Los otros contratos que comprometen al ministro Torres

La detención del que fue asesor del ministro de Transportes José Luis Ábalos, Koldo García, el pasado miércoles sacaba a la luz la llamada operación Delorme. Esta investiga el presunto cobro de comisiones ilegales tras la adjudicación de contratos a determinadas empresas —sin que salieran a concurso público— durante la época de la Covid-19. Aunque la operación Delorme se centra en los contratos de compras de mascarillas, desde elcierredigital.com hemos destapado otras supuestas irregularidades en la compra de material sanitario durante el año 2020.

El gobierno de Canarias, de hecho, al igual que el de Baleares y Puertos del Estado —dependiente del Ministerio de Transportes— también adjudicaron contratos para la compra de mascarillas a la empresa que está siendo principalmente investigada en la operación Delorme: la zaragozana Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L. Llamaba la atención de esa empresa que se dedicara, antes de la pandemia, a ejecutar proyectos en África.

Por aquel entonces, en el Gobierno de Canarias se encontraba el presidente socialista Ángel Víctor Torres. Tal y como destapamos en numerosos artículos en elcierredigital.com, Torres adjudicó otros tantos contratos a diversas compañías que, aparentemente, no estaban vinculadas al sector sanitario. Uno de estos contratos, por la compra de pruebas PCR a un precio muy superior al que existía oficialmente en el mercado, fue llevado ante la Fiscalía Europea. Este órgano obligó a la Fiscalía española a que se investigase el conocido como caso PCR Canarias.

Pruebas PCR compradas a una empresa de alimentación

El portavoz de ReVelión en la Granja, Fernando Vizcaíno Carles, interpuso una denuncia el 24 de diciembre de 2021 contra el expresidente canario —y ahora ministro de Política Territorial y Memoria Democrática— Ángel Víctor Torres. La denuncia también incluía al director del Servicio Canario de Salud Conrado Domínguez Trujillo y a Óscar Díez, Jefe de Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria de Tenerife. A todos ellos se los acusaba de presuntos delitos de malversación, administración desleal, cohecho, enriquecimiento ilícito, asociación ilícita, y tráfico de influencias.

La denuncia advierte que el ejecutivo regional canario, con el visto bueno del Parlamento de Canarias, aprobó en un contrato de emergencia con un presupuesto muy superior al del laboratorio Bioxamina, los expendedores habituales de los Kits PCR, con sede en Polonia.

El Gobierno canario sufragó con fondos públicos un coste de 15 euros por cada prueba PCR, mientras la empresa polaca mantenía en sus tarifas el precio de 5,40 euros por unidad. La adjudicación directa supuso un gasto total de 720.000 euros, gasto que se habría reducido a 259.000 euros si se hubieran aplicado las tarifas oficiales del laboratorio.

Al parecer, el Gobierno de Canarias se habría gastado en la adquisición 461.000 euros más de sobrecoste, según la denuncia interpuesta. "Una cifra muy superior a la que la misma empresa habría presupuestado en otras ocasiones, ocasionando un perjuicio patrimonial a las arcas públicas", argumenta la denuncia interpuesta por Vizcaíno.

La adjudicación de emergencia de los Kits PCR, recayó en la empresa TOUT ESPAGNOL IMPORT-EXPORT, S.L. Según el Registro Mercantil consultado por elcierredigital.com, esta empresa, con sede en Málaga, está inscrita bajo la actividad de "comercio al por mayor de pescados y otros productos alimenticios". Su objeto social radica en "importación y exportación de productos alimenticios tanto frescos como congelados, así como de materiales de construcción y maquinaria industrial y agrícola".

Es decir, el ejecutivo regional habría adjudicado 720.000 euros a esta empresa alimentaria para adquirir los test PCR. Una empresa, en principio, sin actividad sanitaria, fundada en 2018 y con un rango de capital social que oscila entre 3.100 a 60.000 euros, y cuyo responsable era el administrador único es Juan David Becerra García.

Otra de las empresas denunciadas en el caso PCR Canarias

Otra de las empresas que recibió tramitaciones “de urgencia” por parte del Gobierno canario durante la etapa de la Covid-19 fue DAMCO TRADING SERVICES S.A. Tal como consta en el Portal de Contratación del Estado, así como en el Registro Mercantil —ambos consultados por este periódico—, DAMCO TRADING SERVICES S.A. obtuvo hasta nueve licitaciones con carácter de emergencia entre 2020 a 2022, que fueron contratadas entre otros por el SCS-Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC).

