El Supremo enviará el 'Delcygate' a la UE para que determine el tribunal competente
La clave es quién debe juzgar el incumplimiento de la prohibición de entrada a Delcy Rodríguez en Schengen
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo archivará las denuncias presentadas ante el Alto Tribunal por el caso 'Delcygate' y la presunta prevaricación administrativa del minisitro José Luis Ábalos, según ha podido saber en exclusiva elcierredigital.com de fuentes jurídicas de toda solvencia. La Sala sostiene que tiene que ser la Unión Europea la que determine primero que Tribunal es el competente para llevar cabo la investigación judicial ante de admitir a trámite cualquier querella.
Por eso, la Sala no ha pedido todavía ni siquiera oficialmente el informe pertinente a la Fiscalía del Tribunal Supremo, ya que considera que debe ser primero el Consejo de la Unión Europea quien determine qué órgano judicial es competente. Si son los españoles o son los propios europeos. Se trata de determinar qué Tribunal -sea europeo o español- debe iniciar la investigación sobre la posible vulneración del acuerdo aprobado por el Consejo de Europa de 17 de noviembre de 2017.
La decisión 2017/2074 establecía en su artículo 6 que "los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para impedir que entren en su territorio o transiten por él: a) las personas físicas responsables de violaciones o abusos graves de los derechos humanos o de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Venezuela; b) las personas físicas cuya actuación, políticas o actividades menoscaben de otro modo la democracia o el Estado de Derecho en Venezuela, enumeradas en el anexo I".
Ese anexo incluía desde junio de 2018 a "Delcy Eloína Rodríguez Gómez", la dirigente bolivariana con la que el ministro José Luis Ábalos se entrevistó la madrugada del 20 de enero. El motivo de la prohibición es el pasado y presente político de Rodríguez: "es vicepresidenta de Venezuela, fue presidenta de la Asamblea Constituyente ilegítima y fue miembro de la Comisión Presidencial para dicha Asamblea. Sus acciones en el marco de la Comisión Presidencial y, a continuación, como presidenta de la Asamblea Constituyente ilegítima han menoscabado la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela, en particular mediante la usurpación de las competencias de la Asamblea Nacional y su utilización para atacar a la oposición e impedirle su participación en el proceso político", según la nota emitida en su día por la Unión Europea.
Ahora, tras el futuro archivo del Tribunal Supremo de la causa del 'Delcygate', la Union Europea deberá determinar que órgano es el competente para investigar en torno a la posible vulneración de la prohibición a Delcy Rodríguez para entrar y hacer tránsito en el espacio de libre circulación Schengen desde junio de 2018, cuando su nombre fue incluido en la lista de personas sancionadas por la Unión Europea por ser cómplices de la represión en Venezuela.
Esto implicaba que tenía prohibida la entrada a suelo europeo y que sus activos en la UE serían congelados, tanto los fondos como recursos económicos de que los que pudiera disponer en territorio comunitario. La número dos de Nicolás Maduro viajó y llegó a España el pasado 19 enero en el mismo avión que el ministro de Turismo, Félix Plasencia, quien esos días visitó la Feria FITUR sin problemas al no figurar entre los sancionados por la Unión Europea.
La presencia de Delcy Rodríguez durante varias horas en el aeropuerto de Madrid, donde incluso se encontró con el ministro español de Transporte José Luis Ábalos, habría incumplido el mecanismo sancionador de la UE, salvo que España hubiera comunicado previamente por escrito su intención de conceder una excepción a la vicepresidenta. Cosa que no se hizo.
Con esta decisión judicial, el Gobierno de Pedro Sánchez puede verse obligado a dar explicaciones ante el órgano del Consejo de la UE encargado de velar por el cumplimiento de las sanciones pactadas por los 28 Estados miembros. Todo apunta a que España vulneró la decisión europea que impuso las sanciones a Venezuela y que fue aprobada por unanimidad, incluido con el voto del Gobierno español.
Hasta ahora, significativamente, la Comisión Europea se había desentendido del incidente provocado por la presencia de Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Adolfo Suárez-Barajas de Madrid.
Dos querellas ante el Supremo
El archivo de la causa del 'Delcygate' por el Tribunal Supremo, a la espera de que la Unión Europea se pronuncie, supondrá que se paralicen las dos querellas interpuestas contra el ministro Jose Luis Ábalos.
