Prisa presiona a Secuoya para su nuevo canal de TV con J. Pablo López y J. M.Contreras

Ni las pérdidas en 2023 de 33 millones de euros, ni una deuda que ronda los 800 millones de euros son óbice para que el Grupo Prisa esté maniobrando 'en las sombras' para regresar a la televisión en abierto. Y todo esto para alegría del Gobierno de España, que tiene al editor de 'El País' y la 'Cadena SER' como uno de sus escasos aliados periodísticos en el conservador ecosistema mediático español. 

Como ya contó hace más de un mes Elcierredigital.com, Prisa quiere lanzar una nueva señal que aúne información y entretenimiento bajo la dirección de José Pablo López, fundador de Trece, ex director general de Telemadrid y director de Contenidos de RTVE hasta el pasado mes de marzo.

La única señal de la TDT con posibilidades de ser alquilada por Prisa es 'Ten', lanzada por el Grupo Secuoya en 2016 tras ganar una licencia en un concurso gubernamental (gracias a su cercanía con la entonces vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, según aseguraron varios medios) y explotada desde 2018 por Mediapro. 

Ten, que emite desde hace unos días el heredero de 'Sálvame' ('Ni que fuéramos Shhh...'), podría pasar a manos de Prisa, que en 2010 vendió Cuatro y Digital+ y en 2020 regresó al campo audiovisual tras comprar LaCoproductora, puesta en marcha por José Miguel Contreras y Jorge Pezzi. 

Contreras podría ser una de las piezas clave en la nueva televisión de Prisa, que también cuenta en su cuadro directivo con otros experimentados profesionales como Fran Llorente (director de los premiados 'Telediarios' durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero) o Enric Hernández (ex director de Actualidad de RTVE). 

Elcierredigital.com ya contó el mes pasado que La Moncloa bendeciría esta operación mediática que genera dudas en Secuoya. El grupo liderado por Raúl Berdonés cree que Atresmedia, en venganza por facilitar el retorno de Prisa, podría dejarle sin contratos como el de 'Equipo de investigación'. 

Palos de Prisa a Mediaset y Atresmedia

El País publicó hace unos días el reportaje "Teles: una audiencia en declive y un buen negocio", que decía que "la inversión publicitaria en televisión se mantiene plana o ligeramente decreciente en los últimos años y quienes más acusan ese declive son los canales en abierto, pero la situación de un duopolio de facto en el mercado audiovisual español permite a ambos grupos contener la sangría".

"En 2023, la inversión publicitaria de las televisiones nacionales en abierto controladas por Infoadex se situó en 1.480 millones de euros, lo que supone un decrecimiento del 2,6% con respecto al 2022. Pero estos dos grupos audiovisuales concentran el 82% del total de la inversión recibida por el medio, según datos de Infoadex. Ni las televisiones de pago ni los canales estatales y autonómicos les hacen sombra", señalaba el diario de Prisa. 

Señala El País que la trasposición que ultima el Gobierno sobre la ley europea de Libertad de Medios contempla la creación de órganos que investiguen la concentración mediática (tal y como podría estar dándose en la televisión en abierto con Atresmedia y Mediaset, que se reparten más del 80% de la facturación publicitaria). 

La apuesta del Parlamento de Europa con esta regulación era otorgar "una mayor protección frente a injerencias indebidas y, en el caso de los medios de comunicación públicos, los periodistas tendrán garantías de que su empleador dispone de financiación adecuada, sostenible y previsible para futuras operaciones, de conformidad con su misión de servicio público". 

Esta ley también colocaría en la diana las sombras de algunos medios en materia de propiedad y publicidad institucional. "A fin de que el público conozca quién controla los medios de comunicación y qué intereses pueden influir en la información que difunden, todos los medios informativos —independientemente de su tamaño— tendrán que publicar en una base de datos nacional la identidad de sus propietarios, también si son parcial o totalmente de titularidad pública", señalan. 

"De la misma forma, los medios de comunicación tendrán que informar sobre los fondos públicos recibidos en concepto de publicidad o en forma de subvenciones, incluidos los procedentes de terceros países", dice el Parlamento de Europa. 

"Los fondos públicos concedidos a los medios de comunicación o a las plataformas en línea deberán asignarse mediante criterios públicos, proporcionados y no discriminatorios. La información sobre el gasto público en publicidad será transparente, incluida la cantidad total anual y la cantidad otorgada a cada medio", añaden. 

La UE también dice que "las autoridades tendrán prohibido presionar a los periodistas y editores para que divulguen sus fuentes: no podrán detenerlos, sancionarlos, hacer búsquedas en sus oficinas o instalar programas de vigilancia intrusivos en sus dispositivos electrónicos". 

José Pablo López espera en la reserva

José Pablo López acumula tres meses en el paro tras su bronco despido de RTVE por una pugna con la anterior presidenta de la Corporación pública, Elena Sánchez Caballero. 

Fuentes del sector explican que el directivo malagueño "ha demostrado que sabe nadar muy bien en las aguas políticas y tarde o temprano volverá a salir a flote".