El Cierre Digital En el Delcygate: el juez Serrano-Arnal es pareja de la Gran Duquesa María I de Rusia
El Juzgado de Instrucción 31 de Madrid llevará las denuncias, mientras el Supremo evalúa tres querellas y su competencia
El asunto "Delcygate" va camino de convertirse en uno de esos muchos casos judiciales que se pierden en los pasillos de la Justicia española. Este viernes, el titular el Juzgado de Instrucción número 47, Adolfo Carretero Sánchez, donde recayó por turno la denuncia del Partido Popular contra el ministro José Luis Ábalos por un presunto delito de prevaricación en su intervención en el "Delcygate", devolvió el asunto al Decanato para que lo remitiese al Juzgado de Instrución número 31 de Madrid, ya que fue allí donde cayó la primera denuncia por este asunto, aunque en este caso interpuesta por otro partido político, el desconocido Partido Laócrata. El juez basa su decisión en que los hechos y las personas denunciadas son las mismas.
Lo cierto es que la visita de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, el pasado 20 de enero a Barajas, donde se entrevistó con el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, se halla cercada por un laberinto judicial.
Hasta el momento, se han abierto seis causas abiertas por aquella reunión en el aeropuerto de Barajas entre el ministro español y una de las 25 dirigentes del Gobierno de Venezuela sancionadas por la Unión Europea. Esta sanción le impedía entrar en territorio comunitario, “lo que incluye tránsitos o escalas en cualquier aeropuerto”.
Las denuncias de los partidos políticos
La primera denuncia fue presentada por el Partido Laócrata en los juzgados de Plaza de Castilla. El cabeza visible de esta formación, que no tiene representación, es el exsocialista sevillano Sergio Cebolla, el militante que intentó enfrentarse en las últimas primarias a Pedro Sánchez.
El miedo ahora de la otra formación política denunciante, el Partido Popular, es, según han confirmado a elcierredigital.com, que "estos no quieran ir contra el verdadero culpable que es Ábalos, sino contra los policías y mandos que cumplieron las órdenes de sus superiores políticos".
Los laócratas en su denuncia ya habían solicitado con carácter urgente que las Fuerzas de Seguridad del Estado custodiaran las grabaciones de las videovigilancias del aeropuerto para que no fueran destruidas, así como los planes y el registro del vuelo en el que llegó y salió Delcy Rodríguez. Pero nadie tomó medida alguna. Es decir, no les hicieron ningún caso ni los tomaron en serio.
Unos días después PP y Ciudadanos denunciaron lo mismo ante la Fiscalía General del Estado, que remitió la denuncia, tomándose su tiempo, a la Fiscalía de Madrid que dijo haber abierto unas diligencias de investigación, que nunca se materializaron en ninguna orden concreta.
En medio de este desierto judicial, el PP presentó otra denuncia en el juzgado de guardia, que resultó ser el de Instrucción número 7 de Madrid. En este caso, la jueza Susana Trujillano hizo su trabajo y requirió al organismo público Aena, como medida urgente, que conservase las imágenes del aeropuerto de Barajas. En aquel auto, la jueza destacó la existencia de indicios por un posible delito de prevaricación administrativa, dado que alguien –sin acusar directamente a Ábalos– permitió que Rodríguez pisara territorio español en contra de la resolución de la UE.
Tras enviarlo luego al Decanato de los Juzgados de Plaza de Castilla para su reparto, el caso correspondió por turno al Juzgado número 47 de Madrid, que ahora se inhibe en favor del número 31, tal y como ya hemos avanzado. Pero justo antes de inhibirse, el PP se personó y ayer mismo ya solicitó una completa batería de diligencias a practicar, desde la visión inmediata de las cámaras de seguridad, hasta la ruta oficial de vuelo de la aeronave y el destino final de las famosas maletas que se sacaron del avión de Delcy Rodríguez. Medidas que ahora tendrá que valorar si se realizan o no el Juzgado de Instrucción número 31, encargado de la causa.
Un juez peculiar
Será el Juzgado número 31 de Madrid el que ahora lleve la batuta del caso Delcygate. Un juzgado madrileño donde ejerce como titular Antonio Serrano-Arnal Domper. Este juez es famoso en los medios de comunicación por haber instruido la Operación Puerto, la lucha policial contra el dopaje en el deporte, haberla sobreseido y haber provocado que la Audiencia Provincial la reabriese.
También fue el juez que condenó al ahora magistrado del Tribunal Constitucional, Enrique López, al pago de una multa de 1.440 euros y a la retirada del carné de conducir durante 8 meses tras haber dado positivo en un control de alcoholemia. Además, Serrano-Arnal es el actual juez instructor del Caso Rato, que le ha supuesto ya una advertencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el largo retraso en la instrucción de este caso.
