Afectados de Galicia reclaman su dinero por el 'pacto de precios' de los fabricantes de automóviles

Se organizan para reclamar a las compañías de coches más conocidas de España miles de euros, en concreto, cada afectado podría reclamar entre 2.000 y 9.000 euros. Este derecho se ha otorgado a raíz de las recientes sentencias del Tribunal Supremo que confirman la sanción que la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia impuso a los fabricantes de coches. 

Los consumidores que han sufrido esta práctica desleal tienen un plazo de un año para reclamar la deuda, a contar desde la Sentencia del Supremo. O lo que es lo mismo, hasta junio de 2022 se podrá reclamar la sobrecarga del precio.

Estas prácticas ilegales, desarrolladas entre 2006 y 2013, produjeron un aumento injustificado sobre los precios de los coches, perjudicando directamente a las personas que adquirieron un vehículo nuevo o de segunda mano en un concesionario.

Para reclamar estas cuantías solo hace falta, en primer lugar, la factura comercial o cualquier otra prueba de la cuantía por la que se adquirió el vehículo, y en segundo lugar, la ficha técnica y el permiso de circulación.

La investigación abierta en el año 2013 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra el pacto de precios en las redes de venta de automóviles en España toma impulso. La decisión del Tribunal Supremo de desestimar los recursos interpuestos por quince de las firmas acusadas abre la vía para que los más de diez millones de afectados -particulares y empresas que entre febrero de 2006 y agosto de 2013 adquirieron un coche nuevo- reclamen a los fabricantes una indemnización que, en función de la marca y el modelo adquirido, podría variar entre los 1.500 y los 2.500 euros de media. 

Y es que el Alto Tribunal ha ratificado en los últimos seis meses las multas multimillonarias impuestas por la CNMC a los principales fabricantes automovilísticos por vulnerar las normas de competencia y constituir un cártel para el intercambio de información "secreta, futura y estratégica" que tenía como objetivo beneficiar exclusivamente a las marcas partícipes, en detrimento de los clientes.

En concreto, en el año 2015, el organismo regulador impuso la mayor multa de su historia, 171 millones de euros, a una veintena de fabricantes y distribuidores de automóviles, así como a dos consultoras, acusadas de prácticas contra la competencia por "el intercambio sistemático de información confidencial comercialmente sensible, tanto actual como futura y altamente desagregada, que cubría la práctica totalidad de las actividades realizadas por las empresas sancionadas mediante su Red de distribución y postventa: venta de vehículos nuevos, usados, prestación de servicios de taller, reparación, mantenimiento y venta de piezas de recambios oficiales". 

La CNMC impuso la mayor multa de su historia, 171 millones de euros, a una veintena de fabricantes.

La acusación implicaba a marcas como Citroen, Mitsubishi, BMW, Chevrolet, Chrysler, Jeep, Dodge, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Ford, Opel, Honda, Hyundai, KIA, Mercedes Benz, Nissan, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Lexus, Toyota, Audi, Skoda, Volkswagen, Saab y Volvo; que representan más del 90% de la cuota de mercado.

El Supremo abre la puerta a las reclamaciones

Una agrupación de esta índole, explican desde la Asociación de Afectados por el Cártel de Coches, acaba afectando al consumidor, "puesto que las empresas ya no sienten la necesidad de ofrecer descuentos, promociones o precios competitivos". En esta misma línea, "el poder de negociación que aportaba el conocimiento de las estrategias comerciales de los otros fabricantes de coches facilitaba la interposición de sobrecostes en los procesos de adquisición y servicios de postventa". Según estiman desde la empresa Consultores Técnicos, el sobreprecio pudo estar en el entorno del 10%.

Por ello, ahora, tras seis años de litigio, las resoluciones del Tribunal Supremo abren la puerta para que los afectados puedan reclamar el dinero que pagaron de más por los vehículos. Para ello, como explican desde la AACC, tienen un plazo de un año a contar desde la publicación de las sentencias del Supremo para aportar "la cuantificación detallada del daño, así como información de las transacciones comerciales llevadas a cabo con el distribuidor comercial o fabricante de coche que haya propiciado la situación".

En este sentido, las perspectivas de éxito son halagüeñas, ya que, en abril de este año, un tribunal de Cádiz ya falló a favor de un cliente y condenó a un concesionario de Audi y Volkswagen a pagarle 2.000 euros por la compra de un vehículo en 2010, que le costó 25.000 euros. La empresa, además, fue condenada a pagar los intereses y las costas.