El caso mascarillas también involucra a Marlaska: Interior repartió material caducado

En medio de la oleada de críticas que ha despertado el Caso Koldo García, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también ha sido objeto de una reprobación por parte del pleno del Congreso de los Diputados este jueves, apenas una semana después de ser censurado por el Senado. La oposición ha solicitado su dimisión en especial por su cuestionable gestión al frente de Interior durante la pandemia de Covid-19 y su fallida estrategia contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar, en entredicho tras la trágica muerte de dos guardias civiles en Barbate (Cádiz) causada por una narcolancha el pasado día 9.

La reprobación ha sido impulsada por el Partido Popular y ha sido respaldada por los representantes del PP, Vox y UPN, mientras que Podemos, Junts y Coalición Canaria han decidido no tomar parte en la votación. 

Ante el reciente escándalo por el fraude de las mascarillas protagonizado por el que fuera asesor del ex ministro Ábalos, es importante recordar que no es el único que ha salpicado a la gestión socialista de la pandemia, en especial la que dependía de Grande-Marlaska. Tal y como ya venía informando elcierredigital.com desde noviembre de 2022, el Instituto Nacional de de Gestión Sanitaria (INGESA) –entidad dependiente del Ministerio de Sanidad– remitió unos lotes de material sanitario con fecha cercana a la caducidad a instituciones pertenecientes al Ministerio del Interior, que se distribuyeron en la Provincia de Las Palmas de Gran Canaria durante el mes de julio de 2022.

Según revelaron fuentes de Interior a elcierredigital.com, "estos lotes que contenían alrededor de 500.000 mascarillas, fueron repartidos entre el Centro Penitenciario Salto del Negro-Las Palmas y otras dependencias policiales ubicadas en las Islas Canarias, pero estos envases de mascarillas FFP2-IVROU no vienen empaquetadas para uso individual de los agentes, y además, las unidades carecen del sello interno exigido por la normativa", manifestaron, revelando que el ministerio a cargo de Grande-Marlaska destinó mascarillas de dudosa efectividad y a punto de caducar a funcionarios de las fuerzas de seguridad del Estado.

A raíz de la polémica distribución sobre la que informó este medio, los senadores Sergio Ramos, Emilio Argüeso y Ruth Goñi, exigieron explicaciones al Gobierno de Sánchez y al ministro Grande-Marlaska. Tras ello, Marlaska ordenó a los guardias civiles entregar estas mascarillas a punto de caducar a centros de mayores "a fin de que no se pierdan". Una polémica por la que el ministro nunca dio explicaciones -como tampoco las dio la entonces ministra de Sanidad Carolina Darias- y que no ha sido mencionada en la petición de la oposición en el Congreso, pero que da muestras de la cuestionable gestión de Grande-Marlaska al frente de Interior.

Marlaska envió mascarillas a punto de caducar 

Tal como destapó elcierredigital.com, el INGESA remitió unos lotes de material sanitario –alrededor de 500.000 mascarillas– con fecha cercana a la caducidad a instituciones pertenecientes al Ministerio del Interior, que se distribuyeron en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria durante el mes de julio de 2022.

Según fuentes de Interior consultadas por este medio en noviembre de ese mismo año, bajo esta distribución de material sanitario a Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura por parte del INGESA, entre una de las 300 cajas transportadas hasta el archipiélago en la etiqueta de envío figura como contenido "mascarillas FFP2 KN95, de la empresa IVROU" pero sin el anagrama de CE grabado en cada unidad, explicaron. En concreto, se referían a 300 cajas que contenían 900 unidades, lo que contabilizaría un total de 297.000 mascarillas FFP2 sin el sello CE individualizado, más otras 110 Cajas con 2.000 unidades por embalaje, que sumarían 220.000 mascarillas quirúrgicas.

Además, las mismas fuentes subrayaron que "en relación a estos lotes, tal como señala la memoria 2020 emitida por el INGESA –documento que obra en poder de ecierredigital.com– este material caduca en abril de 2023. Las mascarillas no están homologadas, ya que carecen del sello en la propia mascarilla, y por otra parte, vienen empaquetadas en bolsas de 10 unidades en lugar de empaquetado individual para el uso de los funcionarios de Interior".

Al conocerse esta distribución masiva de mascarillas FFP2-IVROU a centros dependientes de Interior, la reacción de algunos funcionarios no se hizo esperar. La información sobre este caso publicada por elcierredigital.com se viralizaba en la red social Twitter, tras la protesta del colectivo integrado por agentes penitenciarios ‘Tu abandono me puede matar’. Esta asociación comunicó en su perfil Twitter: "El ministro Marlaska, y Pedro Sánchez por mantenerle en el cargo, deberían dar explicaciones por arriesgar las vidas de Policías y Funcionarios de Prisiones ante el Covid-19".

Como resultado de la viralización de la polémica, los senadores Sergio Ramos, Emilio Argüeso y Ruth Goñi, exigieron explicaciones al Gobierno de Sánchez. A pesar de todo el revuelo que generó en su momento este escándalo, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y la entonces ministra de Sanidad, Carolina Darias, continuaron sin comparecer en el Senado tras la petición efectuada en noviembre de 2022 por los senadores del Grupo Mixto. 

Por su parte, el senador grancanario Sergio Ramos también interpuso ante la Cámara Alta una batería de preguntas exigiendo respuesta por escrito al Gobierno de Pedro Sánchez respecto al suministro de este material sanitario sin el sello preceptivo destinado al uso de los funcionarios penitenciarios y guardias civiles.

Por otra parte, el Ministerio del Interior también especificó en su momento que "los guardias civiles han de procurar tener mascarillas suficientes de reserva para su uso laboral, aunque no citaron expresamente cuántas mascarillas con fecha próxima de caducidad han de ser donadas y qué entidades concretas, además de cuántas de estas unidades han de preservarse para los propios funcionarios policiales".

En relación al cumplimiento de esta orden de reparto, la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas –uno de los organismos que recibió miles de mascarillas FFP2 a punto de caducar–, tal como consta en un comunicado oficial de prensa y en la página web ‘Benemérita Las Palmas’ consultada por elcierredigital.com, autorizó durante los días 16, 17 y 18 de enero de 2023, desde el Puesto Principal de la Guardia Civil de Vecindario-Gran Canaria, "la donación de 60.000 mascarillas FFP2 y quirúrgicas, las cuales se encontraban próximas a su fecha de caducidad, a Centros de Mayores y Entidades Públicas".

Tal como explicaron fuentes de Interior consultadas por este diario "la orden de reparto de estas miles de mascarillas FFP2 se habría cursado en noviembre de 2022, exigiendo a las diferentes dependencias de los guardias civiles que se haga constar, en relación a las entregas de las citadas mascarillas a los centros de mayores y otras entidades beneficiarias, cuál es la cantidad donada, el tipo de mascarilla, y la identidad de la entidad receptora de este material sanitario".