La Moncloa ultima el desembarco de la SEPI en Telefónica, que volverá a tener al Estado como primer accionista gracias a los 2.000 millones de euros públicos que el Gobierno debiera sospechar que van a depreciarse, tal y como lo han sufrido en Prosegur.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez saca pecho, con lógica, porque España creó más de medio millón de empleos en 2023, pero mira para otro lado ante la decisión de Telefónica de acometer un ajuste que supone que en diez años su plantilla en España se vaya a reducir más de un 40 por ciento.
Agujero de 80 millones de euros para Prosegur
La experta en alarmas vendió el 50 por ciento de su negocio hace casi cuatro años a Telefónica, que le cedió acciones en febrero de 2020 por valor de 305 millones de euros que hoy, tras la denostada incapacidad de los gestores de la teleco para mantener siquiera su valor, se han depreciado en 130 millones (en realidad la pérdida ronda los 80, ya que durante este tiempo han obtenido 51 en dividendos).
El resultante de este pacto, la compañía Movistar Prosegur, que ronda el medio millón de clientes, acaba de cerrar alianza para vender seguros con Línea Directa, que dice que "es la primera alianza que alcanzamos y en el futuro, en función de los resultados y de las sinergias se podría pensar en más iniciativas conjuntas que beneficien a los clientes de ambas sociedades".
Más de 3.400 despidos
Los trabajadores de Telefónica pueden adscribirse al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que abre hoy la teleco, que recortará su plantilla en 3.421 empleados que, en su mayor parte, saldrán de la compañía el próximo 29 de febrero.
La Moncloa calla ante los despidos, la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz mira para otro lado tras protestar por la entrada de la saudí STC en Telefónica, UGT bendice los despidos y también lo hace Comisiones Obreras, rota en dos mitades, ya que hay un sector que aceptaba las salidas del ERE a cambio de, en caso de no cumplimentarse las 3.421 bajas voluntarias, la teleco no realizase despidos forzosos.
Pacto de silencio de accionistas, partidos y medios
Accionistas de Telefónica como CriteriaCaixa o BBVA, formaciones como PSOE, Sumar, PP o Vox y la mayoría de los medios de comunicación prefieren guardar silencio ante el pacto entre José María Álvarez-Pallete y Pedro Sánchez que va a suponer apuntalar el sector nacional del accionariado de una compañía estratégica a cambio de poner en peligro 2.000 millones públicos.
Esta inversión podría haberse entendido en algunos sectores si, a cambio, Álvarez-Pallete hubiese retirado el ERE, o si Sánchez se lo hubiese exigido para mantenerle en el sillón a pesar de la riada depreciativa que sufre Telefónica bajo su mandato.
Críticas de los sindicatos vasconavarros
A cuenta del ERE, el sindicato vasconavarro LAB, muy crítico con UGT y CCOO, lamenta que todas las bajas no serán voluntarias: "En caso de no conseguir suficientes trabajadoras y trabajadores voluntarios para llevar adelante su plan de reducción de plantilla, se empezaría a despedir forzosamente a los trabajadores y trabajadoras según su edad, empezando por los y las de de mayor edad".
Telefónica | Telefónica
Desde LAB rechazan la destrucción de empleo en una empresa como Telefónica, que en los últimos tres años ha generado 11.782 millones de euros de beneficios, y denuncian "la actitud claudicante, servil, irresponsable y antisindical de CCOO y UGT, sindicatos que aceptan la destrucción de empleo en empresas como Telefónica".
"Desde hace ya muchos años (en planes anteriores con EREs, Planes de Separación Individual…) han hecho creer a una parte de la plantilla que negociando bajo el paraguas de las mesas de negociación estatales asentadas sobre la 'paz social', iban a contener los insaciables planes de la empresa, en cambio, han ido asumiendo los planes y deseos de Telefónica dejando a la plantilla sin ninguna capacidad de defensa", añaden.
LAB cree que Telefónica debe apostar por "la reducción de jornada, adecuada formación de la plantilla actual, así como la recuperación de la actividad que se ha externalizado y se sigue externalizando. Los sindicatos que vayan a firmar este nuevo ERE pretenderán, como han hecho en anteriores ERE, convencernos de que hay que negociar las condiciones de este nuevo expediente por responsabilidad sindical y como mal menor. Asimismo, pretenderán unirlo a la negociación del convenio colectivo como garantía a futuro".
Pero, añaden, "desgraciadamente, vemos que todo tipo de reformas, privatizaciones y expedientes que algunos sindicatos avalan con su firma y sus políticas sindicales de acompañamiento y de no confrontación, solamente nos llevan a un reforzamiento de las políticas ultraliberales de los gobiernos y de las multinacionales, empeorando las condiciones sociales y laborales actuales y futuras de las personas asalariadas, y a una pérdida de empleo y debilitamiento de la clase obrera".
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