Eulen y Florentino Pérez dominan la administración de teatros.

Desde hace escasos años el mundo teatral español cuenta con inesperados gestores de esta actividad cultural. Empresas que no tienen ni experiencia ni están vinculadas por tradición al mundo del arte y el espectáculo y que se han convertido en competidores de grandes productoras que llevan años explotando y demostrando conocer este sector. Estos productores de toda la vida tienen enfrente a gigantes empresariales que logran mediante licitaciones gubernamentales el control de teatros históricos en manos del Estado y otras instituciones públicas.  

Es el caso de Eulen, una sociedad originaria de mantenimiento y limpieza, que ha creado una Unión Temporal de Empresas junto con Smedia, empresa de gran tradición teatral de nombre Viriato, para explotar el Teatro Ramos Carrión en Zamora, el más emblemático de la ciudad castellano-leonesa y dependiente de la Diputación Provincial. La UTE consiguió una licitación para “gestión y explotación integral del conjunto de espacios del Teatro Ramos Carrión” por 1.375.000 euros el treinta de junio de 2016. La nueva Unión Temporal de Empresas fue creada ex profeso para el concurso zamorano.

El concurso para la gestión integral del teatro Ramos Carrión, que incluye también el aspecto congresual del edificio, supuso un enfrentamiento entre cinco proyectos presentados por otras tantas productoras teatrales. Viriato lo consiguió superando sólo por unas décimas a la que quedó en segundo lugar, Iniciativas Teatrales, con tan solo 5.000 euros de ventaja una sobre la otra. 

Iniciativas Teatrales es la empresa controlada por Enrique Cornejo, uno de los grandes productores teatrales de España con años de éxitos y experiencia a sus espaldas. No tuvo suerte en esta lucha, pero sí lo obtuvo a la hora de mantenerse al frente de la explotación del teatro Zorrilla de Valladolid, uno de los templos de las artes escénicas en nuestro país, donde tuvo frente a él al mismísimo Florentino Pérez.

“Las instituciones han olvidado sus funciones y han delegado, pero no lo han hecho en profesionales del sector como creadores o empresarios. Se apoyan en empresas que no tienen nada que ver. Ahora mismo la competencia a los empresarios teatrales independientes la hacen las instituciones”, explica Cornejo a Elcierredigital.com.  

“Yo me dedico al teatro no a prestar otro tipo de servicios. No se me ocurría cambiar de negocio y hacer competencia en un terreno que no conozco” añade el conocido productor. “Por su lado las subvenciones han servido de muy poco. No desarrollan una industria. Cuando la subvención se acaba, la empresa se va. Hay un control sobre la cultura, pero no es positivo. El Estado debería tener solo los teatros necesarios y justos para poner en marcha, por ejemplo, el teatro clásico que en sectores comerciales no se puede promocionar ni sacar adelante”, remata. 

Iniciativas Teatrales SL se impuso con una puntuación total de 148 puntos, por los 141,80 de la UTE formada por Clece, propiedad del grupo empresarial del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y por Marcus Teatral. Como también por encima de los 136,94 puntos de la UTE integrada por Eulen y Smedia y los 130,44 puntos de Pentación SA, propiedad de otro nombre propio de la producción teatral española, Jesús Cimarro.

Clece S.A., integrada en el grupo constructor ACS, obtuvo en varias ocasiones la administración  de los Teatros del Canal y el Teatro-Auditorio de San Lorenzo de El Escorial, ambos en la Comunidad de Madrid. En 2009, el Gobierno de Esperanza Aguirre adjudicó a Clece la administración de ambos teatros por algo más de 8,5 millones de euros anuales. El contrato inicial era por dos años prorrogable a seis.  

En diciembre de 2014, con Ignacio González al frente del Gobierno madrileño, Clece volvió a llevarse el concurso público que se convocó una vez finalizada la adjudicación anterior. En esta ocasión, la empresa se quedó con la gestión de los dos espacios enfrentándose a la UTE formada por Eulen y Plural Multimedia Ocio, también prorrogable por otros cuatro años.  

Eulen administra el proyecto faraónico de la SGAE

La SGAE llegó en 2017 a un acuerdo con el grupo Eulen, la compañía creada por la familia de David Álvarez, para la explotación de este espacio ubicado en La Cartuja sevillana y que se encontraba cerrado como consecuencia de los problemas económicos de la sociedad de gestión de derechos desde que se terminó su construcción en 2012.

La SGAE invirtió en esta obra 78 millones de euros para crear el teatro mejor dotado técnicamente de España y que situó en Sevilla. La crisis puso freno a un proyecto calificado de faraónico por muchos. El teatro tiene 2.200 localidades, y las salas de ensayo y grabación estuvieron sin uso a pesar de que cuentan con las tecnologías más avanzadas que actualmente hay en el mercado.  

