Ganaderos contra el 'cártel lácteo': Traficaban con datos para dominar el mercado

Los grandes compradores de leche en España destrozaron los intereses de los pequeños ganaderos al intercambiar información con el fin de "controlar el mercado de aprovisionamiento de leche de vaca" durante más de 13 años. 

Así lo ha dictaminado hace unos días la sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional, que ha confirmado la existencia de un cartel lácteo entre una decena de empresas y asociaciones que coordinaron la compra de leche de forma irregular. 

Este hecho, comprendido entre el año 2000 y 2013, fue sancionado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en 2019. Entonces, el organismo les sancionó con 80,6 millones de euros que a priori podrían reducirse ligeramente. 

La Audiencia Nacional ha confirmado multas como la de 11,6 millones de euros al Grupo Lactalis Iberia (Puleva o Ram) o 6,8 a Nestlé, mientras que ha instando a Competencia a recalcular las sanciones a Comercial Alimentaria Peñasanta (21,8 millones de euros) o Danone (20,2 millones de euros al "entender que algunos de los periodos investigados están prescritos". 

Las sanciones, explican fuentes de Unións Agrarias de Galicia, han abierto la puerta a la coordinación de sus 5.000 representados. Esta organización calcula que en España hubo alrededor de 13.000 perjudicados, "muchos de ellos prejubilados o trabajando en otro sector por culpa de esta organización de tintes sórdidos", señalan.

Javier Poza, secretario general de SOS Rural señala a Elcierredigital.com sobre la sentencia que su organización "saluda y aplaude la decisión de la Audiencia Nacional. La existencia de carteles o prácticas para coordinar la compra de leche por parte de la industria láctea en perjuicio de los ganaderos es una situación inaceptable e intolerable".

"La sentencia solo pone de manifiesto lo que era un secreto a voces, que en España han existido carteles para controlar el precio de la leche en detrimento de los productores, que han sido forzados, en muchas ocasiones, a producir incluso por debajo de los costes de producción", añaden.

Desde SOS Rural  apelan "a la industria a actuar con responsabilidad y altura de miras. Es necesario que la industria láctea destierre de una vez por todas este tipo de prácticas que lo único que hacen es dañar al sector en su conjunto en detrimento de consumidores y productores". 

Roberto García, secretario general de Unións Agrarias-UPA Galicia, advirtió hace unos meses que "mientras no se ejecuten estas sanciones, no se corregirán los comportamientos de la industria. Hemos visto cómo en mayo la industria, de forma coordinada, ha puesto en marcha una nueva bajada de precios sin que hubiese razones de mercado, porque al consumidor no le han bajado el precio ni al ganadero, los costes". 

El informe

El informe de Competencia de 2019, al que ha tenido acceso Elcierredigital.com, señala que "las prácticas anticompetitivas llevadas a cabo por los infractores han consistido en intercambiar información, a nivel nacional y regional, sobre precios de compra de leche cruda de vaca, volúmenes de compra de ganaderos y excedentes de leche. Estos intercambios de información estratégica se produjeron en distintos foros y versaron sobre distintas materias, si bien todos ellos tuvieron el objetivo común de consensuar y adoptar una estrategia conjunta para controlar el mercado de aprovisionamiento de leche cruda de vaca". 

Además, en determinados momentos, se habrían materializado en acuerdos concretos para coordinar los precios de compra de leche y para la cesión de ganaderos entre industriales.

Así, por ejemplo, las empresas transformadoras dialogaron e intercambiaron información sobre los precios de compra que ofrecían las empresas transformadoras a sus ganaderos, "los que iban a ofrecer en un futuro, la identidad de los ganaderos y los volúmenes adquiridos de éstos, o la identidad de los ganaderos que tenían intención de cambiar de transformador y posibles medidas para evitarlo", añade. 

Esta información permitía a las empresas ajustar su comportamiento y evitar ofrecer mejores precios y condiciones comerciales a los ganaderos, limitando la competencia en el mercado de aprovisionamiento de leche cruda. 

Los ganaderos, carentes de libertad

Como consecuencia de ello, "los ganaderos, carecían de libertad para fijar el precio de su producto y la empresa a la que suministraban, distorsionando el normal funcionamiento del mercado en beneficio de los transformadores".

"Los acuerdos agravaron la situación en un mercado ya de por si concentrado desde la perspectiva de la demanda, donde existe un elevado poder negociador de la industria transformadora frente a unos ganaderos que, además de estar más atomizados, están obligados a vender la producción para conservar su cuota láctea", añade el informe. 

Una sanción originada en 2019

Competencia sancionó en 2019 a ocho empresas que operaron en el mercado de aprovisionamiento de leche cruda de vaca por su actuación entre 2000 y 2013. "La conducta ilícita consistía en intercambiar información lo que les permitía coordinar estrategias comerciales en detrimento de los intereses de los ganaderos", señaló el organismo gubernamental. 

Tal actuación fue considerada una infracción muy grave que fue sancionada con 80,6 millones de euros. (S/0425/12). Este expediente tuvo su inicio a raíz de un estudio sobre el sector lácteo remitido por el Servicio para la Defensa de la Competencia de Castilla y León. En él se manifestaba la posible existencia de conductas restrictivas en el mercado de aprovisionamiento de leche cruda y de una denuncia formulada por la Uniones Agrarias (Unión de Pequeños Agricultores, UPA) contra las empresas transformadoras de leche. 

La investigación incluyó inspecciones domiciliarias simultáneas en las sedes de algunas de las principales empresas del sector y se instruyó el correspondiente expediente sancionador contra la Asociación de Empresas Lácteas de Galicia (AELGA), Calidad Pascual (antes Grupo Leche Pascual S.A.), Central Lechera de Galicia (CELEGA), Corporación Alimentaria Peñasanta (CAPSA), Danone, el Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña (GIL), Grupo Lactalis Iberia, Nestlé España, Industrias Lácteas de Granada (Puleva) y Schreiber Food España (antes Senoble Ibérica). 

Competencia las denunció por haber participado y ser responsables de conductas anticompetitivas que infringen la legislación de competencia. También participaron en las conductas, las entidades Industrias Lácteas Asturianas (ILAS), Leche Río, Feiraco, Leche Celta, Forlactaria y Central Lechera Asturiana, si bien su infracción ha prescrito.