Los indultos del ‘procès’

Se va tornando en cotidiana la polémica política, que desata a su vez una preocupación persistente entre los constitucionalistas. Asistimos a una tormenta que bajo la falacia de la “judicialización de la política” pretende enmascarar lo que realmente sucede que no es otra cosa que la politización de la justicia. Pues el Gobierno, al pretender poner fin a los efectos de la STS, Sala II, de lo Penal, de 14 de octubre de 2019 por la que condena a doce políticos por sedición y/o malversación además de desobediencia con motivo de la culminación del procès mediante actos en los que participaron con el único fin de desconectar Cataluña del resto de España declarando su independencia; parece llevarnos a asimilar el indulto como un indulto, sí, pero formal pues los efectos materiales que va a desplegar son más bien los de una amnistía.

La Constitución Española, la misma que reconoce la integridad territorial de España y que proclama que la soberanía reside en el conjunto de los españoles (arts. 1 y 2 CE), prohíbe de forma expresa los “indultos generales” en el art. 62 CE. A pesar del relato que ya se empieza a construir desde Factorías Redondo para respaldar un ideal social favorable a los indultos, bastaría con sacar la hemeroteca del presidente del Gobierno para prever sin demasiados desaciertos que esto es imposible. Eso sí, el indulto es posible. No tengan dudas.

La ley del indulto de 1870 atribuye la competencia sobre el indulto al Gobierno y los informes del Tribunal Supremo o de la Fiscalía son preceptivos, pero en ningún caso vinculantes. De lo que, por otra parte, presume y saca pecho el gobierno en su irremediable mimetización soberanista. Sin embargo, nuestra actual legislación lo permite; sin que pueda apreciarse en este caso una afectación del principio de separación de poderes.

No obstante, podrán recurrirse los actos por los que se conceda el indulto ante la Sala III del Tribunal Supremo. ¿Por qué? Por falta de motivación, cfr. art. 88.3 LPAC (arts. 1.1, 9.1 y 103.1 CE) y la vulneración de las previsiones constitucionales (especialmente el art. 62).

No olvidemos que todos los jueces son guardianes de la Constitución y, probablemente la negativa a los indultos resida en un planteamiento colectivo del indulto, tal y como expresa la Sala de lo Penal en su informe y lo que pudiese ser apreciado también por la Sala III. Pues, pudiera apreciarse que pretende dar alas a los alegatos frecuentes de los condenados sobre su consideración de “presos políticos”, en tanto que, como dice el Supremo pretende conducirse a una especie de perdón colectivo y no individualizado en cada uno de los condenados a través de “conciencia ideológica”.

Todos los jueces son guardianes de la Constitución. 

¿Amnistía? Lo que supondría que, respecto a los ideólogos del golpe al Estado de Derecho, este niega la responsabilidad criminal de los mismos. Una enmienda propia de regímenes proto-democráticos o dictatoriales que pretenden limpiar sus pecados. ¿Por qué llevar a España ante esa crisis existencial interna y externa? No lo entiendo, pero no puedo compartir que un indulto sea contrario a la Constitución.

Y este indulto es claramente inconstitucional. Cuando la discrecionalidad deviene en arbitrariedad y claramente existe arbitrariedad al pretender realizar una amnistía política se vulnera claramente la Constitución en que esta es taxativa: no se pueden conceder “indultos generales”. O, lo que supone la admisión de las tesis independentistas por parte del Partido Socialista, de que la condena fue ilegal y realmente, se confirmará jurídicamente que los indultos no cometieron ningún delito.

O, lo que es lo mismo, llegar a perder la idea de que el Estado español es un estado pluralista y democrático. La construcción de “un nuevo Estado que sólo existe en la imaginación de sus promotores”, como concluye el informe de la Sala II. Aunque ahora no sólo me refiero a los independentistas, ya en el plano político, ese Estado empieza a entrar en la mente de Pedro Sánchez o, al menos, sale de su boca: España necesita buscar la concordia. ¿Con quienes son responsables de su ruptura? ¿Puede el Partido Socialista defraudar los ideales progresistas y socorrer a unos privilegiados que se sirvieron de su poder para romper la convivencia entre españoles? Creo que no y, el fin de la hegemonía socialista en la izquierda está cada vez más cerca.

Lo que puede impedir la Sala III, supondrá sin embargo su sometimiento al relato de la “judicialización de la política”, aunque tengan seguro que son los políticos los que pretenden judicializar la política. Como todos los que hablan cada día de “presos políticos” y no de políticos presos.

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