DAMCO TRADING SERVICES S.A. distribuyó el material sanitario en Canarias con unos ingresos de 1.330.000 euros en 2020, 9.271.610 euros en 2021 y 3.266.000 euros en 2022, en algunos casos con cargo a fondos europeos, según el Registro Mercantil.

Cabe destacar que esta empresa, en julio de 2020, modificó su objeto social para inscribir en el Registro Mercantil la actividad de "venta, fabricación, distribución, comercialización, representación, importación y exportación de cualquier producto sanitario farmacéutico".

Llegados a este punto hay que recordar dos cuestiones fundamentales: La empresa DAMCO TRADING SERVICES S.A., junto a otras mercantiles, fue denunciada ante la Fiscalía Europea en marzo de 2022 por el empresario Juan Manuel Pérez por presuntas irregularidades en relación a los sobrecostes de los precios ofertados y finalmente aceptados por el Gobierno de Canarias presidido por el socialista Torres. Esta denuncia ante la Fiscalía y la UDEF de la Policía Nacional dio origen al caso PCR Canarias —tal y como destapó elcierredigital.com—. Este caso fue asumido posteriormente por la Fiscalía Europea, y se encuentra en fase de investigación.

Las reuniones 'secretas' del presidente Torres

Según explican testigos presenciales, el presidente Ángel Víctor Torres habría mantenido, supuestamente, reuniones “secretas” con los dueños de algunas de las empresas a la que finalmente adjudicó contratos por la compra de material sanitario. Estos testigos explican que estas reuniones mantenidas entre Torres  y el administrador único de DAMCO SERVICES SA, Noel Jammal, “tenían lugar en una urbanización lujosa ubicada en una zona de alto standing en Madrid" y "posteriormente se produjeron las contrataciones del citado material sanitario".

Pero, además, refieren los testigos: "Jammal también habría acudido a Canarias en el mismo periodo 2020-2021, presuntamente, para realizar este tipo de negociaciones con responsables canarios".

No obstante, no sería la primera vez que el socialista Torres se encuentra en "secreto" con otra empresa vinculada a la denuncia del caso "PCR Canarias". Tal y como avanzó elcierredigital.com, Torres fue sorprendido en un almuerzo celebrado en el popular restaurante El Cangrejo Colorao, en Fuerteventura, en julio de 2021, con el asesor fiscal de la empresa imputada RR7 UNITED SL, y con el cuñado del investigado y administrador único de esta mercantil, Rayco Rubén González.

RR7 UNITED S.L. “debe cuatro millones al erario público”

La empresa de automóviles RR7 UNITED S.L. también fue llevada ante la Fiscalía Europea. Esta empresa es la misma entidad adjudicataria del contrato público rescindido por el Servicio Canario de Salud (SCS) por el incumplimiento en la entrega de un millón de mascarillas 3M 1860 KN95 durante la pandemia. Como informó elcierredigital.com, "esta mercantil debe cuatro millones de euros al erario público —más 800.000 euros de intereses— que aún no han sido abonados".

Todavía se investiga dónde han ido a parar estos cuatro millones de euros. Una delas principales líneas de investigación que se está llevando a cabo es si “podría tener relación con la percepción de estos fondos públicos la adquisición posterior de vehículos de alta gama por 742.000 euros a través de la entidad vinculada a RR7, Yimbo 7 Inversiones SL”.

Una de las claves de la investigación, sostienen fuentes del caso, radica en la vinculación de ambas empresas de vehículos, RR7 UNITED S.L. y Yimbo 7 Inversiones S.L., las dos con idéntico domicilio social en Las Palmas de Gran Canaria, Calle Venegas 2b, y con el mismo administrador único, Rayco Rubén González, quien recibió en su calidad de administrador societario los cuatro millones de euros para la compra de un millón de mascarillas 3M, no homologadas, destinadas al personal del SCS.

Sin embargo, este material sanitario nunca fue entregado al SCS, sino que acabó destruido al ser retenido por la Agencia Tributaria por carecer de los permisos de importación preceptivos de la AEMPS, tal como avanzó elcierredigital.com.

Todas estas denuncias son algunas de las que elcierredigital.com destapó sobre el caso PRC Canarias y que actualmente están investigándose.