El Cierre Digital Eustasio López dueño hoteles Lopesan vetado por el Ayuntamiento de San Bartolomé
Javier Vidal denuncia 'influencias' en proceso judicial por venta ilegal contra millonario dueño de cadena.
El caso ‘La Parresía’ vuelve a desencadenar un nuevo episodio de ‘tensión’ en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana (SBT). Así lo atestigua ante elcierredigital.com el administrador de Inversiones Patrimoniales Unidas SL, Javier Vidal, denunciante de este caso ante el Tribunal Supremo contra el empresario Eustasio López, dueño del Grupo Lopesan –procesado por el caso 18 Lovas–. El caso investiga la presunta ‘venta irregular’ de unos almacenes con destino a minicines en el Centro Comercial Ronda en 2006.
Tal como consta en la denuncia, Vidal adquirió estos locales a López bajo la calificación de ‘comerciales’ para desarrollar unos minicines, y tras la compraventa descubrió que realmente había comprado unos ‘almacenes’ que nunca podría explotar debido a la normativa municipal de SBT, lo que desembocó en el proceso judicial contra López.
Ahora, Vidal sostiene que "el consistorio de SBT ha vetado su intervención en el último pleno –el pasado 4 de abril–", donde solicitaba explicar el proceso judicial originado años atrás contra Eustasio López, siendo éste el representante de la empresa Promociones Taidia SA, "con documentos emitidos por esta misma corporación municipal, que a su vez, han sido aportados a la causa judicial".
Vidal había solicitado al ayuntamiento de SBT el pasado 9 de marzo su participación ciudadana ante el pleno municipal –documento al que ha accedido este diario– e incluso presentó después un nuevo impulso de esta participación –el 25 de marzo–. Sin embargo, indica el empresario, "el alcalde de SBT, Marco Aurelio Pérez (AV-PP), nunca respondió a su requerimiento ni recibió contestación alguna de esta institución".
Es más, este empresario expone en su denuncia ante el Supremo que "el alcalde Marco Aurelio, en el año 2002, aprobó un convenio municipal con Eustasio López y Promociones Taidia SA en relación a estos locales ‘comerciales’ que en el Proyecto Básico y el de finalización de obra realmente estaban calificados como 'almacenes' –tal como consta en los documentos a los que ha tenido acceso este diario–".
En este convenio, Marco Aurelio reconocía que la edificabilidad comercial de estos mismos locales estaba agotada, por lo que habría que modificar el PGOU. Además, según este acuerdo con López, el Ayuntamiento estaría "obligado a pagar al empresario Eustasio López una compensación económica por una cuantía de 989.999 euros, por unos aprovechamientos que no le correspondían debido a una calificación incorrecta por parte del propio ayuntamiento de SBT, lo que hubiera supuesto un lucro empresarial en favor del dueño de Lopesan", señala el empresario.
Y añade: "Desde 1996 nunca se ha modificado el PGOU —Plan General de Ordenación Urbanística—, por tanto, no se habrían ejecutado las medidas fijadas en este convenio. Tampoco he tenido constancia de lo acaecido con la compensación de los 989.999 euros por parte del Ayuntamiento hacia Eustasio López. Por otra parte, el alcalde Marco Aurelio no me ha permitido participar en el pleno, ni me ha dado la oportunidad de exhibir en público el citado convenio que él mismo firmó con López siendo alcalde en 2002".
Cabe recordar, manifiesta, que "cuando Marco Aurelio estaba en la oposición municipal en el mandato anterior, se opuso a esta misma licencia porque tenía la edificabilidad comercial agotada, siendo entonces alcalde José Juan Santana (Nueva Canarias). Sin embargo, expresa, "al tomar el poder, Marco Aurelio cambió de parecer y accedió en 2002 a este acuerdo con Eustasio. Además reconoce en el convenio dicho espacio como local comercial cuando es conocedor de que se trata de almacenes".
