Golpe a las arcas españolas: Así evita Booking pagar una multa de 413 millones

El Gobierno español prosigue su batalla contra las plataformas digitales. En muchos casos, generadoras de escaso trabajo y destructoras de empleo. Además de pagadoras de pocos impuestos y equilibristas sobre la delgada línea entre la ley y la ilegalidad. 

Una de las afectadas es la plataforma de hoteles y pisos turísticos neerlandesa Booking.com. La misma fue sancionada el pasado año por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) con 413 millones de euros por utilizar su posición de dominio 2024. 

La plataforma respira tras conocer que la Audiencia Nacional, siguiendo su tónica habitual, ha estimado la medida cautelar solicitada por ellos. Con ello, logran suspender la ejecución de la sanción hasta que se resuelva el recurso planteado contra los argumentos del organismo regulador. 

El origen del conflicto con Booking

La CNMC impuso a Booking.com la mayor multa del organismo: 413 millones de euros. La sanción mereció el aplauso de muchos propietarios de hotel o pisos turísticos. Ellos llevan años protestando contra una empresa que se granjea enemigos por las condiciones que ofrece. 

Este expediente tiene su origen en dos denuncias recibidas en la CNMC. Proceden de la Asociación Española de Directores de Hotel y de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid. Ambos colectivos están enfadados por el trato que Booking dispensa a sus afiliados. 

Booking excusa su decisión de no permitir a hoteles y propietarios de pisos que ofrezcan en sus webs precios más bajos que en el gigante hotelero que exige grandes comisiones. "El objetivo de la cláusula de paridad es garantizar que las tarifas y condiciones que se publican en la plataforma sean competitivas. De modo que los clientes puedan beneficiarse de costes de búsqueda más bajos. Así como evitar que un alojamiento se aproveche de las inversiones cuantiosas que realice Booking.com", señala el portal.

La Moncloa en guerra contra Ryanair, Airbnb o Idealista

El Gobierno quiere poner coto a los excesos de las plataformas digitales. A cuenta de estas batallas el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha recibido insultos. Así, ha sido tildado de "loco comunista" y "payaso" por la polémica aerolínea low cost Ryanair. 

El Ministerio que lidera Bustinduy ha abierto expediente contra la plataforma Airbnb por ofertar vivienda turística sin licencia. La compañía ha alzado la voz y acusa al consistorio barcelonés de beneficiar a los hoteles.

"Tras comprobar que, después de 10 años de moratoria absoluta para la obtención de licencias de Viviendas de Uso Turístico, los precios de los alquileres y de las propiedades en la ciudad han crecido en un 70% y un 60%, respectivamente, sorprende que desde su gobierno municipal sigan poniendo el foco en estas últimas a la hora de abordar la crisis de la vivienda".

"Al igual que en la ciudad de Nueva York, es evidente que las restricciones contra las viviendas de uso turístico en Barcelona a lo largo de la última década no han cumplido su promesa de combatir los problemas de accesibilidad a la vivienda y de turismo de masas", explican.

El Ejecutivo ha promovido un cambio sobre la Ley de Propiedad Horizontal para obligar a los aspirantes a arrendadores de pisos a conseguir el apoyo del 60% de su comunidad. El Ayuntamiento de Madrid bloqueó la concesión de licencias. Y el Barcelona ha prometido eliminar los 10.000 existentes en los próximos cuatro años. 

Estas intervenciones comprometen a la plataforma Airbnb, que ha renovado argumentario. Y asegura que en 2023 generó en España 3.600 millones de euros en impuestos. También que provocó un impacto económico de 8.500 millones de euros. 

Idealista, en el candelero

La ciudadanía accede a la compra o alquiler de vivienda a través de plataformas como la española Idealista. Esta ofrece más de 19.000 casas y pisos en venta en Madrid, y más de 9.000 en alquiler. Fuentes cercanas a Sumar denuncian que plataformas como Idealista promueven la "adulteración de los precios de la vivienda". Y en el PSOE estudian cómo podrían condicionar algunas de las estrategias de esta mastodóntica inmobiliaria online. 

Cabe recordar que en 2021 Idealista fue multada por pactar. Lo hizo con Remax, Inmovilla, Look & Find, Witei, MLS y Anaconda para fijar precios. E intercambiar información en el mercado de la intermediación inmobiliaria. 

La CNMC denunció que "implantaron en España un sistema de exclusivas compartidas con el que imponían comisiones mínimas de intermediación. En general, para participar en el sistema, se exigía una comisión mínima del 4% para la compraventa y de un mes para los alquileres". 

"La participación en este sistema (MLS) limitó la capacidad de las inmobiliarias de competir y de fijar comisiones independientemente", añadió la CNMC. El organismo consideró que estas prácticas constituyen una infracción única y continuada constitutiva de cártel. 

La multa conjunta fue de 1,25 millones de euros de los cuales más de la mitad, 730.000, tuvieron que ser abonados por Idealista.