¿La Corona? ¡Quieren el Estado!

Los constantes ataques a la Corona por parte de destacados miembros del Gobierno suponen una afrenta sin precedentes a nuestro sistema constitucional. No se trata de un ataque más al Rey Felipe VI, representa la quiebra del respeto institucional de uno de los poderes del Estado, el Gobierno, frente a quien representa el Estado en toda su plenitud. Y, ¿qué deberíamos preguntarnos? Si en Cataluña, lo que paso el viernes, fue un ataque a la Corona o al Estado y, si las reacciones son meros posicionamientos políticos o una deslealtad institucional en toda su expresión, por parte del Ejecutivo.

Que al Gobierno y, sobre todo, a Podemos no le gustan ni el Rey ni el sistema político legítima y constitucionalmente establecido en España, no es una sorpresa; lo que no debe plantearnos ningún problema, dado que el pluralismo político es un valor superior del ordenamiento jurídico y legitima la libre opinión y critica políticas a ciudadanos y partidos. Con todo lo que ha supuesto la ausencia del Rey en Barcelona, ya criticable en el plano protocolario; dado que un Gobierno presidido por el Secretario General del Partido Socialista Obrero Español, partido gestante del pacto constitucional, ha preferido el “no molestar” a los independentistas que cabrearlos de cara a la aprobación de los presupuestos, permitiendo con ello lo que en lo político supone, a mi juicio, el arrodillamiento del Estado de Derecho frente al secesionismo.

Dicho sea de paso, en ese acto hacía falta el Rey. Lo que se estaban nombrando eran jueces, que van a ejercer la potestad jurisdiccional, ciudadanos que pasaban a integran el poder judicial. El Rey representa al Estado, cuyos poderes emanan de la soberanía popular y, el poder judicial, es un poder independiente respecto al legislativo y al ejecutivo y, por mera cuestión de imagen, aunque cada día más importante de recordar: ¡los jueces son independientes! Se someten sólo al imperio de la Ley, sostén del Estado de Derecho, y nuestra Ley Suprema sigue diciendo que la justicia se administra, en nombre del Rey, quien representa al Estado y no es poder del mismo. ¿Por qué una imagen de tutela del poder gubernamental sobre el judicial?

Ciudadano Alberto Garzón

Pero hasta ahí, todos podemos tener una opinión política u otra, es legítimo posicionarse en cualquier sentido, ¡faltaría más! Incluso aceptaría dejarlo en una cuestión de imagen y protocolo. No obstante, lo grave es lo que venía gestando después en el cuartel general morado; una nueva hazaña mediática: Ahora el Rey “maniobra contra el Gobierno democrático”, según el ciudadano Garzón, quien juró lealtad al Rey Felipe VI y a la Constitución de 1978 el mismo día que él fue nombrado ministro, el mismo que el Borbón dejó de ser “ciudadano” para el Ministro de Consumo. Y, seguidamente, al Consejo General del Poder Judicial y a su presidente, Carlos Lesmes. Esto ya, ¡no es aceptable!

¿Acusan al Rey de maniobrar contra el Gobierno? No es lo importante, esa es la cortina de humo. Otra más de la factoría propagandística, para construir que el problema es el Rey y no ellos, para la convivencia, el Rey y no los violentos que asediaron las calles de Barcelona por no respetar lo sentenciado por el Tribunal Supremo en lo referente al procés. La cuestión de fondo estriba en la deslegitimación interesada que pretenden hacer algunos de un Consejo General del Poder judicial con su mandato caducado y en funciones, que no es a mi entender el poder judicial, compuesto por cada juzgado o tribunal, este es su órgano de gobierno, que debe ser autónomo por la necesaria separación de poderes que debe regir y es el mismo en tanto no sea renovado por el constitucionalmente llamado a hacerlo, el poder legislativo en tanto representación soberana del pueblo. Es el mismo, ¡pero legítimo!

El domingo salieron a la palestra los socios del Gobierno para exigir la renovación del Consejo General del Poder Judicial en funciones, denominándose como “la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados”. Entre clamas de “secuestro de la derecha” del ahora controvertido órgano por tratarse de “un atentado a la Constitución” o, como dijo Simancas, culpando al PP de su no renovación: “un sabotaje a la Constitución y al Estado de Derecho por mero interés partidista”. ¿En serio? ¿Sabotaje a la Constitución? Entonces, ¿quién atenta contra el Estado de Derecho?

