Benet Salellas, abogado de la CUP, defiende a Jordi Cruixat y a Magentí en el crimen

Cuando la Audiencia Provincial de Girona decretó el pasado viernes la puesta en libertad condicional sin fianza para Jordi Magentí, único sospechoso del doble crimen del pantano de Susqueda, el único no sorprendido por la medida fue su abogado, Benet Salellas, que había presentado recurso para su excarcelación el 8 de noviembre.

Magentí abandonaba la prisión de Puig de les Basses aquella misma tarde, tras  permanecer ocho meses en prisión.  El auto que decretaba su libertad señalaba que los indicios acumulados contra él por los Mossos d´Esquadra que le habían hecho ingresar en prisión “se han visto seriamente debilitados sin que pudieran excluirse en este momento otras líneas de investigación”.

Benet Salellas es un prestigioso abogado penalista catalán de 41 años, muy ligado a la Candidatura de Unidad Popular (CUP),  tanto que fue elegido parlamentario por Girona por esta formación en las elecciones catalanas de 2015. Fue diputado hasta octubre de 2017, cuando se disolvió el Parlamento por orden del Estado español. Es hijo del abogado Sebastiá Salellas, que falleció en 2008 a la temprana edad de 59 años y con el que llegó a compartir despacho y casos.

Sebastiá Salellas adquirió una gran notoriedad pública por su actuación en casos tan mediáticos como el secuestro de la farmacéutica de Olot, el comando DIxan de Banyoles (Girona) -detención de un grupo islamista acusado de fabricar explosivos-, la quema de fotos del Rey Juan Carlos en Girona y la defensa de miembros de movimientos okupas. Salellas también llegó a ser concejal de Girona con el alcalde socialista Joaquim Nadal.

El hermano de Benet, Lluc Salellas Vilar,  de 34 años, es periodista y politólogo y concejal de la CUP en el ayuntamiento de Girona desde  2015 y desde 2016 es también miembro del secretariado nacional de la CUP, siendo reelegido como independiente en febrero de 2018.

Benet Salellas trabajó para Junts pel Sí hasta la elección de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat en octubre de 2015 y permaneció como diputado hasta octubre de 2017, cuando el Estado español intervinó la Generalitat con el artículo 155 de la Constitución, disolvió el Parlamento y convocó nuevas elecciones.

Ahora defiende a  Jordi Cuixart, presidente de Omnium Cultural, preso desde el 16 de octubre de 2017, junto con Jordi Sánchez, acusado de un presunto delito de rebelión, por su participación en los actos durante el transcurso de la Operación Anubis el 20 y 21 de septiembre de 2017 en Barcelona, cuando miles de manifestantes impidieron a una comisión judicial y de guardias civiles abandonar los edificios de varias consejerías.

Salellas estudió Filología en Barcelona y Derecho en la Universidad de Girona, también realizó un postgrado en derecho penal en la Universidad Pompeu Fabra.​ Ha sido el abogado defensor de los imputados por quemar fotos del Rey Juan Carlos, logrando el amparo del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo para sus defendidos.

En junio de 2016 protagonizó una nueva polémica con su declaración de bienes ante el Parlamento de Cataluña, al defender la ocupación de "fincas abandonadas, que no tienen un fin social" y declararse propietario de dos viviendas, tres locales y seis fincas rústicas. 

De los once inmuebles que declaró poseer el diputado Salellas, dos eran viviendas, una al 50 por ciento en propiedad y otra heredada al 100 por ciento. De los tres locales, todos heredados, poseía el 100 por ciento de dos de ellos y un 25 por ciento del tercero. Respecto a las seis fincas rústicas, tres de ellas eran totalmente suyas, dos al 50 por ciento y el 25 por ciento de otra, tal y como publicó el diario El Economista.

Su declaración de bienes también destacaba que poseía 10.300 euros en cuentas corrientes y otros depósitos, además del 30 por ciento de la sociedad Salellas i Associats, de la que es administrador, y dos hipotecas de las que le quedaba por amortizar hace un par de años 206.648 y 7.314 euros, respectivamente. Salellas se defendió entonces diciendo que la mayor parte de sus bienes eran heredados de sus padres y abuelos, que se dedicaban a la agricultura.

 Logró sembrar dudas en la Audiencia de Girona

La resolución de la Sala Cuarta de la Audiencia de Girona dio un vuelco al caso, pues todo indica que se estarían buscando nuevos responsables. Los jueces no descartan que otras personas accedieran al pantano “sin vehículo ni teléfono móvil”. En un auto durísimo, cuatro magistrados desmontaron de manera unánime toda la investigación de los Mossos d’Esquadra e hicieron suya la línea argumental de la defensa del acusado, representada por el abogado Benet Salellas.

El auto de los magistrados de la Audiencia de Girona tira por tierra con gran dureza una compleja investigación de un año y medio de la Unidad Central de Personas Desaparecidas de los Mossos d’Esquadra en la que se enumeraban una serie de indicios para apuntalar la acusación contra Magentí. La Audiencia desmontó el viernes todos los indicios y cuestionó el lugar del crimen y la hora del doble asesinato, por lo tanto abre la posibilidad de que otra u otras personas fueran los autores.

Los magistrados, encabezados por el juez Francisco Ortiz, pidieron a los investigadores que no descarten otras opciones de personas que pudieron haber llegado al pantano de Susqueda, sin vehículo, sin teléfono móvil y que no sean ninguna de las que fueron ya descartadas por los mossos.

El 24 de agosto del 2017 fueron asesinados Marc Hernández y Paula Mas, tenían 23 y 21 años. Acudieron al pantano de Susqueda para hacer una excursión en Kayak y fueron asesinados de varios disparos de arma corta. Los investigadores descartaron rápidamente la desaparición voluntaria, a los pocos días apareció su vehículo, que había sido hundido intencionadamente; y un mes después los cadáveres, que habían sido lastrados para permanecer más tiempo bajo el agua. Los Mossos detuvieron e inculparon como único sospechoso de doble crimen a Jordi Magentí.

El tribunal deja abierto cualquier otro escenario del pantano para que se produjera el crimen. En relación a la piedra que apareció en la mochila de Marc y que los expertos consultados definen como parte de la construcción de la Rierica, el  tribunal apunta que también puede formar parte de otras estructuras. Como también es posible que la tierra que aparece en los calzoncillos y un pantalón de deporte de Marc sea de otros lugares, además del de la playa en la que, según los mossos, llegó con su novia para navegar con el kayak de sus padres.

Como medidas cautelares, la sala ha acordado la retirada del pasaporte de Magentí y la prohibición de salir del territorio nacional hasta la finalización del procedimiento. Además, tendrá la obligación de presentarse los días 1 y 15 de cada mes ante el juzgado instructor.

Ahora la investigación se centra en un ciudadano francés. Se trata de un hombre que se encontraba en la zona el día del crimen sin teléfono ni vehículo. Dijo que se hizo una herida en la mano tras una caída y fue descartado por las autoridades. Ahora los Mossos deberán pedir a a Francia que lo localice para interrogarlo de nuevo.