La primera de ellas fue interpuesta ante el Tribunal Supremo el pasado 6 de febrero por el Partido Laócrata que presentaba una querella contra Ábalos por prevaricación. A diferencia de la interpuesta por esta formación el Juzgado de Instrucción nº 31 de Madrid, en esta ocasión si iba directamente contra el ministro de Transportes del Gobierno de Pedro Sánchez, ya que Ábalos se encuentra aforado.
Días más tarde, fue la formacion de Santiago Abascal, el partido Vox, quien presentó otra querella contra Ábalos también por un presunto delito de prevaricación y dada su condición de aforado por ser miembro del Gobierno.
Esta nueva decisión del Supremo puede también afectar a la investigación en los juzgados ordinarios de Madrid, donde se investiga este caso, aunque aquí la figura el ministro José Luis Ábalos no está en la acusación ni investigación inicial. Pero sí de afectaría a la posible vulneración del citadoacuerdo aprobado por el Consejo de Europa el 17 de noviembre de 2017.
La instrucción del Juzgado nº 31 de Madrid
Por ahora , es el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid que investiga la visita de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez a Barajas y ya ha solicitado al Ministerio del Interior información sobre la aplicación o no del veto de la Unión Europea sobre 25 dirigentes venezolanos que no puedan pisar zona Schengen, ni transitar por Europa.
El juez Antonio Serrano-Arnal, titular del juzgado de Instrucción número 31, ha pedido oficialmente al Ministerio que informe sobre el "procedimiento seguido para la implementación, efectividad y cumplimiento en el territorio español" de esa decisión del Consejo de Europa, adoptada en 2017. Y en concreto aclarando "la puesta en conocimiento de funcionarios y auoridades encargadas de su vigilancia y cumplimiento". También ha pedido que se identifique al funcionario encargado de dar cumplimiento de esta orden europea en Barajas.
Este juzgado se hizo cargo en su día de la querella presentada por prevaricación por el Partido Laócrata y también la semana pasada de la presentada por el Partido Popular, que inicialmente recayó en otro juzgado por el mismo hecho, en el Juzgado número 47. Pero como la primera denuncia fue presentada por el Partido Laócrata en los juzgados de Plaza de Castilla, está mandaba.
El cabeza visible de esta formación, el Partido Laócrata, que no tiene representación en administraciones, es el exsocialista sevillano Sergio Cebolla, el militante que intentó enfrentarse en las últimas primarias a Pedro Sánchez.
Pero lo más curioso, quizá a modo de anécdota, que hay contar del juez Serrano-Arnal, a pesar de su discrección, es que presume en privado de su actual pareja sentimental, la aristócrata con reminescencias reales rusas María Vladimirovna Romanova, conocida como la Gran Duquesa María de Rusia.
Esta descendiente de zares nació en Madrid el 23 de diciembre de 1953, donde residían por entonces sus padres exiliados de Rusia. Sus antepasados emparentaron con los zares de Rusia y ahora María Vladimirovna se ha autoproclamado emperatriz y autócrata de Todas las Rusias, bajo el título de Maria I de Rusia, con el apoyo de los legitimistas. Si bien sus reclamaciones dinásticas son muy discutidas por otras facciones pretendientes al trono de Rusia.
La pareja sentimental del juez Serrano-Arnal, que ahora llevará la investigación del caso Delcygate, es tataranieta por dos veces, ya que sus abuelos paternos Cirilo Vladimirovich y la princesa Victoria Melita de Sajonia eran primos, de Alejandro II de Rusia, el antepenúltimo emperador ruso. Y por parte de la línea materna desciende de los antiguos reyes de Georgia que perdieron su corona con la anexión de sus territorios al imperio ruso a principios del siglo XIX.
Antes de unirse sentimentalmente con el titular del Juzgado de Instrucción nº 31 de Madrid, estuvo casada desde 1963 hasta 1982, año en el que se separó, con el príncipe Francisco Guillermo de Prusia, perteneciente a la disnastía de los Hohenzollern, con el que tiene un hijo llamado Jorge Mikáilovich y a quien su abuelo le concedió el título de gran duque de Rusia.
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