Las 'cárceles del terror' de América Latina: Venden embutido de carne humana

Durante tres días, William Gacharná Castro, quien fuera director de la Cárcel Modelo de Bogotá (Colombia), compareció ante los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), revelando su colaboración con grupos paramilitares durante sus años de funcionario. Durante sus declaraciones, mencionó que dentro del centro penitenciario hubo desapariciones y se construyeron fosas comunes para ocultar los cuerpos de las víctimas, entre otros actos de cuestionable moral.

Gacharná admitió haber recibido sobornos de reclusos pertenecientes a los paramilitares durante su mandato entre 1999 y 2003. Es importante destacar que con el término ‘paramilitares’ en Colombia se refieren a los miembros de diversos grupos armados que operan en el país, aunque también se usa para aquellos que participaron en las guerrillas de las FARC. Por otra parte, el ex director penitenciario reveló que los mismos reclusos construyeron túneles para escapar y enterrar personas, por orden de los comandantes paramilitares. 

El pasado mes de diciembre la JEP anunció que investigaría la labor de Gacharná Castro y su participación y colaboración en el ingreso de los paramilitares a la prisión. Según el Tribunal, el funcionario permitió que los criminales ingresaran al centro penitenciario y cometieran diversas violaciones a los derechos humanos.

El exdirector afirmó que los criminales tenían el control de los patios y celdas de la prisión, lo que les facilitó la construcción de los túneles. Además, Gacharná relató que los cuerpos también eran sumergidos en ácido clorhídrico y cocinados en las ollas de la cocina penitenciaria hasta desintegrarse por completo, según informaron diversos medios de comunicación locales. Gacharná explicó también que después de las excavaciones, los agujeros eran tapados con cemento para dificultar su localización.

Tal y como reveló el exdirector de la Modelo, los paramilitares también establecieron una pequeña empresa de embutidos y salchichones, llegando a afirmar que los fabricaban con carne humana. Gacharná admitió que muchas veces tuvo conocimiento de desapariciones y posibles casos de tortura dentro de la prisión, pero nunca ordenó investigar.

Según los informes de la JEP, elaborados a partir de las declaraciones de Gacharná, un gran número de desapariciones fueron ordenadas por el paramilitar Miguel Arroyave y sus superiores, en medio de venganzas, ajustes de cuentas, acusaciones de traición y otros asuntos. Durante su tiempo como director, Gacharná también admitió ante los jueces que nunca supo con certeza cuántos reclusos se encontraban en la Modelo, por lo que resultó imposible controlar las desapariciones.

Durante esos años el control de la Modelo estaba en manos de paramilitares, guerrilleros de las FARC y ELN (Ejército de Liberación Nacional), y líderes del narcotráfico. Además de su proceso en el sistema de justicia ordinaria, Garchaná enfrenta acusaciones de homicidio agravado por los acontecimientos ocurridos dentro de la prisión durante su gestión.

Las focas comunes: una lacra extendida

Las revelaciones de Gacharná sobre lo acontecido en la Modelo de Bogotá evidencian los problemas que atraviesa el sistema penitenciario de numerosos países en América Latina. Otro ejemplo que fue ampliamente noticiado fue el hallazgo en 2017 de una fosa común en una cárcel de Venezuela.

De acuerdo con un comunicado de prensa emitido el 11 de marzo de ese año por la Fiscalía General de la República, al menos 14 cuerpos fueron encontrados en la Penitenciaría General de Venezuela, ubicada en el estado de Guarico. Los primeros cuerpos fueron descubiertos el 9 de marzo durante unas obras de mejora de la prisión, que había sido cerrada por varios meses debido a esta remodelación.

En su momento, ‘Una Ventana a la Libertad’, una de las muchas organizaciones que defiende los derechos de los presos, afirmó a diversos medios de comunicación que el número de cuerpos enterrados en la fosa podría ser mucho mayor de lo que el gobierno ha reconocido hasta el momento. De hecho, se confirmó la existencia de una fosa común donde se descubrieron los restos de más de 100 personas.

Dentro de la Penitenciaría General de Venezuela se han registrado numerosos enfrentamientos violentos entre los reclusos. Quizá uno de los más llamativos ocurrió en septiembre de 2016, durante la celebración de cumpleaños de un "pran" -apodo utilizado para referirse a los presos que tienen poder en las prisiones-, cuando una granada explotó dejando dos muertos y más de 20 heridos, según informaron medios locales.

