El Cierre Digital El dinero en las cuentas de Begoña Gómez recuerda a la polémica herencia de Jesús Gil
Entre todas sus cuentas, la mujer de Sánchez posee 40,25 euros, cifra que contrasta con su sueldo en el IE África Center
La reciente investigación sobre las cuentas bancarias de Begoña Gómez, mujer del presidente Pedro Sánchez, ha desatado un intenso debate público.
Especialmente al revelarse que, de las once cuentas en las que figura como titular, autorizada o representante, solo dos presentan saldo positivo, sumando apenas 40,25 euros.
Este dato ha sido revelado en el marco de una investigación judicial que abarca posibles delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
El saldo bancario de Gómez ha captado la atención mediática y provocado comparaciones con otros casos. Uno de los paralelismos más llamativos es con Jesús Gil y Gil, exalcalde de Marbella y expresidente del Atlético de Madrid.
El patrimonio declarado tras su fallecimiento en 2004 desató un complejo entramado de investigaciones legales y económicas.
La polémica herencia de Jesús Gil
Según destaparon Juan Luis Galiacho y Antonio Rubio en El Mundo, Jesús Gil dejó un patrimonio neto provisional declarado de 625 euros. Así lo estipula la liquidación presentada por sus herederos. Esta incluía depósitos bancarios de solo 854,72 euros.
Estos saldos estaban repartidos en varias cuentas: 369,50 euros en el Banco Zaragozano, 436 euros en el Banco Santander, 27 euros en el Banco Victoria y 30 euros en Banesto.
Sin embargo, el patrimonio también incluía acciones por valor de 1.377.964 euros y préstamos de 753.811 euros.
A pesar de estas cifras aparentemente modestas, las investigaciones judiciales y fiscales posteriores arrojaron luz sobre un entramado mucho más complejo.
La Fiscalía Anticorrupción, encabezada por José Grinda, denunció un presunto falseamiento contable en el Atlético de Madrid. Así como estrategias para ocultar activos.
Estas irregularidades habrían afectado directamente al balance final presentado por la familia de Gil en la herencia.
Los bienes embargados y los procedimientos legales
El Tribunal de Cuentas estimó en 2011 que los herederos de Jesús Gil debían devolver al Ayuntamiento de Marbella 105 millones de euros por el desvío de fondos durante su mandato.
Para garantizar el cumplimiento de esta resolución, se embargaron 150 propiedades de la familia. Incluyendo viviendas en urbanizaciones exclusivas, locales comerciales y fincas en Marbella, Madrid y Toledo.
Entre los procedimientos judiciales abiertos contra Jesús Gil antes y después de su fallecimiento, destacan cinco casos emblemáticos.
El ‘Caso Saqueo de Marbella I y II’, que investigaron desvíos millonarios en el consistorio marbellí. El ‘Caso Sermosa’, que puso el foco en los fraudes relacionados con la compraventa de locales comerciales.
El caso de ‘la estatua rusa’, que investigó irregularidades en la adquisición y uso de fondos públicos.
Y por último, las operaciones contables del Atlético de Madrid. Estrategias diseñadas para ocultar desequilibrios patrimoniales. Especialmente vinculadas al estadio Vicente Calderón, cuya valoración contable fue inflada de manera arbitraria.
Estos casos fueron centralizados en diferentes juzgados, con procedimientos que continuaron abiertos años después de la muerte de Gil.
A pesar de ello, sus herederos alegaron que el patrimonio seguía sujeto a las responsabilidades civiles derivadas de estas causas. Algo que complicaba la determinación exacta de la herencia neta.
Comparación con el caso de Begoña Gómez
Los datos bancarios de Begoña Gómez, revelados recientemente, muestran un saldo total de 40,25 euros distribuidos en dos cuentas activas. Una cifra que para muchos es llamativamente baja para una figura pública cercana al presidente del Gobierno.
Este hecho contrasta con el perfil de su vida profesional y personal, lo que ha generado preguntas sobre cómo se gestionan sus recursos.
Las cifras declaradas no indican irregularidades por sí mismas. Sin embargo, las autoridades han iniciado una investigación para analizar la congruencia de estos saldos con sus ingresos y trayectoria profesional.
Especialmente, considerando su cargo como directora del IE África Center entre 2018 y 2022. Allí percibía un salario de 55.000 euros anuales en 14 pagas.
Este tipo de cifras bancarias, tan reducidas, no son comunes en contextos de relevancia pública y han reavivado discusiones sobre la transparencia patrimonial.
Por su parte, Jesús Gil y Gil dejó tras su muerte en 2004 un patrimonio declarado con saldos igualmente sorprendentes. Al igual que en el caso de Gómez, estas cifras contrastaban con la imagen de opulencia que Gil proyectaba. Tanto como exalcalde de Marbella como empresario vinculado al Atlético de Madrid.
Sin embargo, investigaciones posteriores revelaron un entramado de bienes y operaciones financieras no reflejados en su declaración oficial.
Ambos casos, aunque distintos en naturaleza y magnitud, comparten el desconcertante contraste entre sus perfiles públicos y los modestos saldos bancarios declarados.
El rumbo del ‘caso Begoña Gómez’
El caso de las cuentas de Begoña Gómez avanza hacia una fase crucial con varias diligencias clave previstas en el proceso judicial.
Entre los próximos pasos destaca su citación para declarar el 18 de diciembre. Begoña Gómez deberá explicar la gestión de sus cuentas y su papel en las once que aparecen vinculadas a su nombre.
El juez Juan Carlos Peinado también ha solicitado al Registro Civil un certificado literal de su matrimonio con Pedro Sánchez. Incluyendo detalles sobre el régimen económico matrimonial, para analizar posibles implicaciones en la gestión de los bienes compartidos.
Además, se espera que la investigación se amplíe con un análisis más detallado de su historial laboral y financiero. En particular sobre los ingresos obtenidos durante su etapa como directora del IE África Center, donde percibía un salario de 55.000 euros anuales.
La Policía Judicial también está recabando información sobre las entidades bancarias y los movimientos de las cuentas vinculadas a Gómez. Todo con el objetivo de detectar posibles inconsistencias o patrones irregulares.
Este procedimiento busca determinar si existen elementos que justifiquen la apertura de nuevas líneas de investigación. Como la posible conexión con los presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias que también forman parte del expediente judicial.
Estas actuaciones marcarán el rumbo de un caso que aún está lejos de resolverse.
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