Acoso y derribo a Juan Carlos I: Hasta el momento todos los intentos fallan

¿Por qué debería estar tranquilo el Rey? Porque Juan Carlos I guarda muchas cartas todavía sin jugar, que puede todavia poner sobre la mesa si se encontrase acorralado. El Rey Emérito es depositario de todos los secretos de Estado y económicos de los últimos cuarenta años de la historia de España, algo que asusta y mucho a políticos de la Transición. El tiempo corre a su favor.

Fuentes cercanas a la familia real, consultadas por el cierredigital.com explican que "todo se ha pensado como una estrategia para que no vuelva. Si el Jefe vuelve la puede liar y levantar alfombras. Piensa que él tiene más información que nadie, incluso del propio PSOE".

Desde el escándalo KIO o Caso Torras (la filial española de la empresa kuwaiti) que marcó la década de los 90 del pasado siglo con la mayor suspensión de pagos y un  pasivo de 1.500 millones de euros cuando fue la primera vez que el nombre del Rey salió en una declaración judicial hasta ahora mismo con todo lo que ha dicho Corinna Larsen ante un fiscal suizo.

Las declaraciones de Javier de la Rosa, vicepresidente de Torras tras su dimisión en 1992 pusieron el foco sobre Manuel Prado y Colón de Carvajal, ya fallecido y hombre de confianza del Rey Juan Carlos I durante años. Tras la Guerra del Golfo, en 1992, Kuwait situó a un nuevo equipo en la gestión de KIO encabezado por Mahmout al Nouri, que rompió con el consejero delegado en España, Javier de la Rosa, y destapó la delicada situación financiera del Grupo Torras. De la Rosa fue acusado por los nuevos gestores kuwaities de haber desviado 350 millones de dólares en activos a una cuenta en Suiza a su nombre,  conocida como Stuart.

De la Rosa, lejos de guardar silencio, contraatacó y declaró que 100 de esos millones de dólares fueron a parar a Prado y Colón de Carvajal en concepto de una especie de "mordida" política. Esta segunda parte nunca fue probada. Sin embargo, durante el juicio que hubo en España en la Audiencia Nacional la defensa del financieron catalán realizó cuarenta preguntas a Prado y Colón de Carvajal que se negó a responder a todas.

Cuatro de aquellas preguntas, seguramente las más interesantes para rescatar ahora, fueron:

- ¿Es cierto que en el año 1988 y siguientes usted realizó múltiples gestiones institucionales al mayor nivel en interés de KIO y el Estado de Kuwait?

- ¿Es cierto que, entre esas gestiones, se produjeron entrevistas organizadas por usted entre el Jefe del Estado español y mandatarios kuwaitíes, como los Sres. Fahad Al-Sabah, Fouad Jaffar y Bruce Dawson?

- ¿Puede indicar si, en el marco de dichas relaciones, en enero de 1992 acompañó al ex ministro de Finanzas Ali Califa Al-Sabah y a D. Javier de la Rosa para celebrar una entrevista con S.M. el Rey (Juan Carlos I)?

- ¿Es cierto que Trebol SA y su filial suiza eran sociedades suyas, del señor Tchkotoua y de un tercer socio?

Seguramente tras la muerte de Prado y Colón de Carvajal todas esas preguntas queden eternamente sin respuesta. Además, también Zourab Tchkotoua, amigo personal e íntimo de Juan Carlos I de la época dorada de Mallorca, falleció en Marruecos en julio del pasado año.

De momento, en España el Rey Juan Carlos está investigado en tres causas y ninguna de ellas tiene aspecto de prosperar. La última fue anunciada a bombo y platillo con tintes efectistas durante un encuentro ordinario con periodistas por Dolores Delgado, Fiscal General del Estado.

Esta tercera causa se abrió después de que el Ministerio Público recibiese unos informes del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC). Delgado también dijo que a partir de ahora, Alejandro Luzón, fiscal jefe Anticorrupción, colaborará con la Fiscalía del Supremo en las investigaciones que afectan a Juan Carlos I. De momento es la más opaca de las causas que tienen en su origen el Rey Emérito.

Más avanzadas están las otras dos investigaciones que atañen al exmonarca. La penúltima cuando se conoció que Anticorrupción rastreaba los movimientos de unas tarjetas de crédito que usaban el rey Juan Carlos de Borbón, la reina Sofía de Grecia y también varios de sus familiares más directos, y cuyos gastos no declaraban a Hacienda. Los movimientos financieros de esa cuenta y los gastos de esas tarjetas opacas corresponden a los años 2016, 2017 y 2018.

Parte de los fondos de esas tarjetas provienen del millonario mexicano Allen Sanginés-Krause, principal accionista de varios fondos inmobiliarios. Para su uso, el rey emérito contó con la ayuda del teniente coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga Mendoza. Fue ayudante de campo de Juan Carlos I hasta que este militar pasó a la reserva, hace algo más de un año. Murga Mendoza es, según la investigación, el testaferro del dinero que Sanginés-Krause presuntamente puso a disposición de la familia real para cubrir una parte de sus gastos personales, según contó eldiario.es.

