El Cierre Digital Negocios de lotería y fraude a discapacitados: la ONDEE, heredera de la OID.
La extinta OID de Dionisio Rodríguez tenía multas por juego ilegal y deudas de casi 87 millones de euros con Hacienda.
La Policía de Andalucía logró intervenir en Sevilla, el pasado 18 de enero, 650 boletos de un sorteo ilegal de una organización denominada ONDEE –Organización Nacional de Discapacitados Españoles y Europeos, según su web– y que imita a la ONCE incluso en el modelo de los cupones. La ONDEE es heredera de la OID –Organización Impulsora de Discapacitados–, que se disolvió por orden judicial ya que se dedicaba a lo mismo.
El cuerpo policial autonómico de la Junta de Andalucía informó en sus redes sociales que se han llevado a cabo diversas labores dirigidas a la vigilancia de todo lo relativo al sorteo, consiguiendo requisar un total de 550 cupones y 100 boletos que se vendían copiando el formato de los rascas de la ONCE. Según ha informado la Policía Autonómica, la ONDEE es una lotería prohibida e ilegal que cada día organiza un sorteo ilícito. La organización se vale del sorteo televisado de la ONCE para elegir a sus ganadores.
También se han localizado vendedores de la ONDEE en Mieres, Avilés y Llanes, en Asturias, y la misma ONCE ha puesto en conocimiento de las autoridades la venta fraudulenta de boletos del sorteo ilegal de esta organización. Anteriormente, en febrero de 2021, el Servicio de Inspección del Juego del Gobierno de Canarias precintó también tres sedes de la ONDEE que vendían lotería sin autorización para ello.
OID, el fraude de los discapacitados
Elcierredigital.com desveló la deuda de 86,2 millones de euros que la Organización Impulsora de Discapacitados (OID) tenía contraída con la Agencia Tributaria. Tras ello, se descubrieron otros impagos que la sociedad “sin ánimo de lucro” tenía con otras entidades, como era el caso de la Tesorería de la Seguridad Social de las Islas Baleares.
Actualmente, la Organización Impulsora de Discapacitados se encuentra liquidada tras lo dictaminado por el Juzgado de lo Mercantil de Toledo. La jueza Lorena África Sánchez ordenó la suspensión administrativa de la OID por las deudas que acumulaba, expuestas anteriormente. Poco después, en el mismo año, se fundaba la ONDEE, con sede en Talavera de la Reina, al igual que la OID.
Antes de ser liquidada, la organización "benéfica" llegó a contar con más de 4.000 trabajadores repartidos en diferentes puntos de la geografía española. Los aspirantes a vendedores llegaban hasta la OID a través de una oferta de empleo que se publicaba en un famoso medio de anuncios de todo tipo. En este anuncio se especificaba que el candidato debería ser discapacitado, tal y como reconocieron varios testigos. Aunque, como se contó en 2020 en este mismo medio, se acabó aceptando a jóvenes con discapacidad y sin ella.
La organización del fraude
La Organización Impulsora de Discapacitados ha sido vigilada con lupa por parte de los Cuerpos de Seguridad del Estado y las autoridades judiciales. Tras varias multas interpuestas por juego ilegal que la OID desatendió por completo, se llevó a cabo una operación policial por parte de la Policía Autonómica de la Junta de Andalucía.
En marzo de 2020 se incautaron 8.801 boletos de lotería, además de 11.156,50 euros en efectivo procedentes de la recaudación de la venta de estos productos. El proceso concluyó con el arresto de dos familiares del fundador de la Organización Impulsora de Discapacitados, Dionisio González. Según explicó la Junta de Andalucía, la OID se lucraba con la distribución y venta de lotería ilegal.
A esta incautación se deben sumar los cierres de algunas sedes de la organización en cuestión en Andalucía durante el 2020. Más concretamente, se echó el cierre a cuatro sedes en la provincia de Cádiz (Cádiz, Jerez, Algeciras y Chiclana), dos en Málaga (Estepona y la ciudad de Málaga), una más en Córdoba y la última en el municipio jiennense de Linares.
La OID, una organización reincidente
Ya en 2015 el Ministerio de Hacienda sancionó a la OID con una multa de 25 millones de euros por la presunta comisión de una infracción "muy grave" de la Ley del Juego, según lo recogía el Boletín Oficial del Estado.
Se les sancionó por la fabricación, distribución y comercialización de diversos productos destinados al juego de azar. Asimismo, la Agencia Tributaria declaró que no tenía constancia de que esta organización tuviera una licencia que le permitiera realizar estas labores. Además, Hacienda señaló que los vendedores trabajaban normalmente sin ningún tipo de contrato “o con un contrato de voluntariado, sin estar dados de alta como cotizantes en la Tesorería General de la Seguridad Social. Únicamente dos personas están registradas en este sistema”.
Las personas que se encargaban de la venta de los boletos de lotería de la OID se llevaban un 30 por ciento de las ventas. Teniendo en cuenta que el coste del cupón diario es de un euro, cada vendedor se llevaba 30 céntimos por boleto vendido. De esta manera, los “loteros” realizaban intensas jornadas de trabajo que llegaban, en ocasiones, a las 14 horas, para poder cobrar el salario base.
Dionisio González, el fundador
Desde su formación en 1994, Dionisio González Otero presidió y dirigió la Organización Impulsora de Discapacitados. En junio de 2017 puso fin a su mandato y la sociedad “sin ánimo de lucro” pasó a las manos de su esposa, Mª Victoria Salas. Con lo que todo queda en familia. En el congreso de este día se decidió nombrar presidente honorífico a González Otero.
El expresidente de OID, a lo largo de estos años de servicio, ha construido una gran red de empresas y se ha convertido en un fanático del mundo empresarial y del negocio. Sobre su control, como administrador único tiene 12 sociedades con actividades muy diversas.
Entre ellas destacan la inmobiliaria Canton Celta S. L., la empresa organizadora de eventos deportivos Sport Cracks Events S. L., o la empresa que realiza actividades de contabilidad Aserdisca S. L., que según el diario Expansiónfactura entre 1 y 2’5 millones de euros, entre otras empresas que comparten domicilio fiscal con la ONDEE.
Además, el medio de comunicación Moncloa.com apuntaba a que el fundador de OID también cuenta con empresas en otros países como Venezuela, Reino Unido y Malta. Todo un imperio para alguien que acumula una deuda de más de 86 millones de euros con el fisco español.
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