La Fiscalía mantiene la acusación contra el excomisario Villarejo por treinta y un delitos en dieciséis causas abiertas hasta la fecha

El pasado 24 de octubre el juez Manuel García Castellón del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional tomó declaración al excomisario José Manuel Villarejo, que pronto cumplirá dos años en la prisión madrileña de Estremera, para decidir si prorrogaba o no la prisión sin fianza.

Los argumentos de la Fiscalía fueron tenidos en cuenta por el juez en su auto del día 25 donde decidía extender la medida de prisión hasta que se investiguen todas las causas y exponía como causas principales el riesgo de fuga, la alteración o destrucción de pruebas y el riego de reiteración delictiva.

Sobre la primera causa dice el auto de García Castellón que es necesario "asegurar la presencia del imputado en el proceso cuando pueda inferirse racionalmente un riesgo de fuga", una probabilidad no descartada por el juez debido a las herramientas y recursos con los que todavía contaría el excomisario Villarejo.

Respecto a la posible alteración de pruebas sostiene el auto que existen varias comisiones rogatorias enviadas a diferentes lugares del mundo y que están todavía sin resolver y por tanto la libertad del imputado podría contribuir a la alteración o destrucción de estas pruebas que todavía no se habrían obtenido. Para justificar la "reiteración delictiva" el juez razona que es el propio Villarejo quien reconoce en una grabación tener copia de todo el material informático requisado a buen recaudo y que, por tanto, pudiera hacer uso de ello si se encontrase en libertad.

José Manuel Villarejo durante una entrevista en televisión.

El auto hace una recopilación de toda la investigación que llevó al excomisario a prisión como la causa inicial denominada Tandem, o el caso King, por el que Villarejo habría recibido en 2012 el encargo de "clientes extranjeros" de investigar asuntos relacionados con Guinea Ecuatorial por el que habría cobrado 5,3 millones de euros.

Esa investigación derivó en un total de 15 piezas separadas de la primera original, denominadas Iron, Pit, Pintor o Land, entre otras. A consecuencia de esta actuación judicial se registró la sede de Grupo Cenyt el 6 de noviembre de 2017, donde la Policía se incautó de numerosa documentación en varios soportes, tanto de papel como digital. El juez decretó el ingreso en prisión del excomisario Villarejo, que se había jubilado en 2016.

Respaldo de los gobiernos

Durante la vista para prorrogar la prisión José Manuel Villarejo argumentó que a lo largo de su vida profesional siempre actuó con el respaldo de los distintos gobiernos y para prestar "un servicio a España". Además, el comisario, que padece una hipertensión crónica, dijo que desea poder defenderse en libertad.

Su abogado, Antonio José García Cabrera, pidió al magistrado la adopción de medidas cautelares menos gravosas contra su cliente como la obligación de comparecer de forma diaria en la comisaría o juzgado más cercanos a su domicilio o la retirada del pasaporte. Además, ha pedido que, como medidas subsidiarias, se le pueda implantar una pulsera telemática para controlar sus movimientos o se acuerde incluso su arresto domiciliario. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción se opuso de nuevo a la excarcelación del expolicía alegando las cuestiones ya relatadas.

Por su parte, debido a su delicado estado de salud -el policía tenía 22,12 de tensión- el instructor del denominado caso Tándem decidió posponer a otro día la declaración que tenía prevista celebrar en el marco de la pieza Land donde se investigan el encargo que, supuestamente, los dueños de la urbanización de lujo La Finca, en Pozuelo de Alarcón (Madrid), la familia Cereceda encargó a Villarejo en el año 2013.