Pero lo más curioso, quizá a modo de anécdota, que hay contar del juez Serrano-Arnal, a pesar de su discrección, es que presume en privado de su actual pareja sentimental, la aristócrata con reminescencias reales rusas María Vladimirovna Romanova, conocida como la Gran Duquesa María de Rusia.
Esta descendiente de zares nació en Madrid el 23 de diciembre de 1953, donde residían por entonces sus padres exiliados de Rusia. Sus antepasados emparentaron con los zares de Rusia y ahora María Vladimirovna se ha autoproclamado emperatriz y autócrata de Todas las Rusias, bajo el título de Maria I de Rusia, con el apoyo de los legitimistas. Si bien sus reclamaciones dinásticas son muy discutidas por otras facciones pretendientes al trono de Rusia.
La pareja sentimental del juez Serrano-Arnal, que ahora llevará la investigación del caso Delcygate, es tataranieta por dos veces, ya que sus abuelos paternos Cirilo Vladimirovich y la princesa Victoria Melita de Sajonia eran primos, de Alejandro II de Rusia, el antepenúltimo emperador ruso. Y por parte de la línea materna desciende de los antiguos reyes de Georgia que perdieron su corona con la anexión de sus territorios al imperio ruso a principios del sigloXIX.
Pero en todo esto hay un enfrentamiento de opiniones con las tesis mantenidas desde el Palacio de la Zarzuela, ya que sería la infanta Sofía de Borbón, tataranieta y biznieta de los zares y del Káiser alemán Guillermo, nieta e hija de los Reyes de España, la única heredera legal en todo caso de la monarquía rusa, si hubiera algo que heredar. Un derecho que sí reclama la Gran Duquesa María de Rusia.
Antes de unirse sentimentalmente con el titular del Juzgado de Instrucción nº 31 de madrid, estuvo casada desde 1963 hasta 1982, año en el que se separó, con el príncipe Francisco Guillermo de Prusia, perteneciente a la disnastía de los Hohenzollern, con el que tiene un hijo llamado Jorge Mikáilovich y a quien su abuelo le concedió el título de gran duque de Rusia.
Pero además de las denuncias presentadas en los Juzgados de Plaza de Castilla por el Partido Laócrata, Partido Popular y Ciudadanos, el Tribunal Supremo acumula otras tres querellas, en este caso presentadas de nuevo por el Partido Laócrata, el PP y por Vox, esta vez sí, contra el ministro Jose Luis Ábalos en concreto. La Fiscalía tiene que informar todavía sobre la admisión a trámite de dichas querellas.
Las querellas en el Supremo
No obstante, otra posibilidad es que la Sala Segunda de lo penal del Tribunal Supremo, presidida por el juez Manuel Marchena, remita todo el asunto al Juzgado de Instrucción 31 de Madrid, al no haber aforados, es decir no vea de inicio un posible delito del ministro Ábalos. Sería entonces este juzgado madrileño, que ya tiene abiertas diligencias, el que continuase en solitario en la búsqueda de los responsables del presunto delito de prevaricación. Y en el caso de que este juez instructor determinase que el ministro Ábalos tuvo algún tipo de implicación, el Tribunal Supremo estaría entonces obligado a intervenir puesto que el ministro es aforado.
A este panorama judicial se añade un nuevo frente , ya que la empresa encargada de la seguridad privada en el aeropuerto, la compañía Ilunion propiedad del Grupo ONCE, ha abierto un expediente a uno de sus trabajadores porque presumiblemente habría permitido la entrada en la sala Vip a un periodista para grabar las instalaciones donde tuvo lugar el encuentro. Este vigilante presenció esa visita y podría ser pieza clave en toda la investigación penal, tal y como ha contado elcierredigital.com.
De momento el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid tiene una "patata caliente" entre las manos y deberá valorar si inicia ya las diligencias solicitadas por la acusación del PP, que consiste en identificar a todos aquellos funcionarios de Policía Nacional y Guardia Civil que formaron parte del operativo para custodiar a Delcy Rodríguez desde la pista de aterrizaje hasta la sala Vip del aeropuerto y desde ahí hasta su segundo avión.
También han pedido que declaren en sede judicial los trabajadores de seguridad privada de la compañía Ilunion, así como empleados y altos cargos del organismo público Aena que tuvieran conocimiento de lo sucedido la ya famosa noche del 20 de enero en lo que ya se conoce como el caso "Delcygate".
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