Manuel Padín, exnarco y testigo protegido: 'El Estado nos utiliza y luego nos vende'
Desde 2010 cobra la pensión mínima de 500 euros a pesar de que su testimonio fue crucial en la operación Nécora
Manuel Fernández Padín es un exnarcotraficante que decidió colaborar con las autoridades, convirtiéndose en testigo protegido. Su testimonio fue, junto al de Ricardo Portabales, crucial en la operación Nécora, llevada a cabo a finales de los años 80 y principios de los 90, que desmanteló varias redes de narcotráfico en Galicia. Padín fue miembro del temido clan de los Charlines y, tras su colaboración con la justicia, esperaba recibir la protección y el apoyo del Estado.
Sin embargo, a sus 64 años, Manuel se siente traicionado y abandonado. Según él, el exjuez Baltasar Garzón y el exfiscal Javier Zaragoza le prometieron 20 años de cotización a la Seguridad Social como parte de las medidas de protección. Esta promesa nunca se cumplió, y ahora Manuel vive con una pensión no contributiva -de 500 euros- que apenas le alcanza para cubrir sus necesidades básicas. Concretamente, Padín dejó de ser reconocido como testigo protegido en 2010 bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Elcierredigital.com ha contactado con Manuel Fernández Padín para conocer más detalles sobre su situación actual y el estado de los testigos protegidos en nuestro país. Manuel denuncia que su situación es representativa del trato que reciben muchos testigos protegidos en España. Afirma que, una vez que han cumplido con su deber de colaborar con la justicia, son olvidados y dejados a su suerte. En su caso, esto ha significado dificultades económicas y una constante sensación de inseguridad.
Tal y como ha explicado Padín durante su encuentro con este medio: “Desde hace varios años tengo un proceso abierto por lo contencioso-administrativo para reclamarle al Estado los años de pensión que me debe. Durante veinte años fui testigo protegido, lo que significaba que recibía un sueldo mensual, tenía una casa y contaba con escolta, aunque vivía en casas cuartel, que nadie piense que me daban hoteles de tres estrellas. Desde 2010 me siento abandonado por el Estado, he tenido tres operaciones de ocho horas y he estado realmente enfermo”.
En este sentido, según sostiene Padín, “no tengo noticias del Gobierno, han llegado tarde a todos los plazos que tenían para presentar la documentación requerida, incluso han llegado a insinuar que yo no fui realmente testigo protegido o que soy un ‘vago’ que no quise trabajar cuando tuve oportunidad, porque ahora tengo un 80% de discapacidad, lo cual dificulta aún más mi situación”.
“Que insinúen que no quise trabajar es un insulto, yo temía por mi vida, de hecho no he vuelto a Galicia. En aquel entonces me podrían haber matado y además tampoco podía trabajar en ningún sitio, menos aún teniendo a los escoltas al lado todo el día. Al principio, cuando era testigo protegido ganaba 50.000 pesetas y luego pasé a recibir 999 euros. Firmaba un recibo y me entregaban el dinero en efectivo, proveniente de fondos reservados, de los cuales descontaban los gastos de agua y luz. Pasé siete años viviendo en la comisaría de Moratalaz y otros siete en la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, en Dehesa de la Villa”, explica Padín durante su encuentro con elcierredigital.com.
“Me esperaba la traición de los Charlines, pero no la del Estado”
Como se viene mencionando, además de la precariedad económica, Manuel y su familia viven con el temor de posibles represalias por parte de antiguos compañeros del mundo del narcotráfico. “Hay gente que me dice que ya podría volver, que ha pasado suficiente tiempo, sinceramente no lo creo, que le pregunten a Garzón por qué no viaja a Galicia sin escoltas en determinadas zonas”, incide Padín.
“A mí me detuvieron en 1989, yo llevaba varios meses haciendo encargos para los Charlines. Yo me encargaba de transportar y cobrar, pero siempre creí estar tratando con tabaco, hasta que empezaron los tratos con cocaína. Cuando traficamos con tabaco la gente hasta lo agradecía y entendíamos que hacíamos un favor, pero con la cocaína era diferente. Fui a la televisión gallega -al programa de Xosé Ramón Gayoso- a denunciarlo, a decir que en Galicia se estaba moviendo cocaína”, recuerda Padín durante su encuentro con este medio.
“Cuando me detuvieron, la Guardia Civil me llevó al cuartel y los Charlines me abandonaron, no me pagaron por los trabajos ni me proporcionaron un abogado, estaba completamente vendido a mi suerte. Pero yo no hablé sobre nada del caso hasta noviembre del 89. Luego, el juez de Pontevedra me pidió confirmar mi declaración y lo hice. Me trasladaron bajo custodia especial a la prisión de Valladolid porque temían que me asesinaran”.
En este sentido, Fernández Padín explica que “el Ministerio de Interior, que fue clave, nunca nos trató bien, Lo que pasa es que había órdenes judiciales de la Audiencia Nacional de protegernos y vigilarnos. No me sorprendió la traición de los Charlines porque al fin y al cabo te esperas que un narcotraficante te pueda mentir. Lo que no me esperaba es que el Estado también me traicionara”.
“En 2010, de repente, dejaron de pagarme, con Alfredo Pérez Rubalcaba en el Ministerio del Interior. Un día llegaron y me dijeron que el mes siguiente ya no recibiría el sueldo. Después de haberme tenido como testigo protegido durante veinte años me quitan todo y me dejan con la pensión mínima a pesar de mis problemas de salud, no tiene ningún sentido", lamenta Padín, al tiempo que recuerda que "el fiscal Zaragoza mencionó que deberían cotizar por nosotros como si fuéramos clases pasivas".
“He hablado en muchas ocasiones con políticos de toda índole, y nadie me ha escuchado, Pablo Echenique me dijo que nos reuniríamos para hablar del tema y nunca pasó. También hablé con Yolanda Díaz y pasó de mí, exactamente igual con Pablo Iglesias e Irene Montero. Solo pido que se me reconozcan los derechos que nos prometieron”, sentencia Padín, que espera todavía alguna respuesta para mejorar su situación, durante su encuentro con elcierredigital.com.
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