Luis Navajas rechaza querellas por el COVID, tras su informe contra Rodríguez Galindo

El mandato del granadino Luis Navajas venció en octubre de 2019 pero ni María José Segarra  ni  Dolores Delgado, anterior y actual Fiscal General del Estado, convocaron su plaza y por tanto estará en la misma hasta que se jubile, para lo que le quedan apenas 80 días, tras 17 años en el Supremo, los seis últimos como teniente fiscal. Navajas cumplirá 72 años en diciembre y será cuando se jubile obligatoriamente.

En  la misma entrevista para el programa de Carlos Alsina, Más de Uno, el fiscal Navajas también apuntó acerca de la investigación del Rey Juan Carlos I: "La conducta parece reprobable. Vamos a ver en qué acaba todo. Ha hecho daño al Estado, un daño a la Institución y nos ha decepcionado a todos los que creíamos ver en él una figura intocable", dijo.

Informe Navajas

Luis Navajas es licenciado en Derecho y ha sido profesor de Derecho Penal en el Instituto Vasco de Criminología entre 1987 y 2003.  Nació en Granada un 17 de diciembre de 1948. Ingresó en la carrera fiscal en 1976 y fue nombrado en 1987 fiscal jefe de la Audiencia de San Sebastián.​ Se hizo famoso por el "informe Navajas" que investigaba unas tramas corruptas en el cuartel de Intxarrurrondo de la Guardia Civil y en la que se vio envuelto el exteniente coronel y luego general Enrique Rodríguez Galindo. La causa fue archivada y recibió muchas críticas del entorno de la lucha contra ETA.

Apenas un mes después de asumir su cargo como Teniente Fiscal, en diciembre de 2014 asumió de manera interina la jefatura del Ministerio Fiscal tras la renuncia de Torres-Dulce y hasta el nombramiento de Consuelo Madrigal el 13 de enero de 2015. Su segundo periodo al frente del Ministerio Público fue en noviembre de 2017, a raíz de la muerte repentina del fiscal general José Manuel Maza. Cesó en diciembre, tras el nombramiento de Julián Sánchez Melgar como fiscal general. Durante una semana, entre el 22 y 29 de junio de 2018, Navajas asumió el cargo hasta el nombramiento definitivo de la fiscal María José Segarra, hasta enero de 2020 cuando volvió a asumir interinamente el cargo de fiscal general tras el cese de la fiscal María José Segarra​ y cesó de nuevo el 26 de febrero, al ser nombrada fiscal general Dolores Delgado.

Durante su trabajo en el Supremo, Navajas fue una pieza importante para que Baltasar Garzón resultase absuelto del juicio que le sentó en el banquillo por un presunto delito de prevaricación, del que fue acusado al declararse competente para juzgar los crímenes del franquismo. Fue en el año 2012 y Navajas defendió y solicitó primero el archivo de la causa, luego la anulación del juicio y por último la absolución.

Luis Manuel NavajasRamos también fue crítico con la instrucción que llevó a cabo el juez LucianoVarela y el tribunal integrado por siete jueces le acabó dando la razón por seis votos a uno. El único magistrado que estaba a favor de condenar a Baltasar Garzón fue el fallecido Manuel Maza, quien años después sería su jefe en la Fiscalía General.

Independiente y religioso

Navajas siempre se ha definido como un fiscal “demasiado independiente”, algo que se le supone a todos los fiscales y profundamente religioso. De hecho, en alguna entrevista dijo que tras jubilarse el único cargo que aceptaría sería la embajada en la Santa Sede. Las principales críticas las ha recibido de la Asociación de Fiscales, de tendencia claramente conservadora, a pesar de que fue apoyado por esta misma asociación tras su llegada a la Fiscalía. Navajas se autodefine como monárquico, a pesar de su críticas al Rey Emérito, monógamo (su mujer es diez años más joven) y muy celoso de su vida privada y seguidor del Real Madrid de fútbol.

El informe de la Fiscalía presentado a la Sala Penal del Tribunal Supremo el pasado 15 de septiembre, en el que se rechazó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como el resto de ministros tuvieran alguna responsabilidad penal en la gestión de la pandemia, levantó críticas entre algunos otros fiscales del Supremo. No obstante, como ya explicó elcierredigital.com este dictamen no es vinculante para el presidente de la sala de lo Penal, Manuel Marchena, que será quien tenga que decidir finalmente.

En el Supremo también ha coordinado la actividad de la Fiscalía en materia de la reforma de menores (2005‐2008) y ha trabajado sobre temas de Juzgados de Vigilancia Penitenciaria. Es un fiscal muy respetado por sus compañeros y es difícil encontrar a uno solo que le critique, aunque él se manifestó públicamente a favor de retirar al fiscal Ignacio Stampa del caso Tándem contra el excomisario Villarejo tras publicarse sus vínculos con la acusación popular ejercida por Podemos.

