El Gobierno pretende limitar por Ley la libertad de acceso de la Prensa a las causas judiciales mediáticas

Los 70.000 muertos a causa de la pandemia del Covid desde marzo de 2020 no parecer ser motivo suficiente para que el Gobierno se centre en lo importante, salir de la crisis sanitaria, pero, sin embargo, el Ministerio de Justicia de Juan Carlos Campo se entretiene en buscar el mejor modo de matar al mensajero.

Primero fue la polémica por la organización de las ruedas de Prensa con la información sobre el COVID. Después el publicitado proyecto contra las fake news donde el Gobierno decidía lo que era verdad o mentira con respecto a la información y ahora llega el tercer intento, que está pasando casi de puntillas entre los medios de comunicación: El Gobierno español aprobará el próximo martes un nuevo anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal que restringirá el acceso a la información y a los informadores en la fase de investigación.

Rueda de Prensa de la Policia Nacional.

De tal manera que las ruedas de prensa de la Guardia Civil o de Policía Nacional estarán prohibidas en los casos en que afecten a causas abiertas o en proceso de investigación. El anteproyecto de Ley ha sido adelantado por Confilegal en sus páginas:

“Una transmisión indiscriminada de su contenido a la opinión  pública supone un gran atentado para el derecho a la presunción de inocencia. (…) Se busca que el flujo de información se limite a lo esencial, desde el punto de vista del interés informativo y que se transmita de una forma aséptica y objetiva”, se puede leer en un resumen del Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) distribuido por el Ministerio de Justicia. Lo que no especifica el texto es quién decide lo que es de interés informativo dentro del engranaje de la Justicia, porque hasta ahora eso lo han decidido los propios informadores, amparados en el artículo 20 de la Constitución Española.

A decisión de las Fiscalías

El anteproyecto de la LECrim pone en manos de los fiscales la decisión de ofrecer o esconder información al proclamarlos "cauce oficial de la información". Una medida que no ha tenido en cuenta que el Ministerio Fiscal es posiblemente una de las instituciones más opacas y herméticas de la Justicia, incluso por encima de los propios jueces. El problema principal es que los fiscales no son expertos en comunicación ni les interesa especialmente serlo y, por tanto, enfrentarse a los medios de comunicación no ha estado nunca dentro de sus atribuciones.

De esta manera, todo el cauce informativo que a día de hoy producen los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Tribunales Superiores, así como el resto de los juzgados de instrucción  de España, amparados bajo el Protocolo de Comunicación de la Justicia del Consejo General del Poder Judicial, podría quedar mermado sensiblemente.

Parece que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende restringir la libertad de información y más concretamente de acceso a información judicial como nunca había ocurrido en toda la democracia española desde 1976. Es decir, ahora quedaría sin contenido el trabajo de los portavoces de la Guardia Civil, Policía Nacional y policías autonómicas sobre los casos que están siendo investigados o las detenciones que se realicen de sospechosos, excepto si son autorizadas por el Fiscal que lleva a cabo la investigación y éste dispondrá de autonomía para adoptar la decisión que estime oportuna.

En el resto de países europeos esto ya funciona así y normalmente los fiscales se enfrentan a ruedas de prensa y responden a las preguntas de los periodistas. El problema en España es que los fiscales no tienen la formación necesaria para realizar esta función, ya que apenas reciben algunos cursos de comunicación, que nunca son impartidos por periodistas de Tribunales o Sucesos. 

Juan Carlos Campo, ministro de Justicia.

“Salvo autorización del fiscal responsable de la investigación, los órganos gubernativos y policiales no estarán autorizados para transmitir datos relativos al procedimiento en curso”, dice el resumen del anteproyecto en el apartado C titulado "El régimen general de las actuaciones", dedicado en exclusiva a la transmisión de información: "Una transmisión indiscriminada de su contenido a la opinión pública supone un grave atentado para el derecho a la presunción de inocencia", recoge el anteproyecto de la LECrim.

“Ha de ser el fiscal director de la investigación el que realice la selección de los elementos que, por su interés informativo, pueden ser transmitidos a la ciudadanía y debe ser él también el que fije los términos en los que se han de consignar los datos correspondientes, asumiendo la responsabilidad derivada de los excesos o errores en que pueda incurrir en esta delicada labor. Los datos que, en general, pueden tener interés informativo, quedan reseñados en el texto articulado”, concluye este apartado.

El Ministerio de Justicia asegura que esta nueva “regulación propuesta” introduce garantías ajustadas a los cánones marcados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional. Sin embargo, en el texto Justicia no dice nada sobre la regulación de los Colegios Profesionales de periodistas ni sobre la obligatoriedad de poseer un título de Ciencias de la Información para poder ejercer como informador y evitar el intrusismo profesional, por ejemplo.