El denunciante solicita amparo ante el Constitucional
En una entrevista telefónica con elcierredigital.com, Vidal relata que "durante los últimos doce años que lleva en este proceso judicial, se convirtió en ‘policía’ y ‘fiscal’, averiguando cómo se había llegado a producir esta operación de compraventa –presuntamente irregular– con el dueño de Lopesan de unos locales que nunca habían sido considerados comerciales por el propio Ayuntamiento de SBT. Nunca habían adquirido la condición de edificabilidad comercial, lo que supuso la ruina para su propia empresa, Inversiones Patrimoniales Unidas SL, y en consecuencia, para su proyecto enfocado a mejorar el municipio que, nunca se pudo llevar a cabo, precisamente, por esta irregularidad denunciada".
No obstante, subraya que en relación a este perjuicio económico y empresarial para su mercantil "solicitó ante el ayuntamiento de SBT el reintegro de la plusvalía aportada en función de estos proyectos, pero le fue denegada, debido a una causa de prescripción".
Durante este periplo judicial, explica, fue cuando descubrió supuestas "irregularidades en expedientes públicos que implican a tres instituciones del archipiélago, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que tenían que haber velado por la seguridad jurídica y urbanística". Por lo que avanza a este periódico que "acudirá inminentemente al amparo del Tribunal Constitucional para depositar toda la información documental emitida por las instituciones canarias presentada con anterioridad ante otras instancias judiciales".
"Me cancelaron reuniones en el Ayuntamiento tras destapar el caso en la prensa"
Vidal manifiesta que "tras la gran repercusión de la noticia de elcierredigital.com destapando la denuncia por el caso ‘La Parresía’, la concejal de Urbanismo del ayuntamiento de SBT Davinia Rodríguez (CC) canceló la reunión que teníamos fijada por este asunto ‘al no estar preparada sobre esta documentación’". Vidal expresa que "el poder mediático de este caso hizo recular al propio consistorio para pensarse bien qué me iban a decir después de tantos años denunciando este expediente municipal sobre los locales del Centro Comercial Ronda".
Posteriormente, esta edil se habría "comprometido a que un técnico del consistorio, Antonio Calvo —quien fue investigado en el caso 18 Lovas—, emitiera un informe", pero hasta la fecha, "ni he sabido de este documento de Urbanismo, ni he sido recibido por ninguna autoridad municipal de SBT".
Vidal pone en valor que "existe un técnico en este ayuntamiento ,ya fallecido, José Alemán, que nunca accedió a que estos almacenes fueran considerados locales comerciales, y gracias a su gestión, hemos podido acreditar en sede judicial la verdadera calificación en el Proyecto Base, por lo que nunca se ejecutaron los minicines".
Según el denunciante, otra clave es que "la normativa de SBT prohíbe los usos comerciales bajo rasante porque este extremo es inviable, por lo que permitieron en la modificación de la norma subsidiario a algunos de los sótanos, dependiendo de su rasante, como uso comercial, tal como consta en otros documentos rubricados por el técnico municipal Victoriano Pérez", que también han sido aportados en la denuncia.
Por tanto, argumenta Vidal, "podríamos estar ante un convenio municipal nulo de pleno derecho que podría contradecir la propia Ley del Suelo de Canarias, ya que el ayuntamiento de SBT mantiene en vigor este convenio de obra para el centro comercial con Eustasio López hasta 2009, así como un anexo del convenio en 2004 que contiene los preparatorios manteniendo los originarios suscritos en 2002 siendo Marco Aurelio alcalde".
Sin embargo, concluye, "mi empresa adquiere en 2006 estos locales que realmente son almacenes, bajo la imposibilidad desde el principio de desarrollar dichos proyectos, y bajo el total desconocimiento de nuestra entidad mercantil, por lo que aquí comenzó nuestro calvario. Por ello, llevaremos este proceso judicial hasta el final, inclusive ante la Justicia Europea".
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