Lo cierto es que ni unos ni otros se ponen de acuerdo en las Cortes Generales para elegir a los miembros de la carrera judicial que sustituirán a los renovados, la culpa de que el órgano no se renueve, recae una vez más en los políticos, no en los jueces ni mucho menos en el Rey o en Lesmes. Los miembros deben ser elegidos para su renovación por una mayoría cualificada de tres quintos del Congreso y del Senado por expreso mandato constitucional (art. 122.3 CE). En caso de no renovarse, sigue en funciones (art. 570 LOPJ).

Javier Pérez Royo.

¿Mayoría absoluta? Por tanto, menos de tres quintos. Lastra y Echenique tienen tarea por delante para acordar con el PP, una tarea quizá más fructífera para el regular funcionamiento de las instituciones que la de deslegitimar a los jueces en el fango de la política. La Ley Orgánica del Poder Judicial, por mandato constitucional del art. 122.2 CE regula el CGPJ en materia de los nombramientos y ascensos que le competen. Esta semana, se tienen que producir importantes nombramientos por parte del CGPJ en sede del Tribunal Supremo. ¿Por qué se pretende deslegitimar la actual composición del CGPJ e impedir esos nombramientos? ¿Por qué el ministro Campo habla hoy de una reforma de la LOPJ para limitar las competencias del CGPJ actual que está en funciones?

Los acuerdos sobre nombramientos y ascensos que el CGPJ adoptará esta semana se van a producir de forma legítima: legal y constitucionalmente. Por ahora, nada limita al Consejo para adoptar dichos acuerdos, se lo permite la LOPJ ¿Pretende la “mayoría absoluta del Congreso de los Diputados” coartar esos nombramientos por vía de un atajo que, cuanto menos, plantea a mi juicio, dudas de constitucionalidad? Si bien, el mandato está caducado, el CGPJ está en funciones, no sin funciones; ni se prevé, hoy, una merma de dichas funciones en la LOPJ por haber caducado el mandato de los miembros de este. ¿Qué sería mas adecuado para preservar el sistema institucional en triada que estructura la separación de poderes en el Estado de Derecho? ¿La decisión fácil o la difícil? Hay que escoger la difícil, renovar el órgano de gobierno de los jueces por las vías constitucionales y legalmente vigentes que es acordar con el resto de grupos parlamentarios la renovación del mismo. Es lo políticamente responsable con el marco constitucional.

Tomar el atajo que anuncia el Ministro de Justicia, supondría seguir con un órgano en funciones, por falta de consenso político, que devendría en la inoperancia, al no poder producirse nombramientos y ascensos cuanto menos necesarios para el normal funcionamiento de los tribunales, en ataque de la seguridad jurídica o la estabilidad en la carrera judicial. Peor sería que, como ya ha apuntado Pérez Royo en algún medio de comunicación, que el Consejo de Ministros adoptara un “acuerdo general” para negarse a refrendar los acuerdos de este CGPJ en funciones y negar así el refrendo necesario para dar forma de Real Decreto (art. 634 LOPJ) a la decisión del órgano de gobierno de los jueces. Sería descender en las mayorías exigidas por nuestro marco constitucional y, una decisión, pasaría de tomarse por parte del poder legislativo a manos del ejecutivo. Si no les vale una mayoría absoluta porque la Constitución exige tres quintos del Congreso y del Senado, ¿puede servir para legitimar este atajo un mero acuerdo del Consejo de Ministros frente a una Ley Orgánica aún vigente? Aún menos. Entonces. ¿Qué es lo ilegítimo?

Ciertamente, lo que no cabe duda es de que eso supone un nuevo escalón en la escala de grises que vislumbra la ciudadanía en la separación de poderes, cuestionable a ojos de todos. Negarlo supondría dejar de intuir que alguien no quiere quitarle la corona al Rey, sería sólo parecer el Estado. Y, si quieres el Estado, tienes que ser el Estado. Y, eso supone estar fuera del Estado, porque es estar fuera de la Constitución. ¿Vamos a seguir siendo tan ingenuos como siempre o nos lo tomamos en serio?

Sergio Martín Guardado es Investigador en Formación en el Área de Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca

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