Europa investiga a Ángel Torres por comprar PCR con empresa de alimentos.

La Fiscalía Europea, finalmente, ha obligado a la Fiscalía en España a que investigue la denuncia contra el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres (PSOE), por presuntos delitos de malversación, administración desleal, cohecho, enriquecimiento ilícito, asociación ilícita, y tráfico de influencias, en relación al contrato de emergencia aprobado por el ejecutivo canario en 2021, para adquirir 48.000 test genéticos SARS-CoV2 con un coste total de 720.000 euros, un precio que triplica la tarifa oficial de los laboratorios Bioxamina, expendedores de estos Kits PCR, con sede en Polonia.

Ante esta presión internacional, la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de España ha resuelto a través de un decreto emitido el pasado 8 de febrero –documento al que ha accedido en exclusiva ElCierreDigital.com–, dar traslado a la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Canarias.  Así lo ha manifestado oficialmente el teniente fiscal Anticorrupción tras el informe final de este caso por parte de la Fiscalía Europea

Por su parte, el presidente Torres "no contempla dar explicaciones sobre este supuesto sobrecoste contra las arcas públicas", según informan fuentes socialistas consultadas por elcierredigital.com.

A pesar de tener pendiente esta investigación judicial sobre sus espaladas, días atrás en un Congreso Insular del PSOE celebrado en Lanzarote, el propio Torres calificó la situación del Partido Popular de "muy grave", exigiendo a los populares "explicaciones con luz y taquígrafos del buen uso de los recursos públicos".  Según él, "porque estamos ante un supuesto caso de corrupción".

Unas declaraciones hechas en relación con la adjudicación de contratos de material sanitario durante la pandemia por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso.

Silencio de la Justicia española

Esta es la historia de esta denuncia.  Fernando Vizcaíno Carles,  portavoz de ReVelión en la Granja, interpuso esta denuncia el pasado 24 de septiembre de 2021 contra el presidente canario Ángel Víctor Torres, el director del Servicio Canario de Salud Conrado Domínguez Trujillo, y contra Óscar Díez, Jefe de Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria de Tenerife. Todos por presuntos delitos de malversación, administración desleal, cohecho, enriquecimiento ilícito, asociación ilícita, y tráfico de influencias, ante  los Juzgados de Las Palmas de Gran Canaria.

Consultado  Fernando Vizcaíno Carles  por ElCierreDigital.com, asegura que "no ha obtenido ninguna respuesta hasta la fecha por parte de los juzgados canarios", aunque se felicita por haber acudido también a la Fiscalía Europea, órgano judicial que sí "observó indicios de delito" e impulsó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado de España.

La denuncia advierte que el ejecutivo regional canario, con el visto bueno del Parlamento de Canarias, aprobó en un contrato de emergencia con un presupuesto muy superior al del laboratorio Bioxamina.

El Gobierno canario sufragó con fondos públicos un coste de 15 euros por cada test PCR, mientras la empresa mantiene en sus tarifas el precio de 5,40 euros por unidad. La adjudicación directa supuso un gasto total de 720.000 euros, gasto que se habría reducido a 259.000 euros si se hubieran aplicado las tarifas oficiales del laboratorio.

Al parecer, el Gobierno de Canarias se habría gastado en la adquisición 461.000 euros más de sobrecoste, según la denuncia interpuesta. "Una cifra muy superior a la que la misma empresa habría presupuestado en otras ocasiones, ocasionando un perjuicio patrimonial a las arcas públicas", argumenta la denuncia interpuesta por Vizcaíno.

Adjudicación a una empresa de alimentos

La adjudicación de emergencia de los Kits PCR, recayó en la empresa TOUT ESPAGNOL IMPORT-EXPORT, S.L. Según el Registro Mercantil consultado por ElCierreDigital.com, esta empresa, con sede en Málaga, está inscrita bajo la actividad de "comercio al por mayor de pescados y otros productos alimenticios", cuyo objeto social radica en "importación y exportación de productos alimenticios tanto frescos como congelados, así como de materiales de construcción y maquinaria industrial y agrícola". 

Es decir, el ejecutivo regional habría adjudicado 720.000 euros a esta empresa alimentaria para adquirir los test PCR. Una empresa, en principio, sin actividad sanitaria, fundada en 2018 y con un rango de capital social que oscila entre 3.100 a 60.000 euros, y cuyo responsable es el administrador único es Juan David Becerra García.

