El Cierre Digital El presidente de Canarias blanquea la gestión socialista en San Bartolomé de Tirajan
La Fiscalía ve "indicios de prevaricación" en la administración del municipio del PSOE canario.
El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, soporta como secretario general del PSOE Canarias varios señalamientos públicos. Uno de ellos, es el proceso judicial abierto contra el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana (SBT), un consistorio gobernado por Concepción Narváez, avalada por la confianza de Torres.
Hasta la fecha, el líder canario "ha blanqueado la polémica gestión política de esta regidora, a pesar de las presuntas corrupciones que se dirimen en los juzgados en estos momentos y denuncias, que debilitan al partido socialista en el archipiélago. Especialmente, la investigación que abrirá el Tribunal de Cuentas sobre la compra de 48.000 test PCR al triple de su precio aprobada por el ejecutivo regional", explican miembros del PSOE consultados por elcierredigital.com.
La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada remitió recientemente a la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Canarias, la denuncia contra el presidente canario por la contratación directa de los polémicos kits PCR a una empresa de alimentos malagueña -como reveló elcierredigital.com-. La Fiscalía también investiga en estos momentos una presunta corrupción por una concesión de licencias urbanísticas por el ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.
Otro de los escándalos que sacuden en la actualidad a este consistorio -bajo el silencio del presidente Torres-, es el acuerdo de la Fiscalía Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, que ha remitido las diligencias de investigación 0000191/2021 al Juzgado de Instrucción Número 2 de San Bartolomé de Tirajana, bajo diligencias 386/2022, a raíz de una denuncia -documento al que ha accedido elcierredigital.com-, al apreciar ‘indicios de un posible delito de prevaricación’, en relación a los seis cargos municipales que ocupa la interventora de este municipio, Tania Naya, en calidad de habilitada nacional.
Canarias y la corrupción de Marbella
Un reconocido empresario de Gran Canaria, Juan Manuel Pérez, interpuso una denuncia contra esta "acumulación de puestos", presuntamente irregular, ejercidos por Naya: secretaria general en el municipio de Valsequillo, interventora general en Ingenio, secretaria y tesorera del Consorcio de Rehabilitación Turística de Maspalomas, interventora de la Mancomunidad Intermunicipal del Sureste de Gran Canaria, secretaria interventora de la Mancomunidad de Municipios de Medianías e interventora del Consorcio Sur para la Televisión Digital Terrestre Local.
Pero además, Pérez alega que "habría que investigar el cumplimiento de estos horarios laborales, las remuneraciones ajustadas por ley y esta acumulación de puestos debido a la normativa en relación al número de habitantes por municipio para justificar estos nombramientos".
En respuesta a esta denuncia y a la investigación de la Fiscalía, la interventora Naya ha respondido en Cope Canarias que "la corrupción en San Bartolomé de Tirajana es comparable a lo que pasó en Marbella", por lo que Pérez, avanza a elcierredigital.com que "solicitará una ampliación de esta denuncia -documento al que ha accedido este periódico-, en base a estas graves declaraciones, para que se investigue si como cargo municipal Naya ha denunciado alguna corrupción o ha intentado evitar algún delito en el cumplimiento de sus funciones".
El comisario de la policía local
Sin duda, uno de los casos más notorios que ha denunciado Pérez, por presunta prevaricación, es "el nombramiento a dedo del actual Comisario de la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana, Isidro Armas, un agente procedente del Cuerpo Nacional de Policía que accedió sin promoción interna previa como policía municipal al ser policía nacional, un hecho muy criticado por otros miembros de la Policía Local de Canarias, que incluso han sido citados como testigos para declarar en el recurso de apelación que se encuentra pendiente de resolver en la Audiencia Provincial", recoge en su denuncia.
Pérez señala que "este alto tribunal tiene la posibilidad de hacer justicia con este asunto, que ya ha sido reconocido judicialmente en procesos anteriores -a raíz de una denuncia inicial de CCOO-, pero luego desestimado, y abierto de nuevo en la Audiencia".
