De imputado a testigo: Nueva Directiva Europea protege a denunciantes de corrupción.

José Antonio del Olmo, exdirectivo de Iberdrola, ha solicitado que se le vuelva a tomar declaración como imputado en la Audiencia Nacional por el caso Tándem, también conocido como caso Villarejo. En febrero, Del Olmo pidió que se le aplicara la Directiva de Protección a los Denunciantes de Corrupción de la Unión Europea, también conocida como Directiva 'Whistleblowing'.

Mediante el uso de esta directiva, Del Olmo pasaría de imputado a testigo, ya que habría elaborado un informe en diciembre del 2004 en el que plasmó las presuntas irregularidades que habrían surgido de la contratación por parte de Iberdrola a Cenyt, la compañía del excomisario Villarejo. Iberdrola calificó este informe como falso, pero la defensa de Del Olmo argumenta que la compañía eléctrica está acosando al antiguo ejecutivo, por lo que tendría que verse amparado como testigo.

Florentino Pérez, presidente del grupo ACS y del Real Madrid, también solicitó al juez que aplicase la Directiva 'Whistleblowing' a Del Olmo debido a las represalias judiciales que ha tomado la compañía en su contra. Pérez estaría involucrado en el caso Villarejo debido a la información que el excomisario habría recabado del presidente bajo el proyecto que denominó como Posy.

La Directiva 'Whistleblowing'

‘Whistleblowers’ es el nombre que reciben en Europa los denunciantes de corrupción, que desde diciembre de 2019 se encuentran protegidos por la Directiva de Protección a los Denunciantes de Corrupción. Esta directiva está vigente en los 27 países de la Unión Europea, pero el ministro de Justicia Juan Carlos Campo pidió en 2020 la trasposición a la legislación española. Según adelantó el portal Confilegal, fue un grupo de trabajo de la Sección de Derecho Público de la Comisión General de Codificación el encargado de preparar la propuesta de texto articulado.

La Directiva Europea 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, fue publicada el 26 de noviembre de 2019 en el diario oficial de la Unión Europea y entró en vigor el 17 de diciembre, aunque se dieron dos años a los 27 países de la Unión Europea para hacerla suya.

La nueva Directiva establece unos canales protegidos de denuncias y prohíbe cualquier represalia contra quienes se atrevan a sacar a la luz irregularidades en empresas privadas y organismos públicos. Es decir, protege a los denunciantes de corrupción.

De acuerdo con un estudio llevado a cabo por la Comisión en 2017, la falta de protección a estos denunciantes está provocando unas pérdidas de entre 5.800 y 9.600 millones de euros anuales en el campo de la contratación pública en la Unión Europea en su conjunto. Los denunciantes de corrupción tienen un rol fundamental en la investigación y sanción de quienes incumplen las leyes y, además, ayudan a los periodistas a obtener información indispensable para hacer su trabajo.

Pese a su aportación social, sufren persecución laboral, daños en su reputación y problemas de salud. De acuerdo con la encuesta Global Business Ethics, realizada en 2016, un 36% de los trabajadores que hicieron públicas las irregularidades manifestaron haber sufrido algún tipo de represalia. Desde 2019, la Directiva será la encargada de protegerlos. Entre los mecanismos se incluye el establecimiento de canales de denuncias, tanto dentro como fuera de las organizaciones, en los que estará garantizada la confidencialidad.

Se considera un proceso de denuncias en tres niveles: primero, en las vías internas de la organización; si esto no funciona, a las autoridades competentes; y si no se toman medidas en este sentido o si hay peligros inminentes, se prevé la utilización de los medios de comunicación.

Consejos a la hora de informar sobre corrupción

El pasado año, la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (ACODAP) difundió un decálogo del denunciante de corrupción que tenía como fin dar visibilidad a la nueva directiva europea. En él se especificaba que la denuncia es un derecho fundamental de libertad de expresión y de información y que se puede elegir el modo de comunicarla entre tres vías: anónimamente, a los medios de comunicación o identificándose a las autoridades. También se informaba de que las represalias en estos casos están prohibidas y podrían ser constitutivas de delito.

El objetivo de dicha denuncia siempre es una investigación al respecto y cualquier interrupción en la misma podría considerarse represalia.

Sobre los denunciantes, también se establecen ciertos derechos, como el de no ser amenazado como consecuencia de la denuncia ni obligado a demostrar la verdad de sus imputaciones. Con ello, se informaba a cualquier posible futuro denunciante de sus derechos y de las ventajas que tendría para ellos la aplicación de esta nueva directiva.