Doble cara del Gobierno Sánchez: Quita títulos de Franco pero da otros a sus ministros

Este 31 de julio, tal y como refleja el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Gobierno de Pedro Sánchez entregó la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III  a varios exministros incluida la exministra de Igualdad, Irene Montero, e Ione Belarra, exministra de Derechos Sociales y Agenda 2030. Esta distinción, que es una de las más altas condecoraciones civiles en España, se otorga para reconocer servicios eminentes a la nación. 

La decisión de condecorar a Montero y otros exministros del gobierno de coalición de izquierdas ha generado controversia y críticas, especialmente después de que en 2022 el Gobierno eliminase 33 títulos nobiliarios franquistas como parte de su política de memoria democrática. Aunque hasta cinco de ellos fueron entregados por el Emérito Juan Carlos I  una vez fallecido el dictador.

La entrega de la Gran Cruz de Carlos III a figuras cercanas al actual Gobierno  ha sido percibida por algunos sectores como un acto de “auto-glorificación y favoritismo”. Este gesto coincide con la implementación de la Ley de Memoria Democrática, que eliminó símbolos y honores asociados al franquismo, como el  Ducado de Franco y el Marquesado de Arias Navarro, entre otros.

Esta ley, según sus defensores, es un esfuerzo por desmantelar los vestigios del régimen franquista y promover una narrativa de justicia histórica.

Sin embargo, críticos de la administración han señalado una “aparente doble moral en la gestión de estas condecoraciones y títulos”. Mientras se suprimen distinciones que conmemoran a figuras históricas del régimen de Franco, se otorgan honores a miembros del propio Gobierno, lo que ha sido interpretado como un uso selectivo de los honores públicos para favorecer a figuras políticas alineadas con la ideología del gobierno actual. Esto ha generado un debate sobre la imparcialidad y la objetividad en la concesión de estas distinciones.

La Ley de Memoria Democrática también ha sido criticada a lo largo de los últimos años por algunos partidos de la oposición, que argumentan que su enfoque podría fomentar divisiones y ser una forma de reescribir la historia con un sesgo ideológico. 

En lo que respecta a la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III, entre los exministros galardonados este 31 de julio se encuentran; Irene Montero, exministra de Igualdad; Ione Belarra, exministra de Derechos Sociales y Agenda 2030; Nadia Calviño, exministra de Economía; Miquel Iceta, exministro de Cultura; Pilar Llop, exministra de Justicia; Raquel Sánchez, exministra de Transportes; Alberto Garzón, exministro de Consumo; Joan Subirats, exministro de Universidades; Reyes Maroto, exministra de Industria; Carolina Darias, exministra de Sanidad; Héctor Gómez, exministro de Industria y José Manuel Miñones, exministro de Sanidad​.

Ante lo expuesto, la entrega de la Gran Cruz de Carlos III a exministros del gobierno de coalición plantea preguntas en algunos sectores sobre los criterios de selección y las motivaciones detrás de estas decisiones. Además, algunas voces han señalado que  son hasta 14 los exministros del PSOE galardonados con la cruz de Carlos III frente a los 7 del Partido Popular. Mientras que estas distinciones se han utilizado históricamente para honrar méritos excepcionales en el servicio a la nación, la reciente concesión a figuras políticas contemporáneas ha sido vista por algunos como una maniobra para consolidar el legado de la actual administración.

La eliminación de títulos nobiliarios franquistas y la entrega de honores a miembros del actual Gobierno reflejan una política de memoria histórica que no está exenta de críticas. Estos actos, aunque presentados como medidas de justicia histórica y reconocimiento del servicio público,  han sido interpretados por algunos como una forma de manipulación política que favorece a ciertos grupos mientras se desfavorece a otros. Según plantean algunos expertos consultados por diversos medios, esta situación subraya la necesidad de un debate más amplio y crítico sobre la memoria histórica y el uso de honores públicos en España.

Los títulos que creó Franco y que eliminó Sánchez

Como ya informó elcierredigital.com, fue en 1947 cuando el dictador Francisco Franco decidió que España se convirtiera en reino a pesar de que el último Rey, Alfonso XIII, abandonó el país en abril de 1931. Sin embargo, el dictador no repuso en el trono a aquel que había heredado los derechos dinásticos del último Rey, don Juan, Conde de Barcelona, Juan III para los legitimistas, quien estaba exiliado en Estoril (Portugal).

La España convertida en Reino beneficiaba al régimen de Franco desde varios puntos de vista. Por un lado, la denominación de ‘Reino’ diluía la sensación de dictadura y coincidía con la denominada ‘desfascistización’ del régimen, es decir, la eliminación de simbología fascista tras el fracaso de las potencias nazis en la  II Guerra Mundial. Una manera de soltar lastre ante el nuevo equilibrio de fuerzas en la política internacional.

Por otro lado, Franco iniciaba así una especie de partida de póker con don Juan, su hijo Juan Carlos y otros pretendientes al trono de España. Para favorecer la confusión, Franco dictó, nunca mejor dicho, una Ley de Sucesión que determinaba que su sucesor lo sería a título de Rey y que este podía ser cualquier príncipe “de sangre azul, católico y mayor de treinta años”. Es decir, quien él decidiera. Y así lo hizo. Por eso, muchos historiadores mantienen que la monarquía actual fue instaurada y no restaurada.

Así las cosas, Franco decidió empezar a repartir títulos nobiliarios. La corte en torno al dictador y, sobre todo, de su mujer Carmen Polo, comenzó a tomar cuerpo. Una nueva nobleza basada en la concesión de títulos a militares que ayudaron a Franco en la Guerra Civil, políticos del régimen y, avanzando los años, a empresarios que cimentaron su fortuna en el país que salía de la autarquía para entrar poco a poco en la sociedad de consumo.

Uno de ellos sería el Condado de Fenosa, creado en 1955 para favorecer al empresario  Pedro Barrié de la Maza, dueño de  Fuerzas Eléctricas del Noroeste S.A. (FENOSA). Un hombre que llegaría a adquirir el palacete de Cornide en A Coruña para luego vendérselo a un precio irrisorio a Carmen Polo. Una de las propiedades de los Franco que en la actualidad están en el aire ya que se reclama su paso a propiedad pública. 

Los títulos que se libraron de desaparecer

Fueron 33 los títulos nobiliarios que los partidos de Unidas Podemos y PSOE hicieron desaparecer en 2022. Cinco de ellos no fueron concedidos por Franco sino por Juan Carlos I, lo que generó tensiones en algunos sectores monárquicos. Entre los títulos desaparecidos destacan el Ducado de Franco, que ostentaba Carmen Martínez-Bordiú, y el Señorío de Meirás, de  Francis Franco, ambos nietos del dictador. 

Curiosamente, la lista de eliminados incluyó 28 títulos otorgados por el dictador y obvió ocho que también concedió Franco pero que no tienen vinculación con políticos y militares del Régimen, sino que se concedieron a empresarios e intelectuales. 

Entre ellos, el citado Condado de Fenosa y el Marquesado de Torroja, el Condado de Arruga, el Condado de Maeztu, el Marquesado de Ramón y Cajal o el Condado de la Cierva. 

Tampoco incluyó el Ducado de Cádiz, que lleva parejo el tratamiento de Alteza Real. El dictador rehabilitó el título de Duque de Cádiz, que había usado en su día  Francisco de Asís, el marido de Isabel II, en la figura de Alfonso de Borbón-Dampierre. Le otorgó esta distinción nobiliaria con tratamiento de Alteza Real con motivo de la boda con su nieta Carmen Martínez-Bordiú.