
Críticas al Gobierno por condecorar a Zapatero y Zerolo por 'sus méritos en Derecho'
El Ejecutivo de Sánchez les otorga la Orden de San Raimundo de Peñafort, en pleno desgaste político y judicial del PSOE
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la concesión de la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. También, se la ha otorgado a título póstumo al histórico activista y político socialista Pedro Zerolo.
La decisión se produce en un momento delicado para el Ejecutivo. Marcado por causas judiciales que afectan al entorno del PSOE y por una creciente presión ante los escándalos que salpican a altos cargos del partido.
Aunque el Gobierno ha defendido la medida como un acto de justicia simbólica y reconocimiento al avance de los derechos civiles, la acción ha levantado críticas. Además, esta decisión, que coincide con el deterioro de la imagen institucional del PSOE y con la cercanía del Día del Orgullo LGTBI, ha despertado suspicacias desde diversos sectores.
La Orden de San Raimundo de Peñafort, creada en 1944, tiene como objetivo distinguir méritos relevantes en el ámbito del Derecho. Su máxima distinción, la Gran Cruz, es concedida exclusivamente por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Justicia.
Históricamente, este reconocimiento se ha otorgado a magistrados, fiscales, juristas y personalidades con una trayectoria consolidada en el ámbito jurídico. No obstante, en algunas ocasiones, también ha recaído en figuras políticas cuya contribución ha tenido un impacto significativo en la evolución del ordenamiento jurídico español.
Las criticadas medallas a Zapatero y Zerolo
El Gobierno justifica la concesión de la distinción a Zapatero por su papel clave en la aprobación de la Ley 13/2005. Que modificó el Código Civil para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Esta reforma convirtió a España en el tercer país del mundo en legalizar el matrimonio igualitario y supuso un cambio trascendental en el reconocimiento de derechos para el colectivo LGTBI.
Por su parte, Pedro Zerolo fue una de las voces más visibles en la defensa de estos derechos. Abogado de formación, activista y dirigente del PSOE, su trabajo fue determinante para impulsar una agenda social progresista dentro del partido.

Zerolo falleció en 2015 a causa de un cáncer, y su figura ha sido reivindicada recurrentemente como símbolo de la lucha por la igualdad.
Una condecoración con doble lectura política
La ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha destacado en rueda de prensa que la decisión responde a un triple aniversario: los 20 años de la aprobación del matrimonio igualitario, los 10 años del fallecimiento de Zerolo y los 50 años de democracia constitucional en España.
Asimismo, subrayó que el reconocimiento se enmarca dentro del compromiso del Ejecutivo con la diversidad y la dignidad de todas las personas, “frente a los discursos de odio e intolerancia”.
Sin embargo, la medida ha sido interpretada por algunos analistas como una "estrategia de reposicionamiento político". Orientada a reforzar la imagen del Ejecutivo frente a los escándalos recientes. También para recuperar la iniciativa simbólica en vísperas del Día del Orgullo, que se celebrará el próximo 28 de junio.
En este sentido, la condecoración serviría no solo como homenaje, sino también como una maniobra para cohesionar a las bases progresistas del PSOE. Un movimiento sensible en un momento de desgaste institucional, según distintas fuentes.
Escenarios de fondo: causas judiciales y deterioro de imagen
La condecoración se ha anunciado en un contexto especialmente delicado para el Ejecutivo. El juez Peinado ha solicitado la imputación del ministro Félix Bolaños por presuntos delitos de malversación y falso testimonio. Esta noticia ha sido un nuevo revés para el PSOE y ha vuelto a colocar al Gobierno en el centro del foco judicial.
Paralelamente, han trascendido nuevas informaciones sobre contrataciones irregulares y supuesta financiación opaca en varias administraciones socialistas. Lo que ha reactivado el debate sobre la regeneración democrática.

Estas circunstancias han alimentado la percepción de que el Ejecutivo está recurriendo a gestos simbólicos de alto impacto mediático como mecanismo de distracción o control del relato político.
Desde la oposición, se ha acusado al Gobierno de “instrumentalizar” los reconocimientos institucionales para neutralizar la atención pública sobre las investigaciones en curso.
Reacciones desde la oposición y el entorno LGTBI
Partido Popular y Vox han criticado con dureza la medida, argumentando que el Gobierno está desviando la naturaleza jurídica de la Orden de San Raimundo de Peñafort para convertirla en una herramienta de propaganda ideológica.
Por el contrario, desde el entorno asociativo y del movimiento LGTBI, la noticia ha sido recibida con satisfacción, aunque no exenta de matices. Organizaciones como FELGTBI+ o Fundación Pedro Zerolo han celebrado el gesto, recordando la importancia de visibilizar a quienes abrieron camino en la conquista de derechos.
No obstante, algunas voces internas han recordado que el reconocimiento simbólico debe ir acompañado de políticas públicas efectivas, y han reclamado avances reales en igualdad laboral, educativa y sanitaria para el colectivo.
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