Gobierno canario oculta pruebas en la compra de mascarillas 3M por cuatro millones

El director del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, "nunca ha hecho alusión pública al documento clave del caso ‘PCR Canarias’", según fuentes consultadas por elcierredigital.com, que destapó este asunto bajo la denuncia del empresario grancanario, Juan Manuel Pérez, ante la Fiscalía General del Estado, Fiscalía Europea, Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y Tribunal de Cuentas.

Esta denuncia se interpuso contra el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, el consejero de Sanidad, Blas Trujillo y el propio director del SCS por una presunta prevaricación y malversación de caudales públicos. En ella se reflejan 23 licitaciones públicas por 32 millones de euros en la adjudicación –aprobada el 25 de mayo de 2020- pero también existe esta de cuatro millones de euros a la empresa RR7 UNITED, S.L –cuyo objetivo es la comercialización de vehículos en Las Palmas– para la adquisición de un millón de mascarillas 3M –al triple de su precio según los precios de mercado–, por parte del SCS durante la pandemia.

Este ‘documento clave’ –al que ha accedido en exclusiva elcierredigital.com–,  sobre el que Domínguez no ha hecho referencia alguna hasta la fecha, es un documento emitido por el Servicio Canario de Salud ante la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios –en el cual consta una solicitud de la Dirección General de Recursos Económicos del SCS (DGRE)– para que la empresa RR7 UNITED, S.L obtuviera una ‘Autorización Extraordinaria’ para "la importación de 1.000.000 de mascarillas 3M 1860 N95, adquiridas por el SCS a esta misma empresa", con un coste de 4 millones de euros.

En esta solicitud de la DGRE –suscrita por Ana María Pérez Afonso en calidad de directora, cesada posteriormente a petición propia–, se alega expresamente "el procedimiento de emergencia, en base al Estado de Alarma declarado por el Gobierno de España para todo el territorio nacional para la gestión de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19". Concretando que estas mascarillas 3M "tienen como uso exclusivo el personal sanitario de los centros dependientes de los centros del SCS, para la actuación y protección del personal sanitario ante los casos de infección por la Covid-19".

Implicación del SCS

Según fuentes conocedoras de esta operación con fondos públicos, "este documento demuestra la implicación inicial del SCS para que RR7 UNITED, S.L fuera la adjudicataria de este contrato millonario, a pesar de no contar con la autorización preceptiva previa para poder realizar este tipo de importaciones de material anti Covid-19 al dedicarse a la venta de automóviles –tal como consta en el Registro Mercantil–, sin presencia comercial anterior en el sector sanitario", expresan, "causando, presuntamente, una merma o agravio contra otros empresarios especializados en esta comercialización".

Por estar fuera del sector sanitario, el SCS "tuvo que pedir una autorización extraordinaria para que RR7 UNITED, S.L pudiese manejar la citada importación de 1.000.000 de mascarillas 3M, pero con un sobrecoste significativo según los precios de mercado", alegan empresarios consultados por elcierredigital.com. "Sin este permiso tramitado por el SCS, esta operación millonaria no habría sido posible", confirman.

Según el contrato de adjudicación a RR7 UNITED, S.L –documento al que ha accedido elcierredigital.com–, la licitación pública para adquirir estas mascarillas 3M como material médico fungible fue aprobada en 2020 por la DGRE –como entidad adjudicadora– por emergencia Covid-19, llevando a cabo este procedimiento como negociado sin publicidad, bajo la presentación de la oferta de manera manual por parte de la empresa y en base a las resoluciones de este ente público –1392-2020 de 7 de agosto y 1819-2020 de 30 de octubre– con el plazo de ejecución de contrato entre el 25-5-2020 al 31-1- 2021.

'Las mascarillas 3M fueron autorizadas por el SCS'

Esta operación efectuada con fondos públicos entre el SCS y la empresa RR7 UNITED, S.L está siendo investigada por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y Criminalidad Organizada en Las Palmas y la UDEF a raíz de la denuncia publicada por elcierredigital.com. Según el Registro Mercantil, los administradores solidarios de esta empresa adjudicataria, son Rayco Rubén González Sánchez  y Roberto Padrón Domínguez.

Para la importación de estas mascarillas 3M la entidad mercantil RR7 UNITED, S.L –que recibió por adelantado el pago de los  cuatro millones por el SCS– contactó con el empresario de origen jordano Ihsan Mahmhoud Mohamed Al Sabbagh, a través del consultor financiero José Lucas Cruz, con el fin de adquirir este material sanitario. De esta manera pudo proveer al SCS, tal como aclara el importador extranjero.

