19 de junio de 2019
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FIN DE SEMANA
Patio de columnas

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Carmen Ibáñez

Vertidos

El Juzgado de primera instancia e instrucción número 4   de Ayamonte   en Huelva ha dictado auto de transformación de Diligencia Previas en Procedimiento Abreviado frente a doce cargos públicos por   consentir   vertidos de aguas residuales y fecales, que se vienen produciendo de   forma continuada desde el año   2015 hasta la actualidad en el Paraje natural protegido de las Marismas de la isla Cristina en Huelva

Los hechos por los que finalmente resultan acusados los imputados   podrían ser constitutivos del tipo agravado del delito contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente tipificado en   el artículo 325, 2 del Código Penal

Según el Auto  el   presunto   delito, ocasionado por el vertido incontrolado e indiscriminado de aguas residuales y fecales sin labor alguna de depuración o saneamiento efectivo y reiterado en el tiempo podría haber causado un grave perjuicio   al equilibrio de los ecosistemas naturales impidiendo la vida acuática afectando al  paraje natural protegido de las Marismas de Isla Cristiana calificado como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA),  lugar de Importancia Comunitaria de la Región Biogeográfica  Mediterránea        

No es frecuente encontrar acusaciones por   delitos medio ambientales en casos de inacción. Los cargos públicos finalmente procesados lo son por omisión de las obligaciones inherentes a sus cargos, de su posición de garantes. En los hechos del auto se recoge su falta de actuación y desempeño en el ejercicio de las competencias   que tenían legalmente atribuidas, al no ejercer el debido control y supervisión en materia de vertidos de aguas residuales. Sin embargo, no son acusados del delito de prevaricación administrativa como con frecuente se observa, en este tipo de autos por   contravenir normas administrativas 

 El auto describe una realidad que en materia medio ambiental y urbanística es por desgracia harto frecuente, la de algunos funcionarios y   autoridades   que miran hacia otro lado o pasan de puntillas ante situaciones fragantes que afectan al medio o a los recursos naturales. Me gustaría citar como ejemplo más significativo, el del ruido que sufren los vecinos en zonas de concentraciones de bares   y que nadie quiere atajar. También en ocasiones la inacción viene determinada por la conveniencia de no enfrentarse entre administraciones, especialmente   si los gobiernos son del   mismo partido.

El entramado de competencias en materia de urbanismo y medio ambiente es muy complejo. La dificultad se acrecienta si consideramos las particularidades organizativas de las distintas administraciones. Todo ello hace difícil y   en ocasiones casi imposible para un ciudadano corriente determinar quién es el responsable último de una determinada función, o donde reclamar. El auto que comento no es ajeno a esta compleja realidad:

“En los hechos que nos ocupan, no cabe atribuir directamente la posible responsabilidad penal a los responsables del nivel o escalafón superior, sino que es necesario deslindar, según lo dispuesto en la Ley y normativa (principalmente autonómica) de desarrollo, a que ente público correspondía realizar las distintas tareas de supervisión, actuación o control que deliberadamente han sido omitidas, o realizadas de forma negligente, durante años. “

Conviene recordar que el problema del tratamiento de las aguas residuales y de los vertidos en nuestro país tiene un largo recorrido y ha ocasionado varias condenas por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El 14 de abril de 2011, España fue condenada por incumpliendo de las obligaciones derivadas de la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas al existir 43 aglomeraciones de más de 15.000 habitantes, sin tratamiento de aguas residuales   

El año pasado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en sentencia de fecha 25 de julio de 2018 volvió   a condenar a España por   el incumplimiento de la sentencia anterior, al continuar 17 de las aglomeraciones urbanas sin depuración. En este caso ante la gravedad de la situación, fue impuesta   una multa a tanto alzado de 12.000 millones de euros y otra coercitiva a razón de 10.950.000 euros por cada semestre de retraso hasta la completa   ejecución de la sentencia.     

Isla Cristina, era una de las aglomeraciones urbanas objeto   del proceso. La situación también es enormemente preocupante en la provincia de Málaga, donde se encuentran afectados pueblos como Coín y Nerja.  En este último un manto de 15 toneladas de toallitas desechables cubre el fondo marino. El Seprona viene desarrollando la operación VASTUM, por la que ya están siendo investigados 16   cargos municipales.       

El Cierre Digital no se hace responsable de las opiniones vertidas en esta sección que se hacen a título particular.

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