Meses después de esta adjudicación, que se produjo en marzo de 2021, la empresa realizó un cambio de domicilio social como también de denominación social, modificaciones estatutarias, nombramientos y constitución, según el Registro Mercantil.

Además, existen otras seis empresas vinculadas al mismo administrador único, Juan David Becerra García, dedicadas "a obras públicas, parcelación de terrenos, actividades inmobiliarias, embarcaciones naúticas y comercio al por mayor de aceites vegetales".

Polémica con los precios de los test PCR

Lo más significativo es que los  laboratorios Bioxamina, con sede en Lublin (Polonia), según un documento de precios emitido el 14 de septiembre de 2021 -que ha recogido este medio-, comercializan los test SARS-CoV-2 Real Time PCR LAB-KIT a un precio unitario de 5,80 euros, bajo pequeños pedidos, pero el coste se abarataría a 5,40 por unidad si se solicitaran 48.000 test PCR, tal como podría haber sido el caso de la contratación realizada por el Gobierno de Canarias, si hubiese utilizado estos precios.

Sin embargo, el ejecutivo canario de Torres aprobó un presupuesto muy superior al de este laboratorio, con un coste de 15 euros por cada test  en lugar de aplicar las tarifas de esta reconocida empresa.

El Gobierno de Canarias, bajo un informe visto en la Comisión Preparatoria de Asuntos del Gobierno el 23 de marzo de 2021, dio luz verde a esta contratación, mediante procedimiento de urgencia del suministro de kits PCR -48.000 test. Productos destinados al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, con el respaldo del consejero de Sanidad, Blas Trujillo.

Posteriormente, el gobierno regional del presidente, Ángel Víctor Torres, tras quedar enterado, y de conformidad con la disposición adicional de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021, dio cuenta de este acuerdo al Parlamento de Canarias.

Indicios de delitos

Las pruebas aportadas en la referida denuncia, tal como consta en el procedimiento 102/2021, fueron remitidas por Europa a la Fiscalía General del Estado a través del Fiscal Jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. Este procedimiento se puso en marcha bajo un decreto dictado por la Fiscalía Europea, emitido el 22 de diciembre de 2021 -documento al que elcierredigital.com ha tenido acceso.

Pero todo gracias a la presentación de esta denuncia por Fernando Vizcaíno Carles ante esta fiscalía de la Unión Europea, en diciembre de 2021. En su decreto, la Fiscalía Europea acordó, dadas sus competencias jurídicas, "no iniciar la investigación y archivar el procedimiento", pero si que dictaminó que "existiendo indicios de la posible comisión de delitos no comprendidos dentro del ámbito de la competencia de la Fiscalía Europea, remítase todas las pruebas a la Fiscalía General del Estado".

Demanda de test en Canarias

En la reconstrucción de los hechos, que ha realizado ElCierreDigital.com, se ha observado, en relación con la resolución de la directora gerente del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria -documento nº 225, de 19 de febrero de 2021, al que ha accedido este medio-, que se declara la emergencia de tramitación del expediente de contratación del suministro de kits PCR Bioxamina con destino al hospital.

Y se ordena la ejecución de las actuaciones necesarias que permitan la adquisición de este suministro.

Finalmente, esta entidad sanitaria aprobó el contrato de emergencia con la empresa TOUT ESPAGNOL IMPORT-EXPORT, S.L, para la adquisición de 48.000 Genetic test SARS-CoV-2 real time PCR Lab Kit Bioxamina con un coste de 720.000 euros, artículo exento de IGIC aplicable a la importación o entrega de determinados bienes necesarios para combatir los efectos del Covid-19, prorrogado por Decreto Ley 18/2020 de 5 de noviembre.

Dicho proceso de contratación comenzó a raíz de un escrito del Servicio de Microbiología en el que se informaba que, en la actual pandemia de coronavirus, se estaban realizando entre 18.000 y 30.000 determinaciones PCR de SARS-CoV-2 al mes, y se preveía, en aquel entonces, que "la actual situación se prolongase durante este año, y más con la aparición de variantes’, según este documento.

Esta fue la información motivada para la adquisición de los test PCR, una decisión ahora bajo denuncia judicial e investigación contra el Gobierno de Canarias de Ángel Víctor Torres.