Sin embargo, Ihsan revela otros datos claves en exclusiva a elcierredigital.com pues afirma que "el SCS tenía conocimiento previo de que las mascarillas 3M cuentan con el sello de homologación americana –certificado bajo la aprobación Niosh– y se comercializan en otros países, pero no se podían importar en Europa. A pesar de advertir de este condicionante, el SCS solicitó autorización extraordinaria para que RR7 UNITED, S.L  entrara en la licitación y aprobó la adjudicación, de modo que pudieron introducirse las mascarillas en Canarias. El SCS continuó con esta contratación, por lo que al recibir los documentos con el visto bueno del SCS, se pudo realizar esta operación a través de un fondo fiduciario controlado por mi representante, Charles Douglas".

"Las transacciones económicas para adquirir las mascarillas 3M 1860 N95 se produjeron a través de este sistema fiduciario. Comprobé con mi abogado, uno por uno, que todos los embalajes y autorizaciones de estas mascarillas estaban en regla, contaban con todos los permisos y la autenticación desde Etiopía, por lo que tuve que fletar un avión que me supuso una inversión de 500.000 euros para trasladar este material sanitario hasta el Aeropuerto Internacional de Gran Canaria, un dinero que aún no he recuperado", explica Ishan.

Mascarillas destruidas

Pero además, al ser el titular de esta mercancía RR7 UNITED, S.L, el importador Ihsan Mahmhoud Mohamed Al Sabbagh no tuvo opción de recuperar las mascarillas 3M, que fueron retenidas en este aeropuerto bajo un expediente de ‘contrabando’, al no contar con el sello de la CE. Sin embargo, podían venderse en otros países. Según ha podido verificar elcierredigital.com, este lote de mascarillas, más otro lote más de 85.000 mascarillas azules, fueron destruidos el 5 de mayo de 2021 –con el consentimiento del administrador solidario de la empresa canaria, Rayco Rubén González–.

"No tiene sentido embarcarse en una operación empresarial si la Administración de Aduanas de la Agencia Tributaria va a impedir la importación a Europa o Canarias por falta de homologación", argumenta Ishan, quien defiende que "las mascarillas 3M no son falsas y fueron aprobadas por el SCS", según documentos que obran en su poder –tras la verificación por parte de la propia empresa fabricante de los lotes adquiridos, documento al que también ha accedido elcierredigital.com–.

Este empresario jordano insiste en que fue contactado en una segunda ocasión por la DGRE para realizar una nueva operación de adquisición de mascarillas honeywell. Tras este fracaso con RR7 UNITED, S.L, decidió "acceder a servir al SCS para proveer de este material a muy buen precio, adelantando el material bajo su propia inversión", afirma. "Pero cuando había dado todos los pasos, la mercancía estaba lista y el SCS solo tenía que sufragar los fletes,  se echaron para atrás, me dejaron solo, abandonaron esta operación incomprensiblemente, causando un nuevo prejuicio a mi patrimonio empresarial", sostiene, por lo que se plantea iniciar acciones legales.

'Desmienten falsas informaciones'

En esta línea, fuentes cercanas al consultor financiero José Lucas Cruz, confirman a elcierredigital.com, que "desmiente todas la falsas informaciones que se han vertido en otros medios de comunicación en relación a su papel en este caso". "Cruz recibió 25.000 euros de RR7 UNITED, S.L por su trabajo de intermediación en esta operación, totalmente legal y acreditado. Es más, está dispuesto a consignar esta cantidad económica en el juzgado, en cuanto se le indique desde la Fiscalía que investiga este asunto como ha de proceder, así como ha indicado su voluntad de cooperar con la Justicia", explican estas fuentes.

De igual forma, estas mismas fuentes indican que "Cruz, a raíz de la publicación de esta transferencia bancaria de 25.000 euros por su trabajo, editado este documento por Canarias 7, estudia acciones judiciales por vulneración de sus datos confidenciales".

¿Dónde están los cuatro millones de euros?

Empresarios del sector sanitario consultados por elcierredigital.com, explican que "en la época de la pandemia, la gente estaba muy preocupada por conseguir mascarillas pero los empresarios especializados trabajaban con un margen normal de beneficios con las administraciones públicas o entidades privadas".

Si embargo, en el caso de las mascarillas 3M, que "en aquel entonces costaban 1,06 euros por unidad, le costaron a la empresa RR7 UNITED, S.L cuatro millones de euros, por importar tan solo un millón de estas mascarillas. Es decir, por un 700 por ciento de beneficio, por lo que muchos empresarios nos preguntamos: ¿Dónde ha ido realmente ese dinero que sigue sin aparecer? ¿Qué ha sucedido con las presuntas comisiones? ¿La DGRE recuperará estos fondos públicos, a pesar de comenzar un expediente cuyo objetivo es localizar estos recursos económicos?".