Ecologistas, ante la Justicia por las pintadas de hotel ilegal en 'El Algarrobico'

En mayo de 2003, hace ya más de 20 años, comenzó a construirse el hotel ‘El Algarrobico’. Un total de 21 plantas y 411 habitaciones compondrían este edificio ubicado en la zona del Algarrobico (en Carboneras, Almería). Sin embargo, en 2006 las obras se paralizaron. Las organizaciones ecologistas afirmaron que el hotel era ilegal al encontrarse ubicado en el entorno del parque natural del Cabo de Gata-Níjar. Ocho años después, y viendo que el hotel seguía en pie, miembros de estos grupos ecologistas acudieron brocha en mano a la construcción para hacer una pintada que todavía perdura: “hotel ilegal”.

Las letras blancas pintadas sobre un gran punto negro levantaron ampollas y las autoridades tomaron los nombres de los responsables. Ahora, 28 ecologistas se sientan en el banquillo por presuntos delitos de desobediencia y daños al edificio. Uno que lleva 20 años intentando ser demolido sin éxito.

La encargada de la acusación es la promotora Azata del Sol, que pide un año de prisión para cada uno de los implicados, así como 30.240 euros de multa por delito de daños y 186.703 euros por los desperfectos que se causaron en el hotel.

“La misma empresa que ejecutó el símbolo de la destrucción de la costa  y del agotamiento de un modelo turístico que nos está asfixiando, es la que pide que se juzgue a quienes defienden la legalidad. Es el mundo al revés. La Justicia no puede ser cómplice de este desatino”, declara Eva Saldaña, directora de Greenpeace.

Desde la organización ecologista que participó en la pintada subrayan la fecha en la que se elaboró la pintada: el 11 de mayo de 2014. Es decir, que “han tenido que transcurrir diez interminables años para que las 28 personas acusadas afronten el juicio que dirimirá si defender la legalidad tiene un coste”, reclaman.

Lo cierto es que la dilatación del procedimiento de la pintada parece ir aparejada a la del Algarrobico en sí. A lo largo de estos 20 años, las diferentes administraciones implicadas han protagonizado un ‘tira y afloja’ constante por declarar la zona como urbanizable o todo lo contrario.  El último ‘varapalo’ para los ecologistas llegaba de la mano del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que determinaba que la zona donde se encuentra el hotel se debería considerar urbanizable en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Esto paralizaba de nuevo la demolición del hotel, ya que, aunque la zona sobre la que se asienta la construcción está declarada como protegida, esta misma protección debe figurar en el PGOU para que se revise la licencia del hotel.

Una construcción “legal” que se convirtió en “ilegal”

La historia del Algarrobico se remonta al año 1987. Por aquel entonces el gobierno socialista del Ayuntamiento de Carboneras declaró urbanizable la zona en la que más tarde sería construido el hotel. Teniendo esto en cuenta, en el año 2001 la promotora Azata del Sol pidió la licencia de obras para comenzar la construcción. Tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de Carboneras lo admitieron.

En mayo de 2003 comenzaron las obras, pero en 2006 se paralizaron. Salvemos Mojácar había conseguido que un juzgado de Almería paralizara las obras. Un primer paso que fue, más adelante, confirmado por otros órganos jurídicos como el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía o el Tribunal Supremo, que dictó el primer fallo al respecto en octubre de 2011.

Para este órgano, el hotel no podía ser construido porque “de no aumentar la protección, se produciría un efecto devastador por la construcción del hotel”. Desde esta resolución se ha mantenido una lucha que continúa entre la justicia, por hacer que se cumplan las sentencias, y el Ejecutivo andaluz, que estaría, según las asociaciones ecologistas, intentando “dilatar el proceso” y así, evitar el derribo.

Costes adicionales

El derribo del Algarrobico no será tarea sencilla, al menos en lo económico. Y es que la Junta de Andalucía —que, según el TSJA, es la propietaria de los terrenos—, tendrá que ser la encargada de abonar una  indemnización a la promotora del hotel, Azata del Sol.

Según dictó el órgano judicial en 2014, la cantidad destinada para la promotora será de 2,3 millones de euros.  Por su parte, el diario El País alertaba de un estudio del año 2012 elaborado por Tragsatec en el que se estimaba que el coste total del derribo superará los siete millones de euros.  Una cifra que, debido al paso del tiempo, aumentaría.

Con derribar el hotel no bastaría, ya que habría que trasladar los residuos y restaurar alrededor de 65.800 metros cuadrados de la zona.

Las sentencias que hay sobre el caso son todavía difusas, ya que se han emitido varias que declaran la zona como no urbanizable, frente a otras que la declaran como urbanizable. Y a día de hoy, el proceso sigue activo, por lo que no se ha decidido completamente quién asumirá los costes derivados del derribo de la infraestructura o de la posterior restauración de una zona —la del Cabo de Gata—, que fue declarada Reserva de la Biosfera por la Unesco en el año 1997, antes de que se iniciaran las obras.

Para Greenpeace está claro: “Son las administraciones públicas quienes deben llevar a Azara a los tribunales y reclamarle los ocho millones de euros que costará la desaparición del mamotreto ilegal y la restauración de la zona”, señala la directora de la organización ecologista.

Mientras tanto, más de 20 años después del inicio de las obras, el hotel sigue en pie y su demolición, todavía pendiente  de que las administraciones concluyan definitivamente si la zona es urbanizable o no.