La izquierda de América se moviliza por el 50 aniversario del golpe de Estado en Chile

El pasado lunes las autoridades chilenas informaron que los presidentes de Argentina, Colombia, México y Uruguay confirmaron su asistencia a la conmemoración del 50 aniversario del golpe de Estado de 1973, que se llevará a cabo este lunes 11 de septiembre.

La sociedad chilena se prepara para el aniversario de uno de los eventos más trascendentes de su historia contemporánea. En lo político, los mandatarios que acompañarán al presidente chileno Gabriel Boric en los eventos que están programados son el argentino Alberto Fernández, el colombiano Gustavo Petro, el mexicano Andrés Manuel López Obrador y el uruguayo Luis Lacalle.

El Ministerio local de Relaciones Exteriores chileno indicó en un comunicado que también asistirán a los actos el primer ministro de Portugal, António Costa, y el presidente del Consejo Federal de Alemania, Peter Tschentscher. Además, estarán presentes, entre otros, los expresidentes de Colombia, Ernesto Samper y Juan Manuel Santos; de Costa Rica, Laura Chinchilla; de Uruguay, José Mujica, y del Gobierno de España, Felipe González.

El golpe y la ‘mano’ de Estados Unidos

Lo sucedido el 11 de septiembre de 1973 aún reverbera en la sociedad chilena, que busca redimirse de la sombra de la dictadura y cerrar heridas. La incursión militar llevada a cabo por las Fuerzas Armadas de Chile, que estaban conformadas por la Armada, la Fuerza Aérea, Cuerpo de Carabineros y el Ejército, derrocó al presidente socialista Salvador Allende y al gobierno de la Unidad Popular.

Las tropas del ejército y los aviones de la Fuerza Aérea  atacaron el Palacio de La Moneda, la sede del Gobierno. Existen muchas versiones sobre la muerte del entonces presidente, Salvador Allende, aunque la oficial apunta que se suicidó mientras las tropas militares ingresaban al Palacio.​

Este golpe dio origen al establecimiento de una junta militar liderada por Augusto Pinochet. Chile, que hasta ese entonces se mantenía como una de las democracias más estables en América Latina, vio como el autoritarismo se apoderaba del país.

Richard Nixon, el entonces el presidente de Estados Unidos, y Henry Kissinger, consejero de Seguridad Nacional, mantuvieron un diálogo apenas cinco días después de ocurrir el golpe de Pinochet, tal y como revelaron documentos desclasificados por Washington.

"Lo de Chile se está consolidando”, le informó Kissinger, desestimando las críticas de algunos medios al derrocamiento de un gobierno democráticamente electo en ese país. “En la época de Eisenhower seríamos héroes”, comentaba el consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.

El presidente Nixon, por su parte, respondió: “Nuestra mano no se nota en este caso sin embargo”. “Nosotros no lo hicimos. Es decir, los ayudamos”, estableció Kissinger.

Ese diálogo, uno de los varios registros desclasificados por las autoridades de Washington a lo largo de los años, es parte de las evidencias sobre  el rol que tuvo EE.UU. en la caída del presidente socialista de Chile, Salvador Allende, y el quiebre institucional y social que provocó la posterior dictadura de Pinochet.

Las cintas se publicaron en Estados Unidos en la página web nixontapes.org, y recoge conversaciones que muestran por primera vez el posible reconocimiento del papel de la CIA en el asesinato, en 1970, del comandante en jefe del Ejército chileno, el general  René Schneider, con el objetivo de boicotear la toma de posesión de Allende como presidente de Chile.

En las grabaciones se incluyen varias conversaciones sobre Chile entre Nixon y su consejero de Seguridad Nacional y posterior secretario de Estado, Henry Kissinger. Además de las declaraciones anteriormente expuestas, existen otras grabaciones en las que trataban a Allende de "hijo de puta" y decían que querían "patear su trasero".

"Es un Estado fascista", expresa Nixon en una conversación en el Salón Oval de la Casa Blanca al referirse al triunfo de la coalición de Allende, la Unidad Popular, en las elecciones municipales de abril de 1971. De acuerdo a la transcripción de las cintas, ofrecida por diversos medios de comunicación internacionales,  a Nixon le molestó mucho la decisión de Allende de nacionalizar las empresas estadounidenses en Chile, en especial las dedicadas a la extracción del cobre, principal producto del país.

En estos momentos, a falta de menos de una semana para el 50º aniversario de este episodio, la polémica intervención de Estados Unidos vuelve a abrir el debate sobre si deberían pedir perdón por haber propiciado el golpe de Pinochet, y el derrocamiento de Allende.

