Cándido Conde-Pumpido: 'falsas cartas' del nuevo presidente del Constitucional

Cándido Conde-Pumpido ha sido elegido como el nuevo presidente del Tribunal Constitucional tras el enfrentamiento con María Luisa Balaguer, consiguiendo el apoyo de 6 miembros, uno más que Balaguer. El mandado de Conde-Pumpido será hasta el 2026, año en el que finalizará su estancia en el Tribunal Constitucional.

Durante estos años será la primera vez en una década que habrá en su mayoría magistrados y magistradas progresistas en el Constitucional. Además, la elegida vicepresidenta Inmaculada Montalbán, la reciente incorporación al tribunal en la renovación de 2021 también es progresista.

Hasta el momento de la revelación de los votos todo era una incertidumbre. Es cierto que en los últimos meses varias personas daban como ganador a Cándido Conde-Pumpido, ya que contaba con la mayoría de apoyo por parte de los progresistas.

Con el alzamiento de Conde-Pumpido como ganador, el Tribunal Constitucional quedará compuesto por siete magistrados progresistas y cuatro conservadores, aunque podrían ser cinco, puesto que el Senado espera nombrar a otro magistrado conservador tras la renuncia de Alfredo Montoya por razones sanitarias.

El magistrado gallego ha pronunciado su primer discurso tras pronunciarse ganador en el que ha nombrado a las fuerzas independentistas y a aquellos que creían en su sentido de Estado. La Constitución no permite "ni la secesión, ni la independencia ni la autodeterminación", ha pronunciado Conde-Pumpido en el Pleno.

Cándido Conde-Pumpido

Nació en A Coruña en 1949, fue fiscal general del Estado y tiene una ideología progresista. Con 73 años ha sido juez y magistrado en varios territorios antes llegar al Tribunal Constitucional en 2017.

Algo que destacó  en plena pandemia, el 2020 fue su enfrentamiento por la decisión de tumbar el confinamiento bajo el estado de alarma. Cándido acusó a sus compañeros progresistas de apoyar una decisión que tenía un enfoque “equivocado”.

Se licenció en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de Santiago de Compostela y proviene de una familiar de juristas.  Su abuelo y su padre trabajaron en el ámbito jurídico durante muchos años.

El primer juzgado que Conde- Pumpido pisó fue en Puebla de Sanabria (Zamora) y Carballino (Orense), en 1974. Años más tarde en 1981 consiguió ser magistrado y se trasladó a la Audiencia Provincial de San Sebastián donde también ejerció como profesor en la universidad.

En 1995 se trasladó a Segovia y se convirtió en el magistrado más joven de la Audiencia Provincial a sus 46 años. Además, fue fundador de la asociación progresista Jueces para Democracia.

Fue fiscal general del Estado desde 2004 hasta 2011 en durante las legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero. Finalmente, con el apoyo del PSOE y la propuesta del Senado, Cándido llegó al Tribunal Constitucional.

La denuncia a Cándido Conde-Pumpido en 2020 por un supuesto soborno 

ACODAP, la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública del ex juez decano de Talavera de la Reina, Fernando Presencia, denunció ante el CGPJ en contra del actual presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido Tourón, por, supuestamente, "dejarse sobornar" en 1996 cuando fue nombrado Magistrado del Supremo, para dirigir su voto en el juicio del GAL.

Según la denuncia interpuesta ante el Consejo General del Poder Judicial por ACODAP, tres magistrados del Tribunal Supremo se "habrían dejado sobornar para cambiar el curso de la sentencia de los GAL", dejando fuera de la causa al expresidente  del Gobierno de España, Felipe González. Unas 'falsas cartas' –según expresó el propio Conde-Pumpido– recuperadas de un procedimiento judicial ya archivado podrían supuestamente descubrirlo y acreditarlo, siempre según la denuncia presentada ante el CGPJ el 13 de octubre.

Así, la denuncia presentada ante el máximo órgano de gobierno de los jueces hacía alusión a unas cartas –que resultaron falsas– recuperadas de un expediente de un procedimiento judicial archivado hace más de 13 años. Las supuestas misivas acreditarían que "tres magistrados del Tribunal Supremo se habrían dejado sobornar", supuestamente, según ACODAP, para cambiar el curso de la sentencia de los GAL, dejando fuera del procedimiento al que fuera entonces expresidente del Gobierno de España, Felipe González Márquez, según recoge el texto de la denuncia que obra en poder de elcierredigital.com.

ACODAP aclaraba que su denuncia se fundamenta en la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, también conocidos con el término inglés de “whistleblowers” o denunciantes y alertadores de corrupción, que prohíbe las represalias.

Finalmente, el CGPJ ha decidido "Incoar Diligencia Informativa" y "Archivar la presente Diligencia Informativa y no incoar expediente disciplinario. De conformidad con el artículo 608.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985, en la redacción dada por la Ley Orgánica 4/2013".

El Consejo fundamenta su decisión en que "los hechos que se denuncian transcienden lo disciplinario pues imputa a determinado miembro de la carrera judicial una actuación abiertamente delictiva, siendo que la responsabilidad penal de jueces y magistrados con ocasión del ejercicio de su potestad jurisdiccional no corresponde declararla al Consejo General del Poder Judicial sino a los diferentes órganos jurisdiccionales que, según los casos, tienen atribuida esta competencia de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y ante los cuales el denunciante puede ejercitar las acciones que considere oportunas".

También añade el CGPJ que "aún cuando se defendiera lo contrario, la hipotética falta que se quisiera imputar se encontraría prescrita, a la vista de cuando se dice que ocurrieron los hechos que se narran. Téngase en cuenta que conforme al artículo 416.2 de la Ley Orgánica 6/1985, la responsabilidad disciplinaria de jueces y magistrados prescribe —en todo caso– a los dos años desde que se cometió la falta, por lo que el análisis de la responsabilidad que nos ocupa en el presente ámbito se ha de circunscribir necesariamente a ese plazo".