De hecho, se da como seguro que incluso la yegua Dibelunga que monta Victoria Federica Marichalar Borbón, hija de la infanta Elena, habría sido pagada por el amigo mexicano del Rey, Sanginés-Krause. La Fiscalía del Tribunal Supremo maneja ahora pruebas de que la compra de la yegua, algo más de 10.000 euros, y otras cuantiosas facturas relacionadas con el adiestramiento y manutención del animal fueron pagadas por la Casa Real con dinero de este empresario mexicano, que ya ha prestado declaración en la causa, aunque el contenido de la misma no ha trascendido. Estos gastos serían solo parte de otros más cuantiosos como viajes, comidas, regalos, etc...

El gasto de esas tarjetas se abonaban desde una cuenta en la que ni el Rey Emérito ni su familia aparecen como titulares, según adelantó en exclusiva a elDiario.es. Entre las personas que se beneficiaban de estas tarjetas opacas no están los actuales monarcas, Felipe VI y Letizia Ortiz ni la princesa Leonor ni la infanta Sofía, pero sí otros familiares directos de Juan Carlos I.

Los gastos corresponden a los años 2016, 2017 y 2018. Es decir, después del 2014 cuando abdicó el actual Rey Emérito y, por tanto, no tiene la protección que le otorga la Constitución. En Anticorrupción buscan esas cuentas a donde irían los gastos realizados por esas tarjetas, que, supuestamente se ubicarían fuera de España. La cuestión es si ese flujo irregular de dinero incumple algún tipo de normativa española y en ese sentido Anticorrupción ya ha pedido que el juzgado emita comisiones rogatorias a diferentes países para rastrear la procedencia de esos fondos.

Por el momento, la Fiscalía Anticorrupción ya ha encontrado indicios de un presunto delito fiscal, al tratarse de incrementos de renta no declarados superiores a 120.000 euros en un solo año fiscal. Tanto el Rey Emérito como la reina Sofía son aforados, por lo que esta investigación, de prosperar, será instruida por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, aunque el resto de personas investigadas no lo son.

Entre los gastos cargados a la tarjeta de la reina Sofía aparecerían varios viajes a Londres, donde la esposa del rey mantiene desde hace años su residencia habitual, añade elDiario.es. La reina Sofía cuenta con una asignación anual de dinero público. En 2020 recibirá un total de 111.854 euros del presupuesto asignado a la Casa Real. El Rey Emérito, por su parte, cobró 161.034 euros de esa partida en 2019. Este año solo ha recibido una cuarta parte de esa cantidad; ya que Felipe VI retiró la asignación a su padre en marzo, al trascender el escándalo de su fortuna presuntamente oculta en paraísos fiscales.

Esta investigación fue asumida por la Fiscalía del Tribunal Supremo. La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, ha dictado un decreto según el cual Anticorrupción deberá remitir “con efectos inmediatos” a la Fiscalía del Alto Tribunal esas diligencias “para que continúe las actuaciones hasta su conclusión y efectos”, informó en un comunicado. El fiscal Juan Ignacio Campo ha sido designado para llevar a cabo esta investigación.

Primera investigación

El dinero usado de estas cuentas es posterior a la primera de las investigaciones, los supuestos 65 millones de euros que el Rey Emérito recibió de Arabia Saudí en 2008 y que, en 2012, transfirió a su entonces amante, Corinna Larsen. El fiscal del Tribunal Supremo que lleva este caso de los 65 millones, Juan Ignacio Campo, planea solicitar el archivo de esta causa, al tratarse de unos presuntos delitos que son previos a la abdicación del Rey Emérito.

La primera investigación iniciada y sin duda la más importante por la cuantía del dinero manejado también corre el mayor riesgo de quedarse en aguas de borrajas. Fue abierta inicialmente por la Fiscalía Anticorrupción y luego pasó al Supremo. En la misma se investiga el origen de los 65 millones de euros que recibió Juan Carlos de Borbón de Arabia Saudí en 2008 y que, en 2012, transfirió a su entonces amante, Corinna Larsen. El rey Juan Carlos abdicó en 2014 y hasta ese año estuvo protegido judicialmente por la Constitución, que establece una suerte de impunidad legal para el jefe del Estado, al considerarlo inviolable. Por tanto, aunque solo sea por una cuestión de forma la causa dormirá el más placentero sueño de los justos.

El fiscal del Tribunal Supremo que lleva el caso de los 65 millones saudíes, Juan Ignacio Campo, solicitará el archivo de esta causa, al tratarse de unos presuntos delitos que son previos a la abdicación del Rey Emérito y por tanto sería inimputable por la Justicia española. Sin embargo, esa petición de archivo incluirá una detallada exposición de lo ocurrido que dejará claro que, de no ser por la inviolabilidad constitucional, la Fiscalía habría propuesto formalmente la imputación de Juan Carlos de Borbón ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Poco más que un brindis al sol.