Requisitos de la Ley de segunda oportunidad: ¿Cómo funciona en 2024?

En 2024, la Ley de segunda oportunidad sigue siendo un recurso importante para aquellos que se encuentran en situaciones financieras difíciles. Esta ley ofrece la posibilidad de cancelar las deudas a personas, particulares y autónomos, que se encuentran en situación de insolvencia. Sin embargo, los requisitos para acogerse a esta ley pueden variar por lo que es fundamental contar con asesoramiento especializado para asegurarse de cumplir con los criterios necesarios.

En este sentido, un equipo de profesionales como Reclamapormi.com se ha destacado como experto en el sector, brindando orientación y apoyo a quienes desean explorar y sacar el mayor provecho a esta opción legal.

Por lo anterior, a continuación, se menciona qué es la Ley de segunda oportunidad y los requisitos fijados para acceder a la misma. 

¿Qué es la Ley de segunda oportunidad?

La Ley de segunda oportunidad, conocida técnicamente como Ley 25/2015, es una modificación de la ley concursal que permite tanto a particulares como autónomos cancelar todas las deudas pendientes para que tengan un nuevo comienzo sin cargas financieras.

Es decir, es un mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social que estaba dirigido exclusivamente a empresas y ahora también a personas que pueden beneficiarse de sus disposiciones.

Sin embargo, para acceder a los beneficios que ofrece esta Ley es fundamental contar con el asesoramiento profesional de abogados, por ejemplo, desde Reclamapormi.com, entidad especializada en el tema, que permite alcanzar “una justicia al alcance de todos” gracias a su amplia experiencia y los altos porcentajes de éxito en los casos jurídicos.

Requisitos fijados para acceder a la Ley de segunda oportunidad

Ahora bien, antes de mencionar los requisitos para acceder a la Ley de segunda oportunidad, es importante precisar que estos son de carácter general y están sujetos a posibles modificaciones en la Ley. Por ello, es recomendable consultar con un profesional para determinar si la persona particular o autónoma cumple con los requisitos. A continuación, se enumeran:

Ser una persona física: la Ley contempla la posibilidad de acogerse a particulares y autónomos, excluyendo a las empresas, que siguen un procedimiento diferente.

Demostrar insolvencia: es necesario evidenciar que no se puede hacer frente a los pagos a los acreedores.

Actuar de buena fe: implica no haber actuado de manera fraudulenta o deshonesta en la acumulación de deudas o en la ocultación de bienes o información, y haber realizado esfuerzos razonables para cumplir con las obligaciones adquiridas.

Tener una deuda inferior a 5 millones de euros: la Ley establece un límite máximo de deuda para acogerse a ella.

Demostrar falta de recursos o patrimonio para hacer frente a las deudas: se debe acreditar que no se cuenta con los recursos económicos suficientes ni con un patrimonio significativo que permita afrontar las obligaciones adquiridas.

No haber sido culpable de un concurso de acreedores anterior: si el deudor ha sido declarado culpable de un concurso de acreedores, no podrá acogerse a la Ley de segunda oportunidad.

No haber solicitado previamente acogerse a la Ley de segunda oportunidad en los últimos 5 años: debe haber transcurrido al menos este tiempo desde la solicitud anterior, para evitar un uso indebido de la ley.

De esta manera, al solicitar la ley de la segunda oportunidad se podrán aprovechar sus beneficios, no obstante, es importante tener en cuenta que este proceso requiere planificación, seguimiento y compromiso para obtener los resultados deseados.

Por ello, si se realiza correctamente, esta ley puede ayudar a recuperar las finanzas, pero si se hace de forma incorrecta, no solo no se logrará el objetivo, sino que también se impedirá volver a intentarlo durante 5 años.