La Fiscalía Europea investiga al Gobierno de Canarias por sobreprecios en pruebas PCR

El Gobierno de Canarias se encuentra bajo la acción de la Fiscalía Europea después de observar indicios de delito a raíz de una denuncia contra el presidente del ejecutivo regional, Ángel Víctor Torres (PSOE), el director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez Trujillo, y el Jefe de Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria de Tenerife, Óscar Díez.

A los tres se les acusa de haber adquirido mediante procedimiento de urgencia 48.000 test genéticos SARS-CoV2 a los laboratorios Bioxamina de Polonia, por los que abonaron la cantidad de 15 euros por unidad –un coste total de 720.000 euros–. Este precio triplica a la tarifa oficial de esta empresa que oferta estos kits PCR por 5,40 euros la unidad. "Una cifra muy superior a la que la misma empresa habría presupuestado en otras ocasiones, ocasionando un perjuicio patrimonial a las arcas públicas", expresa esta denuncia, a la que ha tenido acceso elcierredigital.com.

Tal y como ha sabido nuestro diario, esta contratación pública se hizo a través de TOUT ESPAGNOL IMPORT-EXPORT S.L, empresa con sede en Málaga que, según el Registro Mercantil consultado, está inscrita bajo la actividad de "comercio al por mayor de pescados y otros productos alimenticios" y su objeto social radica en "importación y exportación de productos alimenticios tanto frescos como congelados, así como de materiales de construcción y maquinaria industrial y agrícola".

Según fuentes consultadas por elcierredigital.com, el Ejecutivo canario habría adjudicado 720.000 euros para adquirir los test PCR a esta empresa "sin actividad sanitaria fundada en 2018", con un rango de capital social entre 3.100 a 60.000 euros, cuyo responsable es el administrador único Juan David Becerra García. Meses después de la adjudicación de esta contratación pública en marzo de 2021, esta empresa realizó cambio de domicilio social, denominación social, modificaciones estatutarias, nombramientos y constitución, según el Registro Mercantil. Además, existen otras seis empresas vinculadas al mismo administrador único dedicadas a obras públicas, parcelación de terrenos, actividades inmobiliarias, embarcaciones naúticas y comercio al por mayor de aceites vegetales.

Polémica con los precios de los test PCR

En función de la tarifa de los laboratorios Bioxamina, con sede en Lublin, según un documento emitido el 14 de septiembre de 2021 al que ha accedido elcierredigital.com, los test SARS-CoV-2 Real Time PCR LAB-KIT tienen un precio unitario de 5,80 euros para pequeños pedidos. Sin embargo, el coste quedaría reducido a 5,40 euros por unidad si se solicitaran 48.000 test PCR, como en el caso de la contratación realizada por el Gobierno de Canarias. 

No obstante, el ejecutivo canario aprobó un presupuesto muy superior al de este laboratorio –de 15 euros por cada test– que "sufragó con fondos públicos por un importe de 720.000 euros, en lugar de aplicar las tarifas de esta empresa que habrían supuesto un gran ahorro y una inversión de 259.000 euros", indican fuentes internas a elcierredigital.com. Es decir, al parecer, el Gobierno de Canarias habría gastado 461.000 euros de más, por no acogerse a las tarifas de Bioxamina.

El Gobierno de Canarias, bajo un informe visto el 23 de marzo de 2021 en la Comisión Preparatoria de Asuntos del Gobierno, dio luz verde a la contratación mediante procedimiento de urgencia del suministro de kits PCR –48.000 test–, destinados al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, con el respaldo del Consejero de Sanidad, Blas Trujillo. Posteriormente, el gobierno regional del presidente Ángel Víctor Torres, tras quedar enterado y de conformidad con la disposición adicional de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021, dio cuenta de este acuerdo al Parlamento de Canarias.

