Las regularizaciones ante Hacienda no eximirían al Emérito de un supuesto delito fiscal

Hace ya más de un año desde que la Fiscalía del Tribunal Supremo asumiera la primera de las tres investigaciones que afectan a Juan Carlos I, que acabó por abandonar España rumbo Abu Dabi para, tal y como se desprendía del comunicado que emitió la Casa Real, no seguir dañando a la institución monárquica. Lo hizo con el título de emérito, bajo la sombra de sus cuentas en paraísos fiscales y de los escándalos sobre sus aventuras extraconyugales. Su exilio voluntario en la isla de Zaya Nurai, no acalla, sin embargo, la polémica de estas supuestas irregularidades.

Tampoco sus regularizaciones ante Hacienda aplacan las dudas. Un movimiento que, a raíz de las últimas informaciones, parece, según los expertos, "destinado a evitar una posible imputación". 

Y es que, según adelanta El País, la Fiscalía del Tribunal Supremo notificó a Juan Carlos I la apertura de diligencias relativas a su fortuna hasta en tres ocasiones: en junio, en noviembre y en diciembre de 2020. De este modo, los dos primeros avisos se produjeron antes de que regularizase casi 700.000 euros mediante una declaración voluntaria. La tercera, antes de que regularizase 4,4 millones de euros en febrero de 2021. Según el citado medio, todas las notificaciones llegaron a la defensa del Emérito, que ejerce el despacho de Javier Sánchez Junco, y en ellas se le invitaba a personarse. 

Así, y según el artículo 305.4 del Código Penal, que dice expresamente que se considerará regularizada la situación tributaria cuando se haya procedido al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria "antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias", las regularizaciones hasta ahora acometidas por Juan Carlos I podrían no ajustarse a derecho. No obstante, este aspecto deberá ser valorado por la Fiscalía, a efectos de anular el presunto delito fiscal.

Tres investigaciones en curso 

 Al Rey Emérito se le investiga por tres causas. La primera, iniciada a finales de 2019, indaga los gastos que, entre 2016 y 2018, realizaron presuntamente Juan Carlos I y algunos miembros de la Familia Real con tarjetas opacas nutridas con dinero del empresario mexicano Sanginés-Krause. La segunda, cuyas diligencias se abrieron el 8 de junio de 2020, el supuesto cobro de una comisión de 65 millones de euros por la adjudicación a doce empresas españolas de la construcción del AVE a la Meca en 2012. La tercera, anunciada el 6 de noviembre de 2020, por un posible entramado financiero en la Isla de Jersey.

Ninguna de ellas está todavía judicializada, aunque sí comienzan a conocerse los primeros detalles. 

Sin ir más lejos, hace unas semanas El Mundo adelantaba el contenido de la comisión rogatoria trasladada en febrero por el teniente fiscal del Alto Tribunal a la Oficina Federal de Justicia de Suiza, un documento que sostiene que, por primera vez, el Ministerio público dispone de elementos para sospechar que la fortuna oculta de Don Juan Carlos habría sido amasada mediante "comisiones y otras prestaciones de carácter similar en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales".

De este modo, tal y como recoge el citado medio, el fiscal pide a las autoridades helvéticas la información de todas las cuentas suizas de la Fundación Zagatka, presidida por Álvaro de Orleáns -primo del Rey Emérito-, entre los ejercicios 2016 y 2019. La Fiscalía asegura, asimismo, que cuenta con "elementos indiciarios de que los fondos que son objeto de investigación" proceden de esta actividad ilícita, por la que el Rey podría haber incurrido en cuatro delitos: "Blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública, cohecho y tráfico de influencias".

El Rey Juan Carlos. 

No obstante, la Fiscalía del Tribunal Supremo, a través de un comunicado, puso prudencia a las conclusiones sobre el futuro judicial de Juan Carlos I, indicando que "la solicitud de cualquier asistencia judicial internacional exige necesariamente detallar todos aquellos indicios de criminalidad disponibles por la autoridad requirente, acompañados de una inicial y provisional calificación jurídica de los hechos sobre los que se fundamenta la petición, respetando así las formalidades requeridas por la normativa en materia de cooperación internacional".

Esto supone que con la comisión rogatoria "no estamos ante un dictamen, petición de procesamiento o conclusiones del fiscal, sino en el marco de una solicitud de información, en la que simplemente se detallan los posibles ilícitos que son objeto de investigación".