La Fiscalía apoya el recurso del colectivo Trece Rosas contra Ortega Smith.

El fiscal del Tribunal Constitucional solicita a la Sala Primera que se replantee la decisión de inadmitir a trámite el recurso de amparo que se interpuso contra el secretario general de VOX, Javier Ortega Smith, a causa de las acusaciones que vertió en octubre del año 2019 en TVE sobre las mujeres conocidas comolas Trece Rosas: “Lo que hacían era torturar, violar y asesinar vilmente”.

La Fiscalía pide que la resolución en la que se inadmitía quede sin efecto, ya que se produjo a causa de no haber concluido el proceso judicial que había abierto. El recurso de amparo se solicitó, precisamente, tras la inadmisión del Tribunal Supremo de la querella contra Ortega Smith, puesto que se consideraba que las palabras del diputado de la formación verde no constituían, en ningún caso, un delito de incitación al odio, injurias y calumnias graves.

La impunidad de sus palabras

Tanto la Asociación Trece Rosas Asturias como los familiares de una de las muchachas del grupo que ha pasado a la historia con el nombre de las Trece Rosas se querellaron por estos hechos contra Javier Ortega Smith. El político afirmaba en un programa de la televisión pública que las Trece Rosas, fusiladas el 5 de agosto de 1939, eran torturadoras, violadoras y asesinas. Tras la inadmisión del Alto Tribunal, solicitan en un recurso de amparo al Tribunal Constitucional que se revoque esa decisión y se celebre un juicio verbal con implicados y testigos.

El grupo denunciante pide que se dicte sentencia por un delito de calumnias y que el secretario general de VOX se disculpe y retire las graves acusaciones dirigidas a las Trece Rosas. La Asociación Trece Rosas Asturias y los familiares de una de las mujeres se niegan a que estas palabras queden impunes y solicitan que Ortega Smith sea inhabilitado para el ejercicio de cualquier cargo público.

La Fiscalía apoya la investigación

Ya en el mes de julio de 2021, la Fiscalía se declaró a favor de la investigación por delito de odio a Javier Ortega Smith, que goza de la condición de aforado gracias a su puesto en el Congreso de los Diputados. En el texto, recordaba la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo en estos casos: los políticos deben evitar la emisión de discursos que puedan fomentar la intolerancia y dañar la dignidad de los aludidos, constituyendo un riesgo para el sistema de libertades.

El Tribunal Supremo, por su parte, tiene un criterio propio en la resolución de este tipo de conflictos y explicaba que su función, en estos casos, es la de “valorar, atendiendo a las circunstancias concurrentes y la expresión de las ideas vertidas”, si esas declaraciones constituyen un uso lícito y justo de la libertad de expresión o si “la expresión es atentatoria a los derechos y a la dignidad de las personas a las que se refiere”. De esta manera, concluía en que para que la conducta fuera sancionada debería constituir “un peligro cierto de generar un clima de violencia y hostilidad que puede concretarse en actos específicos de violencia, odio o discriminación contra aquellos grupos o sus integrantes como tales”.