Así se forjó la Guardia Civil: el principio y fin de la Policía General del Reino.

Aunque las fuerzas armadas forman parte del Estado español desde tiempos inmemoriables, no es hasta el 28 de marzo de 1844 cuando se produce la creación oficial de la Guardia Civil. Fue entonces, por Real Decreto, cuando se creó el denominado “cuerpo especial de fuerza armada de Infantería y Caballería”, bajo la dependencia del Ministerio de la Gobernación y con “la denominación de Guardias Civiles”. Para organizar esta nueva institución se comisionó al mariscal de campo Francisco Javier Girón y Ezpeleta, II Duque de Ahumada, a quien se le atribuyen los orígenes de la que hoy conocemos como Guardia Civil.

El Duque de Ahumada puso en marcha una institución destinada “a proteger eficazmente las personas y las propiedades” y propuso que estuviera basada en la calidad, con una plantilla cuidadosamente seleccionada para garantizar la excelencia del personal". Según decía Girón y Ezpeleta, “servirán más y ofrecerán más garantías de orden cinco mil hombres buenos que quince mil, no malos, sino medianos que fueran".

A pesar de la novedad de estos cuerpos de seguridad hace 178 años, la Guardia Civil tiene a su antecesor en la Policía General del Reino, creada bajo el Régimen Absolutista de Fernando VII.

La Policía General del Reino

Si nos remontáramos a los orígenes de las instituciones de seguridad de España, habría que hablar de la Santa Hermandad, instaurada por los Reyes Católicos en 1476. Sin embargo, los antecesores históricos directos de la centenaria Guardia Civil existieron desde 1782, cuando el Marqués de Floridablanca fundó la “Superintendencia General de Policía”.

Mención especial merece el proyecto no consolidado que el teniente general Pedro Agustín Girón Las Casas, ministro de la Guerra y padre del futuro organizador de la Guardia Civil, el II Duque de Ahumada, presentó el 30 de julio de 1820 a las Cortes para su aprobación. Con él se pretendía “el exterminio de los malhechores y la seguridad en los caminos, objeto principal de su instituto, cuyas circunstancias no se han podido lograr jamás a pesar de las medidas del Gobierno y de los esfuerzos y sacrificios de los pueblos”. Fue rechazado en la votación por considerarse “medida atentatoria a la libertad y desorganizadora de la Milicia Nacional”.

Posteriormente, en enero de 1824, el propio rey Fernando VII firmaba las bases sobre las que se fundamentaría la Policía General del Reino. Este proyecto nació con vocación de permanencia y ámbito estatal pero, como los anteriores intentos, terminó fracasando al no conseguir ni su primera ni su segunda propuesta. No tuvo continuidad en el tiempo ni vertebró el Estado al no conseguir desarrollar apenas su despliegue territorial.

En relación a ello, y sin perjuicio del resto de funciones policiales a ejercer, su articulado dejaba muy claras las misiones propias de la Policía creada para servir y proteger al Régimen Absolutista que se había implantado tras acabar por la fuerza de las armas con el Trienio Liberal (1820-1823).

Si bien es cierto que la Policía General del Reino constituyó en su inicio un prometedor y significativo avance respecto al resto de instituciones de seguridad pública que hasta esa fecha habían existido, le perjudicó tanto su perfil de policía “secreta” como su excesiva implicación política con algunos de los gobiernos bajo los que sirvió.

Ello terminó provocando que fuera objeto de durísimos reproches por los gobiernos que sucedieron a los que habían hecho un uso abusivo de sus capacidades, siendo condenada finalmente a su abolición definitiva.

El final definitivo de la Policía General del Reino, después de varios Reales Decretos que la desprestigiaron, vendría mes y medio después de serle conferida, por la Regente María Cristina de Borbón, la presidencia del Consejo de Ministros al capitán general Joaquín Baldomero Fernández-Espartero Álvarez de Toro. Éste, cuatro semanas después, se hizo cargo de la Regencia al renunciar y exiliarse aquella. Esto dio lugar a un desolador escenario en el panorama de la seguridad pública española, recién salida de la Primera Guerra Carlista.

No fue hasta el 26 de enero de 1844 cuando, bajo el gobierno de Luis González-Bravo López de Arjona y el reinado de Isabel II, se creó por Real Decreto el Ramo de Protección y Seguridad. El segundo paso de importancia que se dio para seguir avanzando en la resolución del grave problema de orden y seguridad pública que entonces se padecía en España, fue tan sólo dos meses después.

El 28 de marzo, todavía bajo la presidencia de González-Bravo, se dictó un Real Decreto que disponía la creación del “Cuerpo de Guardias Civiles”, de carácter civil y dependiente del Ministerio de la Gobernación, “con el objeto de proveer al buen orden, a la seguridad pública, a la protección de las personas y de las propiedades, fuera y dentro de las poblaciones”, si bien, en cuanto a la organización y disciplina, dependería de la jurisdicción militar. El mariscal de campo y II Duque de Ahumada, Francisco Javier Girón y Ezpeleta, fue su director de organización.

A día de hoy, el Cuerpo de la Guardia Civil sigue siendo, casi 178 años después, la institución de seguridad pública de mayor antigüedad, despliegue territorial y entidad numérica de España.