ElCierreDigital El Supremo impone una fianza de 12.000 euros a IU y al PCE para seguir a Juan Carlos
Izquierda Unida y el PCE pretenden conseguir información de don Juan Carlos de Borbón a través de los juzgados.
Jugada maestra en la sala de máquinas de La Moncloa por el 6D. Y es que el Gobierno de España, conformado por PSOE y Unidas Podemos, quizá fue el que filtró a El País la información sobre la intentona de don Juan Carlos de Borbón de regularizar su situación fiscal.
El rey emérito, según el diario de PRISA, tendría la intención de aceptar la actividad de unas tarjetas opacas que le habría cedido el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause. Pablo Echenique, de Unidas Podemos, ironizó sobre el asunto: "Menudo día ha elegido Juan Carlos I para confesar que ha defraudado a la Hacienda española".
IU y el PCE quieren conseguir información en los juzgados
El PSOE tiene 'oídos amigos' en el mundo judicial y sus socios pretenden tenerlos. Y es que Izquierda Unida y el Partido Comunista de España han interpuesto una querella contra don Juan Carlos de Borbón.
El Tribunal Supremo, entre que decide aceptarla o rechazarla, ha impuesto una fianza de 12.000 euros a ambas formaciones comunistas y al Foro de los Abogados y Abogadas de Izquierdas, que este martes han depositado la citada cantidad.
IU dice que "cinco magistrados de la Sala de lo Penal que entiende de esta causa, que preside y en la que actúa como ponente Manuel Marchena, deben decidir ahora si admiten o no la querella que imputa al rey emérito, su ex amante Corinna Larsen y otras seis personas 13 presuntos delitos, tras haberla archivado en tiempo récord el año pasado".
La querella 'original' data de 2018
La formación liderada por Alberto Garzón asegura que el Supremo "ha decidido reactivar las diligencias relativas a la causa especial 21092/2018 y ha dado el primer paso importante para resolver si decide reabrirla o no. La causa tiene su origen en la querella que Izquierda Unida y el Partido Comunista de España, además del Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda, presentaron ante la Sala de lo Penal del Supremo contra el ex jefe del Estado y actual rey emérito, Juan Carlos de Borbón, y otras siete personas por la supuesta comisión de 13 delitos".
"La querella original se registró en diciembre de 2018, fue archivada en verano de 2019 y los querellantes solicitaron su reapertura a finales de julio pasado, lo que ha motivado los nuevos movimientos del Supremo", aseguran.
La querella va dirigida contra don Juan Carlos de Borbón, Corinna Larsen, Félix Sanz Roldán, Juan Miguel Villar Mir, Juan Villalonga, José Manuel Villarejo, Dante Canónica (abogado suizo) y Álvaro Orleans Borbón.
Los querellados se reparten la imputación de los delitos de cohecho contra la Hacienda Pública, administración desleal, fraude y exacciones ilegales, tráfico de influencias, constitución de grupo criminal, blanqueo de capitales, encubrimiento, amenazas de muerte condicionales, descubrimiento y revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos o corrupción entre particulares.
Los querellantes argumentan que "existen nuevos elementos probatorios que obran en las diligencias de investigación 38/2018 remitidas por la Fiscalía Anticorrupción a la Fiscalía del Tribunal Supremo ante los indicios de comisión de hechos delictivos por parte del aforado S.M. Juan Carlos de Borbón", hecho que podría reabrir la citada causa.
IU recuerda que "la Fiscalía del Supremo investiga el desvío de 65 millones de euros que el ex jefe del Estado realizó a Corinna Larsen, procedentes de una supuesta donación de Arabia Saudí. Esta operación se ejecutó en 2012, cuando aún era rey. Está por ver si la inviolabilidad de la que gozaba en función del cargo le protege ante estos hechos, lo que podría llevar al archivo de las investigaciones relativas a él, no sobre el resto de los protagonistas, lo que aún no se ha hecho público oficialmente".
El PCE busca la III República
El PCE 'celebró' el Día de la Constitución con un comunicado en el que asegura que es tiempo de una Carta Magna "que garantice los derechos básicos: trabajo, vivienda, ingresos mínimos vitales y servicios públicos esenciales (sanidad, educación, pensiones y servicios sociales). Que establezca de forma real y efectiva la igualdad entre hombres y mujeres".
"Una norma suprema del ordenamiento jurídico que garantice el autogobierno de los pueblos en un Estado federal solidario y plurinacional y que instaure una democracia plena, transparente, participativa, laica y republicana", añaden.
Los comunistas piden que se abra "un Proceso Constituyente, entendido como un proceso de movilización popular y democracia participativa, con el objetivo de abolir la monarquía, devolver la plena soberanía política, social y económica a la ciudadanía y a los pueblos, y construir la nueva Constitución".
Podemos por su parte, optó por apostar por un perfil más bajo, quizás debido a la presencia de Pablo Iglesias en el Consejo de Ministros con rango de vicepresidente segundo.
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