Qué es y qué no es discriminación inmobiliaria: Los límites para evitar inquiocupas

La discriminación inmobiliaria existe. Y se produce cuando el posible arrendatario recibe un tratamiento desigual debido a su raza, color de piel, ideología, religión, sexo, orientación sexual, edad, discapacidad u otras características protegidas por la Ley.

Lo que no es discriminación inmobiliaria es establecer criterios o requisitos para elegir al inquilino. Estos son la capacidad económica o el hecho de tener o no mascotas. Son criterios legales que pueden aplicarse a la hora de la selección.

Los precios de la vivienda tanto en alquiler como en compra siguen subiendo. La demanda de inquilinos que quieren alquilar un piso ha crecido. Y la oferta de propietarios que quieren alquilar su vivienda ha bajado.

Son muchos los contratos de alquiler que son resueltos. Bien para no alquilar el piso o bien para subir el precio del alquiler (en el mercado por encima de las actualizaciones legales de renta). Aunque la Ley de vivienda pretendía conseguir todo lo contrario, ha resultado contraproducente y perjudicial, pues no satisface plenamente ni a inquilinos ni a propietarios.

El inquilino que tiene un piso alquilado tiene la intranquilidad de que su casero le resuelva el contrato cuando este cumpla los 5 años. El gran problema es que conseguir alquilar una vivienda se complica cada vez más, sobre todo en las principales capitales. Además, las personas y familias con menores garantías de pago tienen mayores dificultades para alquilar un piso y puede convertirse en misión imposible.

Esta situación no es discriminación inmobiliaria en general, pues la discriminación inmobiliaria no suele producirse salvo casos excepcionales.

Siendo realistas, lo que quiere un propietario al alquilar su vivienda es que le paguen el alquiler en el tiempo acordado. Que le mantengan la vivienda en buen estado y que no haya problemas de convivencia con los demás vecinos del edificio.

La discriminación por elementos inherentes a la dignidad de la persona no se produce en la gran mayoría de los casos. Aunque siempre existirá una minoría que atenderá a elementos que puedan ser discriminatorios.

Análisis de diferentes situaciones

No es discriminación inmobiliaria pedir que el inquilino tenga un justificante de ingreso que dé seguridad al propietario. Hay que entender que necesita tener cierta garantía en el cobro de la renta. Hemos de recordar que el salario mínimo es inembargable, por lo que unos ingresos individuales pequeños no suponen garantía suficiente.

La edad es otro elemento controvertido. Algunos propietarios prefieren optar por personas menores de 65 años. Y es que a partir de esa edad existen diferentes circunstancias que pueden reconocer una situación de vulnerabilidad que podría paralizar un hipotético desahucio.

Mientras unos defienden que es discriminatorio, otros afirman que no. Y lo hacen basándose en que esa circunstancia podría limitar los derechos del propietario. 

Las familias con niños pequeños es la cuestión más controvertida. En la práctica, en los desahucios en los que existen hijos comunes menores pueden ser paralizados por situación de vulnerabilidad de la familia.

Por este motivo, hay propietarios que prefieren tener inquilinos sin hijos. En realidad, lo que intentan es evitar una hipotética situación de desahucio que les impidiera ejercer sus derechos de forma efectiva.

Estos ejemplos pueden ilustrar que el problema no es la discriminación inmobiliaria, es que los propietarios tienen mayores restricciones y limitaciones ante determinadas situaciones. Repetimos que lo que quiere un propietario que alquila su piso es cobrar la renta prevista con tranquilidad y garantías.

A esto se suma que los procesos de desahucio son muy lentos. Hay que esperar muchos meses o incluso años, gastarse el dinero en abogado y procurador.

Y estos propietarios no solo no cobran las rentas si su inquilino no es solvente. Además, aquellos que cumplen los requisitos pueden utilizar el servicio de un abogado de oficio y no pagan gastos procesales ni las costas del proceso.

Por otra parte, el Gobierno ha establecido que las familias vulnerables no pueden ser desahuciadas. Esta garantía social inquieta a algunos propietarios, que temen que en caso de impago o expiración de contrato no puedan recuperar su vivienda. De esta forma, optan por no alquilar o por alquilarla a personas que no puedan acogerse el día de mañana a una posible vulnerabilidad.

Así, parece que la responsabilidad social de vivienda para las personas más necesitadas está cargándose en los propietarios. En vez de desarrollarse una política social seria.

Y propietarios e inquilinos llegan a situaciones límite. La tensión aumenta, la desconfianza se propaga y al final los prejuicios llegan a enfrentar más a las partes.

Muchos inquilinos sienten que sufren discriminación inmobiliaria. Sin embargo, lo que pasa normalmente es que los propietarios prefieren reforzar las garantías y alquilar solo si el inquilino le ofrece certeza. Esto reduce la oferta de vivienda en alquiler y perjudica a las familias con menor solvencia.

Los inquiocupas y okupas están contribuyendo al prejuicio de que hay discriminación en los alquileres. Es tan fácil como ver el aumento exponencial del trabajo de las empresas que garantizan el cobro del alquiler. Estas empresas son legales y no discriminan, pero piden cada vez más requisitos para alquilar una vivienda.

Lo que hacen es valorar si existe garantía de pago o riesgo de impago, y optan por alquilar a personas cada vez más solventes. Esto no es una discriminación, pues se realiza por criterios económicos. Pero en la práctica provoca dramas en familias que tienen muy complicado poder alquilar una vivienda digna al aumentar cada vez más los requisitos.