El Ministerio de Sanidad de Salvador Illa, a través del Ingesa, "cuela" memorias justificativas como si fueran contratos

Las investigaciones de elcierredigital.com sobre el alud de sospechas que ya recaen sobre muchos de los contratos adjudicados por el Ministerio de Sanidad de Salvador Illa en la crisis sanitaria del COVID-19 han llevado a al Gobierno de Pedro Sánchez a una nueva controversia jurídica de calado oficial.

Todos los contratos que adjudica la Administración del Estado tienen un formato común, comenzando por señalar el lugar y la fecha del acto para utilizar a continuación la fórmula "Reunidos", donde tras la cual se cita a las personas firmantes del contrato y su responsabilidad corporativa o empresarial. Normalmente uno de los firmantes estará siendo parte del sector público y el segundo de ellos por parte del sector privado contratado.

El detalle que se señala tras el nombre y apellidos, de cada uno de los firmantes, es muy extenso. En el caso del responsable de la Administración, se cita el organismo al que pertenece, su dirección postal, el cargo que ocupa, la legislación que le habilita para contratar, las facultades y competencias otorgadas, etc. Por otra parte del empresario, o empresarios contratados, del que vamos a conocer su nombre completo, la empresa a la que pertenece, el cargo que ocupa, el CIF y domicilio social de la misma, el apoderamiento notarial, etc.

Así se puede observar en algunos de los contratos firmados por el Ministerio de Sanidad  duarante esta crisis. 

Tras este formulismo inicial, aunque indispensable para saber quiénes son los responsables del contrato, asoma el texto: “Acuerdan formalizar este contrato de...”,  un hecho que precisamente es la parte que legaliza el acto.

Los acuerdos a los que llegan las partes contratantes se señalan en unas cláusulas donde consta, en el presente caso, cuál es el suministro a realizar, los plazos para su ejecución, albaranes, el importe. Todo muy meticuloso, quedando todo atado y bien atado, como no puede ser de otra manera en un documnto oficial.

Por último el contrato se firma por duplicado y finaliza con el texto “en prueba de conformidad, las partes firman...” estampando su firma ambos responsables del mismo.

Pero mientras que una parte importante de los contratos oficiales del Ministerio de Sanidad se ajustan a la legalidad, al utilizarse el formato anteriormente expuesto, hemos observado que hasta en otros 14 se ha eludido, de manera alevosa, toda la información de la parte contratada, limitándose en el documento contractual a conocer solamente el nombre de la sociedad, normalmente radicada en  China, como ha publicado en exclusiva elcierredigital.com

Nuevas irregularidades

Casualmente, o no tanto, será la investigación de la Fiscalía Anticorrupción la que determine la calificación jurídica, en estos supuestos catorce contratos incompletos que hemos publicado en elcierredigital.com, los más voluminosos económicamente hablando, se han alcanzado de una manera supuestamente sospechosa muchos cientos de millones de euros, quizá de plusvalía.

Pero hay mucho más. No existe contrato, o al menos no se nos ha expuesto oficialmente a los ciudadanos interesados, como debe ser público. Así aparece en la Plataforma de Contratación del Estado una MEMORIA JUSTIFICATIVA de tres páginas, que a continuación exponemos y que nada tiene que ver con un documento contractual, donde en los supuestos catorce contratos insertan la misma literatura, diferenciándose entre ellos, únicamente, en el apartado JUSTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO.

En este supuesto documento contractual con un importe de 196.580.196,78 euros, un montante muy próximo a los doscientos millones de euros, solo conocemos el nombre del adjudicatario. No existe ninguna firma, no conocemos quién es el representante legal, ni existe ningún dato del contacto,

Según los expertos consultados por elcierredigital.com, "dadas estas carencias inauditas en un contrato público del Estado ya no nos extraña que cuando en el Boletón Oficial del Estado se publica la adjudicación se señale la dirección y la localidad de la empresa como DESCONOCIDA, aunque cometan el error de señalar que el país del adjudicatario es ESPAÑA".

Estos expertos señalan que "solo esperamos que si queda alguna dignidad en el Ministerio de  Sanidad  den el nombre de una vez a la ciudadanía del empresario español que intermedia con China y que es el verdadero firmante del contrato que se nos ha  usurpado".

Se amplia la denuncia ante Anticorrupción

Desde el pasado jueves obra en poder de la Fiscalía Anticorrupción una denuncia por la compra de material sanitario en China por precios superiores a los que se ofrecen en España.

La denuncia, que obra en nuestro poder, se hace eco expreso de las informaciones publicadas por nuestro periódico, donde se contaba que el Gobierno de España realizó compras de material sanitario en China por precios superiores a los que ofrecen las empresas españolas, tal y como ya informamos en elcierredigital.com. De esta manera, el Ejecutivo de Pedro Sánchez efectuó la compra en China de guantes y gel por seis millones de euros de más de su valor en España, como también de batas por un ocho mil por ciento de plusvalía en relación a las ofrecidas por empresas en España.

Alfonso Jiménez Palacios, director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa).

De este modo, han denunciado al presidente Pedro Sánchez, al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y al director de Ingesa, Alfonso María Jiménez Palacios, por los posibles delitos de prevaricación de los funcionarios públicos y otros comportamientos injustos, de malversación, de fraudes y exacciones ilegales y de corrupción en las transacciones comerciales internacionales.

Ahora, tras las nuevas publicaciones de elcierredigital.com respecto a la poca transparencia en el BOE de las contrataciones de empresas supuestamente extranjeras para el suministro de diferentes productos sanitarios, la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción se va a ampliar este lunes día 4 de mayo.

Las nuevas revelaciones de nuestro periódico señalan que el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) dependiente del Ministerio de Sanidad, de Salvador Illa, ha adjudicado contratos poco transparentes a empresas para el suministro de material sanitario publicadas en el BOE.

De este modo, nustrsa investigaciones han podido comprobar que, al menos, existen catorce contratos que figuran sin dirección alguna de la empresa adjudicataria del contrato oficial del Ministerio de Sanidad. Uno es el suministro de un millón de hisopos adjudicado como publicamos por un cuantioso importe a la compañia MJ Steps, curiosamente un "establecimiento permanente de entidad no residente" con matriz en Suiza, según el Registro Mercantil español. Los expertos consultados afirman que "no publicar la dirección de la empresa va contra las normas de transparencia".