Pero para entender la idiosincrasia del fiscal Luis Navajas hay que volver a Euskadi a finales de los años 80 y del famoso informe Navajas que catapultó a un fiscal de Guipúzcoa hasta Madrid. El famoso documento con el sello de "secreto" en todos sus folios, relacionaba al cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo, en Guipúzcoa, con ilegalidades como contrabando de tabaco y tráfico de drogas para obtener fondos que se habrían usado durante la guerra sucia contra ETA.  La juventud vasca como la de otras regiones sufría la lacra de la droga, pero desde los círculos abertzales se culpaba a la Guardia Civil y al Estado de colaborar con inuncar Euskadi de droga para tratar de desactivar la militancia de base donde ETA captaba a sus cachorros.

El documento, con fecha de 12 de mayo de 1989, nombrado formalmente "Diligencias 1/89 de la Fiscalía de San Sebastián" se perdió. Literalmente. El informe Navajas se perdió al llegar a la Fiscalía General del Estado en Madrid, primero en manos de Javier Moscoso y más tarde con Leopoldo Torres. Nadie sabe donde fue a parar ni el uso que se hizo del mismo, pero lo cierto es que entre enero de 1994 y enero de 1995, en un año, ETA asesinó a cuatro personas que amenazaron públicamente con desvelar el contenido de ese documento: José Antonio Santamaría, un exfutbolista y empresario acusado en el informe, José María Olarte, “Plomos” (confidente policial en temas de narcotráfico), Alfonso Morcillo, responsable de la Brigada de Investigación de Narcotráfico de la Policía Municipal de Donostia, y el que fue concejal del PP Gregorio Ordóñez, quien había confesado unas horas antes a la periodista Carmen Gurruchaga que estaba investigando datos del famoso informe y que acusaba, como cabeza visible, de todas las ilegalidades al Teniente Coronel Rodríguez Galindo, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Intxaurrondo, con 1.500 hombres bajo su mando en la provincia de Guipúzcoa.

Una hora antes de ser asesinado el 23 de enero de 1995 el concejal Ordóñez había comido en La Cepa con Gurruchaga, que le había dicho que el policía municipal José María Lizárraga, destinado en la unidad antidroga, trabajaba en la elaboración del Informe Navajas y que informaba de sus averiguaciones a su superior, Alfonso Morcillo. Lizárraga luego sería detenido por colaboración con ETA, pero fue puesto en libertad y los cargos retirados. La banda terrorista también asesinaría a Morcillo. Ordóñez sospechaba del doble juego que hacían a ETA y a la Guardia Civil algunos confidentes en asuntos de drogas.

El Informe Navajas relacionaba a una decena de mandos de ese cuartel. La Guardia Civil realizó entonces un contrainforme que llegó al juez Fernando Andreu, donde se excluía a los mandos de Intxaurrondo de cualquier participación en los hechos. El juez Andreu abrió en marzo de 1991 las "Diligencias Previas 491/91" donde se incluyó el contrainforme realizado por la Guardia Civil.  Este segundo documento fue enviado al juez el 19 de abril de 1991. Esas diligencias fueron sobreseidas en noviembre de 1993 y toda la instrucción se saldó con la condena del sargento Enrique Dorado Villalobos por cohecho. El ya general Galindo sería condenado, pero no por esto, sino por el secuestro y asesinato de Lasa y Zabala, dentro de la llamada guerra sucia de los GAL, a 71 años de cárcel en 2000.

Andreu nunca vio el informe Navajas

En realidad el juez Andreu nunca llegó a tener en sus manos el famoso informe Navajas, solo manejó el contrainforme de la Guardia Civil que exculpaba además de a  Rodríguez Galindo, a los tenientes Joaquín Collado Callau  y  José Guisado Fernández y al capitán Fidel del Hoyo Cepeda. Para redondear el círculo de compromisos de la Guardia Civil de entonces hay que recordar que su director general era Luis Roldán.

Para enredar más la cuestión, en diciembre de 1990, la Dirección de la Guardia Civil ordenó a su Servicio de Información investigar los hechos denunciados por el fiscal Navajas. Ese contrainforme es el que manejó Fernando Andreu. Pero, según se reflejaría en documentos reservados, también se ordenó una segunda operación destinada a sabotear dichas pesquisas, bautizada como "Arca de Noé". La finalidad de ésta era desacreditar las fuentes del fiscal Navajas y demostrar la normalidad del patrimonio de Rodríguez Galindo. Además, "Arca de Noé" venía a justificar de alguna manera que los agentes acusados habían intervenido en acciones clandestinas contra ETA. Públicamente un guardia de Intxaurrondo, Alfonso Cano, admitió ser el autor del informe Navajas que llegó a la Fiscalía.

Tras informar a Javier Moscoso, entonces fiscal general del Estado, el caso quedó durmiente hasta su archivo. En 1995 se produjo la repaertura debido a las filtraciones a la Prensa, coincidentes con el relevo de Moscoso por Leopoldo Torres al frente de la Fiscalía General del Estado.

Un abogado, Manuel Castell, se querelló hasta con tres fiscales generales del Estado por la desaparición del Informe Navajas. No hubo suerte y jamás fue hecho público su contenido exacto.