El descontrol de la Administración en el Riu Oliva de Fuerteventura

A partir de hoy, 16 de octubre, sería cuando el hotel Riu Oliva Beach de Fuerteventura, ubicado en el enclave de las Dunas de Corralejo, iría despidiendo a sus últimos visitantes durante unos meses. Las obras de remodelación de las instalaciones comenzarían una semana más tarde, el día 23 de octubre, de modo que para entonces el hotel estaría vacío. Sin clientes, los trabajadores irían a un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) y el Riu Oliva Beach, abierto desde el año 1976, podría comenzar a adaptarse a los tiempos que corren.

No obstante, unas semanas antes de que las obras comenzaran, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) admitía un recurso emitido por la Abogacía del Estado, en representación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el que se pedía la paralización de las obras. Unos meses antes, en mayo de este mismo año, el Gobierno de Canarias había permitido que el hotel iniciase la reforma.

“Faltaban quince días para que empezaran las obras y las paralizaron temporalmente. Los trabajadores estaban preparados para irse al ERTE. Lo tenían todo previsto. Unos tenían viajes, otros tenían proyectos por hacer… y se han quedado muy decepcionados”, comenta en una conversación con elcierredigital.comEnrique Saavedra, presidente del Comité de Empresa del hotel Riu Oliva Beach.

Según explica, unas 400 familias viven del hotel. Él mismo, al igual que sus padres, es trabajador de lo que él denomina  sin dudarlo como  “un hotel que ha sido el corazón de la zona norte de Fuerteventura. Aquí, en esta parte de la isla,  no había absolutamente nada, todo el mundo vivía de los hoteles”, declara.

La paralización de las obras ha dado al traste con los planes iniciales de la cadena Riu. El hotel ha vuelto a abrir sus reservas para que sus empleados puedan seguir trabajando. Según Saavedra,  “el hotel está deteriorado. Está en una muy buena localización y debería ser competitivo con el resto de hoteles hoy en día”.

Casi seis años esperando una reforma

La lucha del hotel Riu Oliva Beach no viene de ahora. Las instalaciones se construyeron sobre terrenos particulares comprados por inversores alemanes en los años 70, dentro de lo que después se conocería como Dominio Público Terrestre. En 1992 empezó el deslinde de ese tramo de costa. La Ley de Costas de 1988 permitía a los dueños permanecer como concesionarios. Evidentemente, pagando. En el caso de Riu, este desembolsa dos millones de euros al año divididos en pagos cada seis meses de 998.000 euros.

En 2016 se renovó por 75 años la concesión a Riu, pero la empresa entendió que el hotel necesitaba mejoras. Por ello solicitaron a la delegación de Costas, en la provincia de Las Palmas, el pertinente expediente de licencia el 4 de diciembre de 2017. Se pretendían iniciar los trabajos el 4 de enero de 2018, pero el Ministerio de Transición Ecológica paralizó el asunto.

Unos años más tarde, en 2021 —después de que la competencia de la gestión del litoral pasase a las Islas Canarias— desde el Riu Oliva Beach volvieron a solicitar la licencia de obras. Aunque les fue concedida y tenían previsto iniciar las obras este año, una nueva traba burocrática las ha vuelto a paralizar.

Los diferentes problemas a los que se han enfrentado a lo largo de estos casi seis años por parte del Ministerio de Transición Ecológica han sido el motivo por el que Riu se ha querellado contra el citado ministerio. La querella, en la que acusan a algunos altos cargos del ministerio de un presunto delito de prevaricación, ha sido admitida a trámite. “Pusimos la querella porque hay un empecinamiento, una especie de acoso administrativo contra este hotel y contra la empresa. Porque el edificio es de la empresa, al igual que los trabajadores y los clientes, aunque el terreno sea público”, explica en una conversación con elcierredigital.comAlbert Puig, director de Comunicación y Relaciones Institucionales del grupo Riu.

“Nos obligan a reformar, pero a la vez nos niegan la reforma”

Aunque el Ministerio de Transición Ecológica inició el pasado año un expediente de caducidad de la concesión, el Riu podrá operar, gracias a la última ampliación de concesión de 75 años, hasta el 11 de febrero de 2089 en el Oliva Beach. No obstante, según Puig, el Estado podría “reclamar la concesión”.

“Es un contrato draconiano. Hay que pagar al Estado para poder estar ahí. En el caso del Riu, estamos hablando de más de 2 millones de euros al año. Pero además, el Estado te obliga a tener el hotel en perfecto estado, por lo que hay que ir reformando la instalación, porque si no, nos podría quitar la licencia. Así que estamos en un bucle. El contrato con el Estado nos obliga a reformar el hotel, que está ya un poco viejo, y el Estado de la misma manera nos niega la reforma. Y no salimos del bucle”, sostiene Puig ante elcierredigital.com.

El director de Comunicación explica que la reforma del Oliva Beach es “una reforma típica y tópica. No se tocan las volumetrías, porque al ser una concesión no se pueden tocar. Teníamos hecha incluso una habitación piloto, donde se veía que las camas, los baños, etc., iban a ser nuevos”.

Este “bucle” en el que el Riu Oliva Beach se encuentra estaría afectando no solo a las 400 familias que viven del trabajo que les ofrece el hotel sino a toda la oferta complementaria derivada del alojamiento de los turistas: taxistas, excursiones…

La situación ha dado lugar a dos bandos. Por un lado, Riu y algunas instituciones, como el Ayuntamiento de La Oliva (Fuerteventura) y el Gobierno de Canarias, que alaban la labor del hotel en la isla y pretenden que siga operando y pueda iniciar sus reformas. De hecho, fue el Gobierno de Canarias quien concedió al Riu Oliva Beach el premio de Turismo Islas Canarias a la Proyección Internacional. Según alegó, porque la infraestructura fue “pionera en la apertura de Canarias al mercado turístico europeo, con un factor de dinamización y modernidad en el Archipiélago”.

En el otro bando se encuentran las asociaciones de ecologistas, la Dirección General de Costas y el propio Ministerio de Transición Ecológica, que tienen intención de demoler las instalaciones una vez haya acabado la concesión, ya que consideran que se encuentran dentro del Parque Natural de Corralejo a pesar del deslinde que se realizó. Esta medida, de llevarse a cabo, podría dejar sin trabajo a los más de 400 empleados del hotel y a todos aquellos que viven, indirectamente, de los turistas que se alojan en él.