Desde abril de este año se están llevando a cabo obras en el edificio que hacen que por ahora sólo se esté usando la tercera parte del mismo. Entre las mejoras que se pretenden llevar a cabo, destaca la construcción de una sala con una grada telescópica de cuatrocientas butacas, que puede recogerse para aumentar el aforo. Ahora mismo La Cartuja cuenta con un auditorio principal de 1400 metros cuadrados y capacidad para 2.000 localidades.

También, se están mejorando otras estancias para acoger las oficinas de la Fundación SGAE en la ciudad hispalense, así como, las aulas del Centro de Innovación Tecnológica (Cite) que acogerán los ciclos formativos de Grado Superior en Ciencias Audiovisuales y Espectáculos. Todo bajo la supervisión del grupo Eulen, un grupo empresarial dedicado desde siempre a la limpieza y mantenimiento y ajeno por completo al mundo teatral. 

La pregunta que se hacen los actores y expertos del mundo del espectáculo es ¿por qué se ha llegado a esto? Así, señalan a elcierredigital.com que "un productor teatral es capaz de arruinarse, hipotecar su casa y todos sus bienes con tal de sacar adelante una producción, sin tener la certeza de que será un éxito, porque les mueve la pasión y el amor a su profesión. Pero empresas como Eulen o Clece solo se mueven por el interés puramente económico". 

Además pone también sobre la mesa un hecho preocupante: "Todas las empresas que se quedan con la gestión de teatros públicos, que reciben por ello una importante dotación económica, hacen unos contratos axfisiantes con las compañías que van a trabajar a esos teatros, ofreciéndoles un porcentaje de taquilla que en muchos casos no supera el 70 por ciento. Esto para un teatro privado es normal, pero no debe ser así para uno de titularidad pública y gestión privada".

"Desde que el año pasado entrara en vigor la Ley de Contratos públicos, muchos ayuntamientos y diputaciones están sacando a concurso parte de la programación cultural que debería corresponderles a ellos. Están privatizando, legalmente, no solo la gestión sino los recursos económicos. Es de vergüenza que un reciento, por ejemplo, como la Caseta de Albacete, de titularidad del Ayuntamiento de esta ciudad, permita que en su conocida Feria abierta a todos sus ciudadanos se pague por ver al cantaor José Mercé la  cantidad de 40 euros por la entrada más barata. Quién controla y vigila estos desmanes. Esto no puede ser, la titularidad pública se está dejando en manos privadas, en muchos casos ajenas al mundo del espectáculo, sin pensar en el ciudadano contribuyente". 

Guerra por el control del Festival de Mérida

Otro caso preocupante es de la concesión del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. La Junta de Extremadura anunció que prorrogará por un año el contrato de gestión vigente de dicho Festival Internacional, a cargo de la empresa Pentación que dirige Jesús Cimarro, debido a que la Comisión Jurídica de Extremadura ha ordenado volver a licitar el concurso que el gobierno regional sacó en marzo para adjudicar la gestión del certamen durante los próximos cuatro años, dos fijos más dos de prórroga, por 14,7 millones. Este acuerdo fue recurrido por dos empresas al considerar que el proceso no se ajustaba a la legalidad y ahora la Comisión les ha dado la razón.  

El festival de Mérida, financiado por un patronato formado por la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz, la Diputación de Cáceres, el Ayuntamiento de Mérida y el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, tiene cedida su gestión desde 2012, cuando se encargó directamente esta tarea a la empresa Pentación, dirigida por Jesús Cimarro. En 2016 se convocó un concurso público para su organización hasta 2019, que se resolvió también a favor de Pentación. Y ahora está en marcha otro para las ediciones de 2020 y 2021, con posibilidad de prorrogar hasta 2023, con un montante total para el cuatrienio de 14,69 millones de euros.  

Las UTE compuesta por Clece (Florentino Pérez) y Marcus Teatral, empresa del grupo Marquina que preside Alejandro Colubi, propietario del teatro madrileño Marquina y que gestiona también el teatro Príncipe Gran Vía, fue una de las dos UTES's que también optó a ello. Ahora ha recurrido el concurso abierto en Extremadura para la contratación de la organización del Festival de Mérida. Como también el otro grupo que se presentó al concurso formado por la unión de Smedia (Enrique Salaberria) y SEDA, esta una empresa que tiene adjudicada la gestión del auditorio Felipe VI de Estepona y recientemente el Festival de Torrelavega.

Unos nombres, muchos ajenos al mundo del teatro, que ya se miran de tú a tú con empresas con tradición histórica en el sector. Inesperados gestores de la actividad cultural en España.