Más de un mes de estado de excepción contra el crimen en Ecuador

Desde que el Gobierno de Ecuador implementó el estado de excepción y declaró el 'conflicto armado interno', las Fuerzas Armadas y la Policía del país han confiscado 2.274 armas de fuego, 11.988 explosivos, más de 150.000 municiones, 11.988 explosivos, 1.221 cargadores y 3.241 armas blancas.

Estas incautaciones de récord se llevaron a cabo en un total de 88.861 operaciones conjuntas de las autoridades en apenas un mes, como parte de la estrategia del presidente Daniel Noboa en su lucha contra las bandas criminales. Paralelamente, está previsto que el estado de excepción de 60 días finalice a principios del próximo mes de marzo, por lo que el Ejecutivo ecuatoriano espera ver resultados pronto.

Los encargados de realizar estas operaciones han sido los denominados como Eje de Seguridad, establecido como parte del ‘Plan Fénix’ -estrategia con la que Noboa planea combatir la violencia en Ecuador- y que está compuesto por líderes militares, policiales y del Gobierno.

En el marco de este plan, se han llevado a cabo casi 90.000 operaciones conjuntas a lo largo y ancho de toda la geografía del país, de las cuales 146 han sido especialmente dirigidas contra bandas criminales, consideradas como organizaciones terroristas tras la entrada en vigor del estado de excepción. En total, se ha detenido a 7.275 personas, de las cuales 241 se enfrentan a cargos de terrorismo, según apuntan los registros oficiales recogidos por diversos medios de comunicación locales. 

Los primeros pasos de Noboa en la lucha contra el crimen organizado pasaron por la militarización de las calles y las cárceles tras alcanzar niveles insostenibles de violencia en el país, registrando 45 muertes violentas por cada 100.000 habitantes el pasado año y convirtiéndose en uno de los países más peligrosos del mundo. Noboa puso el foco en el sistema penitenciario del país, que estaba prácticamente dominado por las bandas, que generalmente operan desde el interior de las propias cárceles, estableciendo su propia jerarquía de poder.

La primera medida de Noboa en este sentido fue la ‘liberación’ de las prisiones, una promesa que ya hizo durante la campaña electoral y que llevó a la práctica durante el pasado mes de enero, asegurando la mayoría de los centros penitenciarios en redadas en las que, por desgracia, se contabilizaron algunos fallecidos.

Tal y como informó elcierredigital.com entones, es importante destacar que la militarización en centros penitenciarios llevó al secuestro de numerosos funcionarios y agentes de seguridad, algunos de ellos ejecutados y grabados en vídeo como advertencia a las fuerzas de seguridad y al Ejecutivo de Noboa, que se posicionado en un enfrentamiento abierto contra el narcotráfico al ‘estilo Bukele’, a quien también pretende imitar con su modelo penitenciario, implementando cárceles en Ecuador al estilo del CECOT -Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador-, que ha sido aplaudido y criticado a partes iguales, pero que sí que ha conseguido reducir drásticamente la criminalidad en el país.

Ante la delicada situación que atraviesa Ecuador en los últimos meses, elcierredigital.com pudo contactar, apenas unos días después de la entrada en vigor del estado de excepción, con Fidel Jaramillo Paz y Miño, exdirector de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado ecuatoriano, para conocer su perspectiva sobre el conflicto.

Jaramillo refirió: “Nunca hemos tenido tanta violencia en Ecuador como ahora. Hace pocos años la tasa de muertes violentas en Ecuador era de cinco por cada 100.000 habitantes, ahora estamos sobre los 45 por cada 100.000 habitantes, es decir, hemos subido de mil muertes violentas a 8.000 muertes violentas al acabar el 2023. Este año, evidentemente, no pinta mejor, sólo en el primer fin de semana hubo más de 50 asesinatos y en lo que llevamos de año, que son apenas unos días, ya sobrepasan los cien”, declaraba Jaramillo durante su entrevista con este medio el pasado mes de enero.

Los resultados de la militarización de Noboa

Ya ha pasado más de un mes desde que el presidente Noboa anunció la entrada en vigor del estado de excepción. En este tiempo, el crimen organizado no ha puesto las cosas fáciles a las autoridades, causando terror en más de una ocasión. Quizá uno de los gremios más presionados por las bandas criminales en este tiempo han sido los funcionarios de Justicia del país y las propias autoridades policiales a pie de calle.

Una de las noticias más polémicas que han llegado desde Ecuador en este tiempo ha sido el fallecimiento en extrañas circunstancias del funcionario judicial Jorge Viteri. El fallecimiento de Viteri, empleado de una fiscalía, ocurrió tan solo un día después del asesinato del fiscal César Suárez, quien estaba a cargo de investigar el ataque al canal de televisión TC, que se vio asaltado el pasado 9 de enero por miembros del crimen organizado en una jornada marcada por la violencia en Ecuador.

Viteri, de 41 años, aparentemente cayó desde el octavo piso de un edificio ubicado en el norte de Quito, según los informes iniciales de los medios de comunicación ecuatorianos, dejando más preguntas que respuestas sobre los posibles vínculos de su muerte con el crimen organizado. 

De hecho, el sector judicial ha sido uno de los más polémicos en el país precisamente por sus vínculos con las bandas. El 'caso Metástasis', sobre el que ya informó este medio, es una muestra de hasta dónde puede llegar el poder del narcotráfico en el Estado. Sobre este asunto se manifestó el pasado mes de enero Fidel Jaramillo Paz y Miño, exdirector de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado ecuatoriano: “El nivel de cooptación que tiene el crimen organizado en el Estado está tan arraigado que está dentro de la estructura estatal. A estas alturas importan poco los nombres de los delincuentes puntuales porque siempre habrá un líder nuevo, a menos que se solucione esto de raíz”, explicó Jaramillo durante su entrevista con este medio.

También sostuvo ante este medio que “la situación con el crimen organizado es sumamente compleja, porque está comprando básicamente a todo el Estado, no solamente a las fuerzas policiales y a las Fuerzas Armadas, sino que tiene absolutamente compradas a varias personalidades de las altas esferas de la política".

Ante la desmedida violencia empleada por numerosos criminales, las autoridades ecuatorianas no han dudado a la hora de aplicar métodos más rigurosos en sus intervenciones desde la entrada en vigor del estado de excepción. En estas operaciones, tanto en la prisión como en los lugares públicos del país, la policía ha abatido a un total de 8 individuos identificados como terroristas. Paralelamente, también han fallecido dos policías, mientras que no se ha informado de ningún militar muerto.

Según los registros ofrecidos por las autoridades y recogidos por diversos medios internacionales, los agentes han recuperado 979 coches, 863 motos y 28 embarcaciones, también se han incautado más de 174.000 dólares, 48,1 toneladas de drogas y unos 141.339 litros de combustible.

Desde que Noboa anunciara su estrategia contra el crimen organizado, las autoridades han logrado capturar a 34 prisioneros de los cerca de 90 que escaparon de las cárceles donde hubo varios motines a principios de año. De los aún huidos, quizá el más conocido sea José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder de la banda de los Choneros y protagonista de numerosos altercados, que cumplía condena en la cárcel de Guayaquil, de la que se fugó a principios del pasado mes de enero sin que nadie se percatara.

Entre las acciones más reseñables de Fito está la supuesta autoría del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, contra el que cargó y amenazó abiertamente en numerosas declaraciones. Mientras la Justicia ecuatoriana mantiene en busca y captura al fugado Fito,  la policía argentina se encargó de arrestar a varios de sus familiares en la provincia de Córdoba, ubicada en el centro de Argentina, el pasado 18 de enero.