"Por el nombramiento del comisario fue investigado el ex alcalde Marco Aurelio Pérez, quien tuvo avisos o advertencias de todo tipo sobre la ilegalidad de sacar la oferta de esta plaza de comisario por concurso ‘oposición libre’, en vez de ajustarse a la normativa autonómica vigente. Esta deja bien claro que la única vía para acceder a dicha plaza es por ‘promoción interna’, sin olvidar otro informe de su asesoría jurídica –de 20 de marzo de 2013–, aparte de la solicitud que hizo su concejal de Recursos Humanos a Función Pública sobre la normativa vigente a aplicar. Por tanto, lo sabían, y además las competencias eran y son todavía del Gobierno de Canarias", explica Pérez a elcierredigital.com. Un hecho sobre el que el presidente del ejecutivo canario, continúa sin pronunciarse.
"Por este motivo, en la situación actual, resulta incomprensible que la alcaldesa Narváez no haya hecho cumplir resoluciones anteriores y permita que este comisario mantenga esta plaza", esgrime este denunciante de corrupción en Canarias.
"Espero que la Audiencia reabra esta causa penal, pues se podría crear un precedente peligroso si se sentara jurisprudencia sobre cualquier agente. Sin importar de qué Cuerpo o Fuerza de Seguridad fuera, accedería directamente a este tipo de plaza remunerada con 60.000 euros anuales, más un complemento específico que situaría este puesto en 90.000 euros al año, con el perjuicio económico a nuestro erario público si no se gestiona debidamente", argumenta Pérez, tras una larga batalla durante años pendiente del último paso judicial.
La 'trama' socialista de la cementera
La alcaldesa de SBT solicitó a Puertos Canarios renovar la cementera, que lleva años afincada en este municipio. Lo hizo en un acto político que "supuso un auténtico cisma en el PSOE, al ser supuestamente un partido defensor del medioambiente. Pero no se entiende cómo el presidente canario, Torres, permite esta imagen del PSOE Canarias, afín a la contaminación y ruidos asociada a esta actividad, en detrimento de la actividad turística", apuntan afiliados socialistas a elcierredigital.com.
Pérez señala que, al parecer, "esta concesión administrativa que solicita la alcaldesa para la cementera no sería prorrogable, además de que esta propuesta socialista sería contraria a lo establecido a los instrumentos de planificación del uso del suelo aprobados en plenos del Cabildo de Gran Canaria". Por tanto, "la Bahía de Santa Águeda -enclave de la cementera- debería proyectarse hacia la promoción turística sobre la que ya existen proyectos, pendientes del desalojo de este complejo industrial hacia otro espacio en la isla, para así poder acceder operadores de turismo".
Por otra parte, según fuentes consultadas por elcierredigital.com del PSOE Canarias, se pone de manifiesto que "en esta contienda política de la alcaldesa por mantener la concesión a la cementera, con el respaldo del presidente Torres, podrían plantearse algunos conflictos de intereses". En el sentido de que "familiares o allegados al consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo, y de la regidora municipa,l Concepción Narváez, habrían trabajado en esta cementera, así como parientes de otros ex alcaldes de SBT", indican.
Además, estas fuentes también plantean que "la Plataforma Salvar la Bahía de Santa Águeda denunció en su momento intentos para secuestrar este colectivo y vincular su acción a la defensa del mantenimiento de la cementera, cuando su objetivo es abrir la puerta al turismo en esta área. Además de no olvidar que en esta organización también participan cargos socialistas y familiares que trabajan en este recinto industrial".
Centro hípico ilegal
Por otra parte, indica Pérez, otro asunto pendiente es que "la Fiscalía Provincial de Las Palmas ha convenido el derribo del centro de hípica construido de manera ilegal y sin licencia por el padre de la regidora municipal Concepción Narváez en este municipio de SBT", escándalo sobre el que el presidente regional canario, Torres, guarda también silencio.
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