué no regula la transferencia de licencias, la subcontratación, la subasta de licencias, la constitución de empresas del taxi, y sí, en cambio, pretende borrar del mapa por decreto a quienes con el mismo derecho ejercen su oficio?.

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