El caso de la Penitenciaría General de Venezuela no es aislado en el país, pues el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha señalado en numerosas ocasiones a lo largo de más de dos décadas la existencia de crímenes contra los derechos humanos en las cárceles de la región, registrado numerosas desapariciones nunca resueltas dentro de los penales y miles de muertes violentas.

De igual manera, en otros países como México y Brasil la situación penitenciaria es similar. El control de los centros penitenciarios está prácticamente bajo manos de las grandes organizaciones criminales, tal y como informó este medio. El escaso control de las autoridades y el casi inexistente registro del número total de presos en cada cárcel, facilita la desaparición y la muerte violenta de numerosos reos, que a menudo se ven envueltos en enfrentamientos entre pandillas rivales o simplemente se encontraban en el lugar equivocado en el momento equivocado, según señala el ‘Observatorio de Prisiones de Documenta’.

El ‘milagro’ de El Salvador también tiene sombras

En los últimos meses se ha hablado mucho sobre Nayib Bukele y sus políticas penitenciarias para acabar con la influencia de las maras en El Salvador. Lo cierto es que muchas voces señalan la efectividad de su estrategia y la disminución general de la violencia en el país, lo que ha hecho que otros países como Ecuador intenten seguir sus pasos.

Por otra parte, no todo son felicitaciones para la gestión de Bukele, pues también hay un sector de la población que señala la crudeza en el trato a los presos, a menudo injustificado, pues hay que recordar que no todos los presos en las cárceles de El Salvador entraron por delitos de sangre o de pertenencia a bandas criminales como las maras.

Uno de los últimos informes de la ONG Cristosal ha registrado la muerte de 153 presos bajo custodia estatal desde el 27 de marzo de 2022 hasta el 27 de marzo de 2023, todos ellos arrestados en el mismo período. Entre ellos, 29 murieron de forma violenta y otros 46 fallecieron por "probable muerte violenta" o bajo sospechas de criminalidad. De igual manera, la lista de fallecidos y desaparecidos ha ido en aumento desde el 27 de marzo de 2023, los cuales no fueron incluidos en el recuento mencionado.

En la mayoría de los casos, la investigación destacó un patrón común que involucra laceraciones, hematomas evidentes de golpes, heridas causadas por objetos punzocortantes o contundentes, así como señales de estrangulamiento o ahorcamiento en los cadáveres. Según el informe, la asfixia mecánica es una de las causas de muerte más frecuentes citadas en los informes médico-legales. Uno de los casos más notorios fue el de un hombre de 30 años que fue entregado sin vida a sus familiares con una protuberancia en el cuello. El informe forense dictaminó que falleció por "asfixia mecánica por estrangulación". También se documentó el caso de un hombre de 42 años que murió en una celda policial, y la autopsia determinó que la causa de su muerte fue "asfixia mecánica por ahorcamiento".

Por otra parte, la ONG señaló que otros cadáveres presentaban señales de tortura diferentes. Por ejemplo, se informó sobre un hombre de 32 años que fue entregado muerto a sus familiares, y la autopsia realizada por el forense determinó una "traumatismo cerrado de tórax severo de tipo contuso" como causa de muerte. Según el informe, el cuerpo presentaba heridas profundas en el codo, golpes en el antebrazo y una herida de aproximadamente ocho centímetros en el lado izquierdo de la cabeza.

En otros casos, según la investigación, las personas murieron debido a enfermedades graves no tratadas o a la falta de acceso a medicamentos. Por ejemplo, se menciona el caso de una mujer de 50 años que fue detenida mientras padecía una enfermedad hepática. A pesar de que su familia llevó los medicamentos al centro penitenciario donde estaba recluida, no fueron recibidos y cuando la familia preguntaba por ella, les respondían que el médico les avisaría si necesitaba medicamentos, conforme indica el informe.

Cristosal no es la única ONG que ha denunciado el maltrato a presos en El Salvador, la ONG Socorro Jurídico Humanitario hizo público que durante el periodo de emergencia en el país, más de 300 individuos perdieron la vida en centros penitenciarios, y que un alarmante 92% de ellos eran inocentes.