Según las fuentes consultadas por diversos medios de comunicación internacionales, el Congreso estadounidense estaría considerando impulsar una resolución que sugiera algún tipo de ‘mea culpa’ de parte de Washington. 

El embajador de Chile ante la Casa Blanca, Juan Gabriel Valdés, expresó para la BBC que su país ha puesto mucho énfasis en conocer los archivos de EE.UU. todavía secretos sobre el golpe, pero saludaría un gesto de arrepentimiento o disculpas de Washington aunque no lo reclama.

Chile 50 años después del golpe

A pesar de haber pasado medio siglo desde que se produjo, la sociedad chilena aún se divide al opinar sobre el golpe de Estado  liderado por Augusto Pinochet, quien gobernó el país con dureza y de manera autoritaria hasta 1990. Hay quienes condenan el levantamiento armado y las violaciones a los derechos humanos que se produjeron desde la llegada al poder de Pinochet, otros piensan que la intervención militar salvó al país del rumbo que había tomado con el presidente electo, Salvador Allende.

El presidente chileno Gabriel Boric lanzó el pasado miércoles un plan para que el Estado chileno comience a buscar a las más de 1.100 personas que siguen desaparecidas, una tarea que hasta ahora han realizado familiares de las víctimas y diversos grupos de derechos humanos.

El presidente Boric, en su discurso del pasado 30 de agosto desde la plaza de la Constitución de Santiago —en una ceremonia a la que  asistieron ministros y familiares de las víctimas, pero que no fue apoyada por la oposición derechista—, hizo referencia al triste y trágico balance del régimen de Pinochet: "Esa cifra nos debe doler, nos debe hacer arder la sangre porque da cuenta de la magnitud de la deuda que tenemos como Estado, y como sociedad", expresó Boric ante la multitud.

Tras el decreto firmado por el presidente surgieron cientos de mensajes en las redes sociales que aplaudían la decisión y exigían justicia: "Presidente, no quiero morir sin saber dónde está mi hermano. Ya van a ser 50 años y no lo encuentro", rezaba una de las publicaciones.

Muchos de estos desaparecidos fueron lanzados al mar, enterrados en diferentes sitios o desenterrados y vueltos a enterrar en otro lugar. A esta última maniobra le dieron un nombre en clave: 'Operación de retiro de televisores'. Además, echaban cal sobre los muertos creyendo que de esta manera borrarían todo tipo de huellas.

Mientras una parte de Chile llora todavía no haber podido encontrar a sus padres, hermanos, hijos o nietos. Otra parte protesta e invita a Boric a que se olvide del pasado y se centre en el presente, en la situación actual del país, donde la situación económica es delicada, la delincuencia ha crecido y políticamente hoy se vive un conflicto serio por el 'caso Convenios', que ha provocado la dimisión de cinco dirigentes de la coalición presidencial por el escándalo de haber desviado fondos oficiales a fundaciones amigas.

Los crímenes de la dictadura y la búsqueda de víctimas

Se estima que durante la dictadura de Augusto Pinochet más de 28.000 ciudadanos fueron víctimas de prisión y tortura, 2.298 fueron ejecutados y 1.469 detenidos desaparecieron, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. Sin embargo, solo se ha logrado encontrar los cuerpos de 307 personas; del resto sigue sin haber noticias.

Además, a los asesinados por la dictadura de Pinochet hay que sumar a los expresidentes chilenos Salvador Allende (aunque la versión oficial apunta que se suicidó) y Eduardo Frei, el excanciller Orlando Letelier, asesinado en Washington y el ex comandante jefe del ejército Carlos Prats, en Buenos Aires, así como la sospecha de crimen del premio Nobel de literatura, Pablo Neruda.

El proyecto de búsqueda impulsado por la administración de Boric  ha conseguido el apoyo de la ex presidentaMichelle Bachelet, que expresó que "es importante haber hecho este programa porque cuando uno ve en las encuestas que un porcentaje no menor de la población cree que la democracia da lo mismo que la dictadura, uno dice qué horror, aquí estamos ante un peligro", puntualizó Bachelet ante los medios locales tras una reunión con el actual presidente. 

Bachelet, que fue Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expuso otro argumento, con más contundencia y al que los medios locales han dado más peso: "Hay cosas que uno no puede perdonar, los crímenes de lesa humanidad jamás serán perdonables, las violaciones de los derechos humanos jamás serán perdonables, el quiebre de la democracia jamás puede ser una excusa", sostuvo la expresidenta.