Indicios de delitos

Las pruebas aportadas en la referida denuncia, tal como consta en el procedimiento 102/2021, han sido remitidas a la Fiscalía General del Estado a través del Fiscal Jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. Este procedimiento se ha puesto en marcha bajo un decreto dictado por la Fiscalía Europea y emitido el 22 de diciembre de 2021 –documento al que elcierredigital.com ha tenido acceso–, tras la presentación de la denuncia por Fernando Vizcaíno Carles, portavoz de ReVelión en la Granja, ante la fiscalía de la Unión Europea en diciembre de 2021.

Este decreto de la Fiscalía Europea acuerda en un aspecto, bajo su ámbito de competencias, "no iniciar la investigación y archivar el procedimiento’, pero en otro sentido, ha dictaminado que ‘existiendo indicios de la posible comisión de delitos no comprendidos dentro del ámbito de la competencia de la Fiscalía Europea, remítase todas las pruebas a la Fiscalía General del Estado".

Igualmente, Vizcaíno también acudió a los Juzgados de Las Palmas de Gran Canaria e interpuso la misma denuncia el 24 de septiembre de 2021, contra Ángel Víctor Torres, Conrado Domínguez Trujillo y Óscar Díez, por presuntos delitos de malversación, administración desleal, cohecho, enriquecimiento ilícito, asociación ilícita, y tráfico de influencias  

Demanda de test en Canarias

En la reconstrucción de los hechos que ha realizado ElCierreDigital.com, también se ha observado, en relación con la resolución de la Directora Gerente del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria -documento Nº 225, de 19 de febrero de 2021, al que ha accedido este medio-, que se declara la emergencia de tramitación del expediente de contratación del suministro de kits PCR Bioxamina con destino al hospital y se ordena la ejecución de las actuaciones necesarias que permitan la adquisición de este suministro.

Finalmente, esta entidad sanitaria aprobó el contrato de emergencia con la empresa TOUT ESPAGNOL IMPORT-EXPORT, S.L, para la adquisición de 48.000 Genetic test SARS-CoV-2 real time PCR Lab Kit Bioxamina con un coste de 720.000 euros, artículo exento de IGIC aplicable a la importación o entrega de determinados bienes necesarios para combatir los efectos del Covid-19, prorrogado por Decreto Ley 18/2020 de 5 de noviembre.

El proceso de contratación comenzó a raíz de un escrito del Servicio de Microbiología en el que se informaba que, en la actual pandemia de coronavirus, se estaban realizando entre 18.000 y 30.000 determinaciones PCR de SARS-CoV-2 al mes, y se preveía, en aquel entonces, que ‘la actual situación se prolongue durante este año, y más con la aparición de variantes’, según este documento.

Problemas de suministro

El Servicio de Microbiología puso de manifiesto que en esos momentos, antes de la contratación de los polémicos test, "sus existencias eran de 25.000 determinaciones" y que ya se encontraban "con problemas en el suministro por parte de las casas comerciales de las cantidades programadas, en tiempo y en número".

"Es muy posible que en un momento dado vuelva a producirse, agravando la situación. Ya se está viviendo a la hora de realizar pedidos de otras casas comerciales, debido a que muchos de los kits que existen en la actualidad sólo poseen una diana contra el virus. También se están produciendo situaciones de falsos negativos con algunos kits que no sirven para la detención del SARS-CoV-2 por las mutaciones que se producen (...), y que se van a producir en mayor cantidad a medida que sigamos presionando más al virus con la vacunación", advirtieron desde Microbiología en 2021.

Por su parte, estos especialistas indicaron en su día que "ante la situación de bajada en las reservas del laboratorio por la gran demanda sufrida en los últimos meses, y visto que solo tiene ahora mismo garantizado determinaciones para un solo mes, se solicita de manera muy urgente tener garantizada la adquisición de 50.000 determinaciones para los próximos dos meses. Así se hará frente a la rutina del laboratorio que más determinaciones realiza de Canarias, y el único capaz de realizar 15.000 determinaciones en su solo día, si fuera preciso, como ya ha ocurrido en un pasado cercano. En caso contrario, se corre un grave peligro para garantizar la realización de las PCR diarias".

Esta fue la información que motivó la adquisición de los test PCR por el Gobierno de Canarias, que se encuentra bajo denuncia judicial en la actualidad.